La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García, ha confirmado este miércoles que su comunidad autónoma va a acoger a 30 menores migrantes no acompañados dentro del cupo solidario de 2024 si bien ha cargado contra el Gobierno central por su «imposición».
En declaraciones a los periodistas a la salida de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia ha pedido a los ministros Sira Rego y Ángel Víctor Torres que sean «consecuentes» y no digan en público que la responsabilidad de la reforma de la ley de extranjería es de las comunidades y en privado que no son competentes.
García ha apuntado que se vive una «tragedia humanitaria» y por ello Extremadura es «solidaria» y no puede asistir «impasible», pero rechaza un reparto «impuesto». «Estamos a favor del diálogo y del consenso, nunca de la imposición ni de la singularidad», ha explicado.
Además, ha pedido «responsabilidades» al Gobierno en cuestión de política migratoria efectiva y en la consignación presupuestaria. Porque, miren, a día de hoy la consignación presupuestaria, subrayando que, por ejemplo, Extremadura cuenta con 38 menores migrantes bajo tutela enviados como mayores de edad y que luego son menores, según las pruebas de Fiscalía.
«Exigimos que sean reconocidos porque son menores en igualdad de condiciones que los menores que llegan como tal y no como adultos en este caso», ha comentado.
García ha justificado su ausencia en una visita a un centro de menores en Tenerife invitando a los ministros a un albergue en Mérida con capacidad para casi 1.000 migrantes, y les ha afeado también que se levantaran de la mesa de la conferencia para comparecer ante los medios de comunicación. «Seriedad, respeto y lealtad institucional en Extremadura siempre la tendrán, pero se trata de vidas humanas», ha comentado.
