«Señor Feijóo, antes de valorar qué hace con respecto a la reforma de la ley de extranjería, venga a un centro de menores y mire a los ojos a uno de los niños que están solos y en situación de desamparo». Este fue el órdago que le lanzó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al líder del Partido Popular, minutos antes de iniciarse la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebra esta tarde en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Tenerife. El objetivo del encuentro es dar a conocer a las comunidades autónomas el texto pactado entre el Estado y Canarias para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, que permitirá el reparto obligatorio de los menores migrantes cuando el sistema de acogida de una comunidad esté al 150% de su capacidad.
«No sabemos qué PP nos vamos a encontrar, porque en muy poco tiempo hemos encontrado cambios de posición significativos», destacó la ministra, quien ha afeado que ningún representante de las comunidades gobernadas por el Partido Popular haya participado en la visita previa a un centro de menores. Rego añadió que la reforma legal es una medida que da respuesta a un fenómeno «dinámico y estructural». A su juicio, la solución al problema de la migración debe estar «basada en los Derechos Humanos». La propuesta que trae el Gobierno de España es para «trabajar en coordinación con las comunidades autónomas.
La ministra aspira a lograr un acuerdo para poder dar «una solución constante» y con «suficiencia financiera, sostenida en el tiempo», para dimensionar los servicios públicos con «solidaridad territorial». «Los niños llegan a España, no podemos dejar atrás a ningún niño, porque es una cuestión de derechos humanos, y no podemos dejar atrás a ningún territorio», ha sentenciado Rego, quien reiteró que «Canarias no se puede hacer cargo de un fenómeno como este en solitario».
El consejero de Derechos Sociales de la Generalitat catalana, Carles Campuzano, ha dicho a su llegada a la conferencia sectorial de infancia que se celebra en Tenerife que el Govern no aceptará la reforma de la ley de extranjería. Campuzano ha asegurado que Cataluña se solidariza con Canarias, pero precisó que la cuestión de los niños migrantes no puede consistir «en trasladar los problemas de un sitio a otro».
“El Govern no puede avalar esta reforma”, ha subrayado Campuzano, que ha asegurado que a Cataluña están llegando migrantes procedentes de Canarias que se suponen mayores de edad y que resultan ser menores. «Estamos dispuestos a ayudar a Canarias, pero de forma seria”, ha aseverado el consejero.
Además, el representante de la Generalitat se ha quejado de que las comunidades estén asumiendo un gasto por la atención de migrantes que en realidad le correspondería al Estado. «En año y medio nos han llegado 800 menores, 200 la semana pasada”, ha agregado.
A la cita han acudido los consejeros de Derechos Sociales de Castilla y León, Extremadura y Murcia, gobernadas por el Partido Popular en coalición con Vox, Andalucía (PP), Cataluña (ERC), Castilla-La Mancha (PSOE) y Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo Navarra). En la reunión también participan el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y coordinador del Comité Interministerial de Migraciones, Ángel Víctor Torres. Ambos fueron los interlocutores de las negociaciones bilaterales para definir el nuevo texto legal
Además de poner en común la propuesta para modificar la ley de extranjería, el segundo punto del orden del día es la aprobación de la derivación voluntaria de los 400 jóvenes que corresponden al cupo de 2024. Estos traslados, basados en la solidaridad interterritorial, solo han sacado a 32 menores de Canarias en los últimos diez meses (16 a Asturias y 16 a Aragón), que correspondían a los 339 del cupo pactado en 2023.
El reparto voluntario de este año quedó bloqueado en la reunión de la sectorial del mes pasado, después de que Torres anunciara que había alcanzado un acuerdo con Canarias horas antes de arrancar la cita. Esta información agitó a las comunidades autónomas, que prefirieron esperar a conocer los términos del acuerdo antes de aceptar la acogida de más menores. Por último, los consejeros del ramo abordarán la puesta en marcha de un grupo de trabajo para la atención de la infancia migrante.