Begoña Gómez vuelve este viernes a verse ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, quien la interrogará en relación con las denuncias que han ido presentando en su contra las distintas acusaciones populares personadas. Será un buen momento para que el magistrado concrete por qué está imputada la esposa del presidente del Gobierno, cuya primera comparecencia, prevista para el pasado día 5, tuvo que suspenderse hasta este viernes al manifestar la investigada que desconocía una de las querellas incorporadas a la causa. En cualquier caso será una oportunidad para que Gómez pueda aclarar, si el juez lo considera oportuno, las cinco incógnitas que dejan las informaciones publicadas en las que se basan las organizaciones que la acusan, que son Vox, Hazte Oír.Org, Manos Limpias, MRPE e Iustitia Europa.
De qué se la acusa
La defensa y el magistrado mantienen una lucha tácita sobre el ámbito de la causa. El juez ha ido admitido denuncias y querellas de las acusaciones, que van desde la denuncia inicial de Manos Limpias, hecha con recortes de prensa, hasta el informe remitido por la Universidad Complutense de Madrid por si ha sufrido algún perjuicio en su patrimonio en el caso de que Gómez se hiciera con la titularidad del software relacionado con el Máster de Transformación Digital que impartía desde su Cátedra.
Este mismo jueves su abogado, el exfiscal y exministro del Interior Antonio Camacho, ha presentado un escrito en el que denuncia que el juez no puede interrogar a los vicerrectores de la universidad que están citados como testigos también para este viernes, porque estos hechos, sostiene, no forman parte de la causa.
Cartas de recomendación
Si el juez lo admite, Begoña Gómez tendrá que aclarar por qué recomendó a la empresa pública Red.es la UTE compuesta por la empresa Innova Next, del empresario Juan Carlos Barrabés. Un informe reciente de la UCO de la Guardia Civil analiza seis de los contratos públicos de los que se benefició Barrabés, que fueron adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la mencionada Red.es.
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla por el caso Begoña, a 15 de julio de 2024, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez – Europa Press
En todos los casos analizados, la UCO concluye que las adjudicaciones se realizaron «aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. Sin embargo, el oficio policial pone de manifiesto la relevancia que tuvieron los criterios de carácter subjetivo a la hora de conceder Red.es un contrato de 2,3 millones de euros. Otros dos contratos, también de la misma empresa pública, los investiga la Fiscalía Europea.
Precisamente la defensa de Begoña Gómez se remite a un auto del propio Peinado en el que señalaba que «los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados, a la UTE, constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Europea».
Ello significa, prosigue el abogado defensor, que los contratos contenidos en la denuncia original, relativos al grupo empresarial que dirige Juan Carlos Barrabés, con «la Empresa Pública Red.es, por valor de 5.800.000 euros, ganando a ofertas económicas más atractivas», y por 4.400.000 «de fondos europeos con la misma recomendación de Begoña Gómez», deberían quedar fuera del interrogatorio.
El software de la Complutense
Otra incógnita que deberá aclarar, en relación a la Universidad Complutense, es por qué reclamó fondos a grandes empresas, como es el caso de Google, Telefónica o Indra, para crear el software y financiar el máster de la Cátedra de la que es codirectora.
La UCM informó al juez Peinado de que Begoña Gómez y el otro codirector de la Cátedra, José Manuel Ruano de la Fuente, no han colaborado en su investigación interna. Por eso le adelanta que si encontrara indicios de que la mujer del presidente del Gobierno ha cometido una «apropiación indebida» del software universitario, tratará de personarse como perjudicada.
Las cartas de recomendación a Barrabés que figuraban en la denuncia original fueron enviadas desde la Cátedra que dirigía en la universidad madrileña, que ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 41 un informe en el que señala que la Oficina Española de Patentes y Marcas le informó de que Begoña Gómez tenía a su nombre dos marcas, cuya existencia la UCM dice que desconocía «hasta la publicación por los medios de informaciones referidas» sobre la empresa Transforma TSC SL.
La UCM, que intentó personarse sin éxito en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, adivirtió en un informe que Begoña Gómez se saltó los controles de la Intervención de esta Universidad a la hora de adjudicar varios contratos.
Por ello, este centro docente ha remitido al juez una copia del convenio suscrito en virtud del cual se crea la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva y de la factura presentada por la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para dicha cátedra por 24.200 euros.
También ha entregado un contrato menor por 18.148 euros para el ‘Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva» y el procedimiento abierto simplificado cuyo objeto fue la asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa, que se adjudicó por 60.500 euros.
El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca
Inmark
Begoña Gómez deberá aclarar los hechos que le atribuye una ampliación de querella presentada por Hazte Oír, que fue aceptada por el juez, en la que solicita indagar en las subvenciones estatales por valor de hasta 8 millones de euros que ha obtenido desde 2020 Inmark, una empresa multiservicio a la que estuvo ligada Gómez como directora de consultoría hasta que se acogió a una excedencia después de que su esposo llegara a la Moncloa en julio de 2018.
Hazte Oír cifra las ayudas públicas recibidas por Inmark en 24 millones en subvenciones desde 2020, de los que 8 millones provienen del Estado y 6 de ellos se recibieron a lo largo de 2023, «una cifra anormal si consideramos convocatorias y años anteriores», agrega la ampliación de querella. Subraya especialmente una subvención de 138.000 euros que tenía por objeto empresas solventes, cuando las cuentas arrojan que no se han obtenido beneficios desde 2018.
En escritos anteriores, ya aludía a 765.000 euros adjudicados a Inmark en dos adjudicaciones públicas. Una de Red.es en septiembre de 2018, por valor de 750.200 euros y de 14.875 euros por la Dirección General de Política Comercial y Competitividad, dependiente del Ministerio de Industria.
Globalia
Begoña Gómez también será interpelada sobre sus supuestas gestiones para que Air Europa obtuviera más de 615 millones de euros de ayudas públicas. En concreto, el magistrado ha reclamado a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) que le facilite «los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto» de las ayudas concedidas a la aerolínea.
Las acusaciones, como Hazte Oír, le han pedido que cite a declarar como testigo al que fuera CEO de Globalia Javier Hidalgo, a quien señaló en su querella inicial por sus encuentros con Gómez en relación con una presunta agilización del rescate a Air Europa tras la pandemia.
Instituto de Empresa
Hazte Oír pretende conocer el motivo por el que la mujer de Pedro Sánchez, que no tiene estudios universitarios, fue contratada por el África Center, dependiente del Instituto de Empresa, y qué relación tuvo con ella la firma Wakalua, que fue promovida por el ex consejero delegado (CEO) de Air Europa Javier Hidalgo y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili. En esta empresa también participó Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas recomendó en concursos públicos Begoña Gómez.
Por eso Hazte Oír ha pedido al juez que tome declaración a Leticia Lauffer, exresponsable de Wakalua, el Hub de Innovación turística vinculado al grupo Globalia, por el contrato firmado con el África Center que Gómez dirigía dentro del Instituto de Empresa.
Por eso, Hazte Oír ha reclamado la citación como testigo de Zurab Pololikashvili. La acusación se basa en distintas informaciones, entre ellas una de El Confidencial titulada ‘Air Europa pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de Begoña Gómez antes del rescate’. Sin embargo, Wakalua solo abonó 1.700 euros de los fondos comprometidos.
