Al bloque de la investidura se le han visto las costuras en más ocasiones de las que al Gobierno le gustaría admitir. El ciclo electoral, el escaso diálogo entre el PSOE y sus socios y, en la última semana, el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han hecho mella en la relación entre los socialistas y sus aliados parlamentarios. Pequeñas fracturas que el PP lleva meses aprovechando para sembrar cizaña con iniciativas que dividen al bloque progresista. En esa línea, los populares han registrado una proposición de ley para que el Ejecutivo esté obligado a recabar el apoyo del Congreso para enviar armas al extranjero, algo que le han exigido la mayoría de socios en el caso de Ucrania y a lo que el Gobierno se ha negado en rotundo.
«El compromiso de apoyo militar [a Ucrania] para 2024 será de 1.000 millones de euros«, anunció Pedro Sánchez a finales de mayo durante la visita a España del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La noticia no tuvo una buena acogida entre sus socios parlamentarios. Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, denunció la «falta de transparencia» con la que se había llevado el acuerdo y su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó que se debatiera en el Congreso.
ERC, EH Bildu, Podemos y BNG fueron más allá y plantaron a Zelenski en su visita al Congreso a modo de protesta. Parte del malestar se debió a que el Gobierno tomara la decisión sin consultarlo con la Cámara Baja. Y no es la primera vez que esto ocurre. En marzo de 2022, Sánchez también tensó las relaciones con sus socios al anunciar el envío a Ucrania de «material militar ofensivo». En aquel momento y durante los meses siguientes Unidas Podemos, ERC y EH Bildu ya reclamaron que fuese obligatorio la aprobación por parte del Congreso.
La estrategia popular
El Gobierno siempre defendió que este envío se hacía bajo el paraguas de la OTAN y de convenios ya aprobados. Hace un mes, con el envío de armas por 1.000 millones, el propio Sánchez defendió que se trataba de un «memorándum de entendimiento» y no de «un tratado internacional» y que, por tanto, no era necesario llevarlo al Congreso. El PP ha visto en estas discrepancias una nueva brecha por la que colarse y torpedear la unidad del bloque de la investidura. Para ello, han registrado una iniciativa para reformar la ley de Defensa Nacional, de tal forma que el Gobierno deba recabar la autorización de la Cámara Baja «para el envío de material militar a una zona de guerra». Además, plantean que el Ejecutivo tenga que consultar al Congreso sobre los envíos ya comprometidos.
Por otro lado, proponen que la autorización que el Congreso debe dar a la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional tenga una caducidad de cinco años y que esta deba ser renovada por la Cámara Baja para el mismo periodo.
En el momento en el que se reanude el curso político, ya en septiembre, y el PP lleve a debate esta iniciativa, lo más seguro es que se vuelva a fragmentar el bloque de la investidura y los socios respalden la iniciativa. En los últimos meses, ya ha ocurrido en varias ocasiones que casi todos los aliados del Ejecutivo han abandonado al PSOE en cuestiones de política internacional, principalmente relativas al Sáhara Occidental.
