La presentación en el Congreso de los Diputados, en una sesión bronca, del Plan para la Acción Democrática por parte del presidente del Gobierno supone un antes y un después de la legislatura en cuanto a voluntad de limitar el ejercicio de los contrapesos del poder en la democracia. Con la excusa de trasponer el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, Pedro Sánchez ha hablado de “limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios de comunicación”, de un mayor control de la publicidad institucional sometida a criterios de transparencia empresarial de los medios y a una serie de condiciones referidas a las prácticas deontológicas. Lo que no es aceptable es la regulación de la información, que es un derecho básico de los ciudadanos. Los gobiernos no son quienes deben decir qué es un bulo y qué no lo es. Son los profesionales, en cumplimiento de sus códigos deontológicos, los que deben trabajar según el mandato constitucional al servicio del interés público. Cualquier intervención en este sentido es un tic autoritario, por más que Sánchez quiera inyectar 100 millones a los medios digitales para tenerles controlados.
Además, la propuesta de derogación parcial de la mal llamada Ley Mordaza para que se despenalicen las injurias a la Corona y la modificación del Código Penal para que ya no sean delitos las ofensas a los sentimientos religiosos es una claudicación ante la izquierda radical de Podemos. Significa instaurar el todo vale y sin límites en el respeto institucional y a las creencias de los ciudadanos.
