Retrasos en el Plan Viena. El plan de colaboración público-privada impulsado por la Sareb y en el que buscará asociarse con inversores privados para construir entre 10.000 y 15.000 viviendas destinadas al alquiler asequible sobre suelos de la entidad acumula más de medio año de retraso por la falta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entre otros puntos, según confirman tres fuentes del mercado inmobiliario conocedoras de la situación a ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica.
Sareb está participado mayoritariamente por el Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), un organismo dependiente de la cartera liderada por Carlos Cuerpo. Sin embargo, las competencias nacionales de vivienda recaen sobre el ministerio dirigido por Isabel Rodríguez, que ha pedido llevar la voz cantante en este programa para aumentar el parque de vivienda social y asequible en España, una de las principales competencias y promesas del ministerio.
Casi dos años han pasado desde que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, el ‘banco malo’ creado por el Estado para rescatar a las quebradas cajas de ahorros, adjudicó por casi 238.000 euros a la consultora PwC la elaboración de los pliegos del Plan Viena y el inicio de una ronda con inversores para detectar el potencial interés en un programa de estas características.
El nombramiento de Carlos Cuerpo
Todas las fuentes consultadas confirman, incluidas otras externas al mercado inmobiliario, que la intención era publicar los pliegos del plan durante las primeras semanas de 2024. Sin embargo, en un primer momento, la salida de Nadia Calviño de Economía y el nombramiento de Carlos Cuerpo ralentizó los plazos. Paula Conthe (entonces presidenta del Frob) ascendió a secretaria del Tesoro, teniendo que nombrar un nuevo presidente del órgano que lidera el Consejo de Administración de Sareb, que fue ocupado por Álvaro López Barceló.
Para salir adelante el Plan Viena requiere que el Consejo de Sareb de su aprobación y, por lo tanto, el visto bueno de López Barceló. Sin embargo, una vez conocido y entendido el plan, el cual está ya redactado (incluso ha circulado entre los potenciales inversores un borrador de los pliegos) aún no ha sido llevado como punto del día a ninguna de las reuniones, tampoco en la de junio, que se celebrará en los próximos días.
La lucha por abanderar el plan
De acuerdo a la información que manejan por potenciales inversores, la ralentización en este punto se debe a una lucha entre los dos ministerios por ver quién encabeza el plan. Por un lado, Sareb depende de Economía, pero Vivienda es el encargado de diseñar y ejecutar la política de vivienda estatal. «Es un problema interno de ellos», comenta una de las fuentes, que da por imposible su puesta en marcha antes de verano: «No será antes de septiembre».
En la presentación de sus resultados anuales, celebrada en abril, Sareb confirmó que estaba todo listo para comenzar. Su presidente, Javier Torres, señaló: «Ya hemos redactado los pliegos de condiciones y hemos contactado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y con potenciales interesados en participar. El plan está en una fase muy avanzada, que nos va a permitir lanzar próximamente la licitación. La primera fase serán 43 promociones que sumarán 3.500 viviendas y supondrán una inversión de 400 millones de euros». Sin embargo, dos meses más tarde, todo sigue en el mismo punto.
Dos fuentes financieras conocedoras del proceso aseguran que se sigue «trabajando en la documentación», aunque desde Sareb, preguntados por este periódico, explican que únicamente falta por fijar el perfil de los inquilinos que pueden beneficiarse de las futuras viviendas. Este es un punto menor dentro de un plan de semejante envergadura y más cuando ya hay sobre la mesa un borrador del pliego de condiciones.
Otra fuente inmobiliaria consultada apunta a que el Plan Viena podría estar en punto de «restructuración», con el fin de decidir «quién lleva la voz cantante». Aquí entra en juego entidad estatal de suelo Sepes, la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda que está llamada a ser el garante del acceso a la vivienda, en palabras de Isabel Rodríguez. Esta sociedad está impulsando numerosos desarrollos de suelo donde construir vivienda pública en diferentes zonas del país, en planes similares al que va a lanzar Sareb. Esto contrasta con la situación del ‘banco malo’, cuya normativa, hasta el momento, le obliga a disolverse antes de 2027. «Tiene sentido que este plan se articule desde Sepes, que quiere crear una estructura que perviva en los próximos años, al contrario que Sareb, que no es ni siquiera una sociedad estatal», comenta.
Aunque se decida en el seno del Consejo de Ministros que el Plan Viena lo lidere el Ministerio de Vivienda, esto no será sencillo. Sareb está obligado a maximizar el precio de sus activos para proceder a su venta y recaudar el máximo posible, con el fin de responder a su deuda, que está avalada por el Estado. En la práctica, esto significa que no puede ‘regalar’ los suelos del programa a Sepes, ni a Vivienda, sino que tendría que articularse el traspaso a través de una venta, la cual exigiría reservar una partida presupuestaria a Isabel Rodríguez.
Por último, Sareb, a pesar de que más de la mitad del accionariado está controlado por el Frob, es una de las pocas empresas públicas en las que el actual Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, no ha modificado el equipo directivo, sino que está conformado por funcionarios de carrera con experiencia en el sector privado: el presidente, Javier Torres, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ocupó altos cargos durante 30 años en Banco Santander y fue miembro del Comité de Dirección del FROB; mientras Leopoldo Puig, el consejero delegado, ha trabajado durante más de veinte años como Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España y como director Financiero y de Entidades Participadas del FROB.
