Unicef y Save the Children exigen una respuesta rápida al colapso del sistema de acogida de menores de Canarias. Ambas entidades humanitarias coinciden en la necesidad de despolitizar la búsqueda de una solución e instan a los representantes públicos a poner en el centro del debate la vida de los niños y jóvenes que han migrado sin el apoyo de un familiar adulto.
En las Islas hay 5.645 menores bajo la tutela del Gobierno autonómico, una situación que Sara Casero, técnica de Políticas de Infancia de Unicef en Canarias, califica como «insostenible». Con estas cifras, asegura, «es imposible» garantizar el interés superior del menor. Por esto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia apuesta por consolidar «una herramienta jurídica que acelere los traslados a otras comunidades autónomas».
La saturación de los centros de menores en el Archipiélago, que viven en una situación de emergencia desde hace meses, es «inadmisible» para Bárbara González del Río, especialista en migraciones de Save the Children, quien pide «corresponsabilidad» para el reparto, porque la atención de la infancia migrante no debe recaer solo en las regiones frontera. «La respuesta debe ser rápida, pero los cambios legislativos tienen que dar garantías», apunta González del Río.
«Detrás de las decisiones hay niños con un nombre y una historia», recuerda Rodríguez del Río
La contienda política es el principal escollo que debe superar la reforma de la ley de extranjería, que permitirá repartir a los niños de forma equitativa por todo el territorio nacional. «Deberíamos volver a colocar la narrativa sobre los menores. Que se despolitice el debate y que nos acordemos de que hablamos de niños, que son migrantes, pero sobre todo son infancia», señala Casero.
Save the Children considera que los intereses políticos «están afectando a una toma de decisión rápida y proporcionada a las necesidades de la infancia que llega por vía marítima». Rodríguez del Río recuerda que «detrás de las decisiones y de los bloqueos hay niños y niñas con un nombre, con una realidad, con una historia y con unas necesidades». Además, lamenta que la reforma legal obligue a que los sistemas de acogida lleguen a un 150% de su capacidad para activar el reparto de menores. «Hay que trabajar con un enfoque preventivo, no de emergencia», advierte.
Compromiso y solidaridad
Desde Unicef señalan la necesidad de estrechar la coordinación entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias y de reforzar las estructuras del Archipiélago, «que está viviendo una situación muy delicada y difícil de gestionar», mientras no se produzca el reparto de menores y se logre «un mayor compromiso de todas las comunidades autónomas». Además, la organización muestra su preocupación ante posibles retrasos en la escolarización o en el acceso al sistema sanitario, debido al colapso del sistema de protección de las Islas.
El 19% de las solicitudes de asilo registradas en España son de menores de edad
En lo que va de año se han producido 73.130 solicitudes de asilo en España, según datos del Ministerio de Interior. Es decir, personas que buscan ser reconocidas legalmente con el estatus de refugiadas para estar protegidas frente a la persecución y violaciones graves de derechos humanos en su país de origen. De las más de 73.000 solicitudes, 13.720 corresponden a niños y niñas –un 18,76% del total–. La mayoría proceden de Malí, Senegal y Marruecos. «Aunque no tenemos acceso a los datos desagregados por comunidades, por el volumen de entrada que tiene ahora mismo Canarias, el número de niños solicitantes de asilo en las Islas es importante», concluye González del Río.
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