Más de 1,8 millones de españoles con movilidad reducida necesitan de la ayuda de otra persona para salir de su casa, alrededor de 100.000 personas no pueden hacerlo nunca porque no disponen de esta ayuda y miles de personas se ven obligadas a la institucionalización ante la falta de «una vivienda digna y accesible». Lo denuncia la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) que, tras el anuncio por parte del Gobierno de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para abordar la problemática de los pisos turísticos, pide por carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que esa reforma para eliminar las restricciones actuales que «impiden realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas«.
La realidad que describe la entidad es que una cuarta parte de las personas con discapacidad se han visto obligadas a abandonar su casa por falta de accesibilidad y buscar otra alternativa habitacional ante esta «vulneración flagrante de su derecho a una vivienda adecuada» y que el parque de viviendas accesibles de nuestro país es «escaso y con precios elevados».
Comunidades inaccesibles
«Todavía existen innumerables comunidades de vecinos inaccesibles debido a la actual Ley de Propiedad Horizontal, en la que existen resquicios legales que utilizan las comunidades de propietarios para no ejecutar las intervenciones necesarias, amparándose en un coste excesivo», afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Queiruga recuerda que la entidad lleva «muchos años solicitando al Gobierno la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para evitar estas situaciones, en las que, por otro lado, se deja en manos y se responsabiliza a las comunidades en este tipo de obras».
Instalación de ascensores
Esta ley plantea que tendrá carácter obligatorio la realización de obras para garantizar la accesibilidad universal siempre que el importe repercutido no suponga «una carga desproporcionada», es decir, que no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, lo cual, provoca, según la Confederación, que obras como la instalación de ascensores no sean de carácter obligatorio al superar, generalmente, estas 12 mensualidades.
También desde 2019 sería obligatorio si, con ayudas públicas, se sufraga el 75% del importe de las mismas. Esas ayudas públicas solo las reciben el 10% de las comunidades que deciden llevarlas a cabo, por lo tanto, en muchas ocasiones las comunidades de vecinos no hacen frente a las obras de accesibilidad al no ser obligatorias y carecer de financiación suficiente, añade la entidad.
Propiedad Horizontal
A pesar de las diferentes modificaciones realizadas en la Ley de Propiedad Horizontal para avanzar en la accesibilidad en los edificios de viviendas, sigue sin solventarse el problema, puesto que sigue sin ser obligatorio afrontar estas obras por la comunidad en todos los casos y continúa recayendo sobre la ciudadanía la responsabilidad de garantizar este derecho.
La entidad recuerda su «demanda histórica» para que los costes de obras donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos por las comunidades
La entidad considera que la modificación prevista de la Ley de Propiedad Horizontal en relación a los pisos turísticos anunciada por el Gobierno debe ir acompañada de la «demanda histórica» del movimiento asociativo de la discapacidad para que los costes de obras y actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de los edificios residenciales donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos en su integridad por las propias comunidades vecinales, habilitando ayudas públicas suficientes cuando sea preciso para que el esfuerzo económico sea llevadero para las comunidades de propietarias y para las residentes de estas.
Un fondo estatal
COCEMFE propone crear por Ley un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, nutrido del 1 % de lo que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinen anualmente a inversiones «en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información».
Con este fondo, concluyen, se financiarían programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español y las administraciones estatales, autonómicas y locales podrían establecer ayudas específicas para que todas las comunidades de vecinos puedan afrontar las actuaciones necesarias relacionadas con la accesibilidad de los edificios.
