A falta de que el Gobierno desarrolle su propuesta para una reforma del modelo de financiación autonómica que atienda a las “singularidades” de Cataluña, el presidente del Castilla-La Mancha ha anticipado su oposición. Durante la celebración de un acto institucional en Guadalajara, Emiliano García-Page ha advertido contra lo que calificó de “engaño” al considerar que la “singularidad” es un eufemismo de “privilegio”. “Tontos no somos en este país”, arremetió para advertir que un acuerdo como el apuntado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sería “pagar un precio demasiado caro por mantener un puesto”.
La también titular de Hacienda volvió a referirse este jueves a la posibilidad de recalcular favorablemente la financiación catalana para atender a sus especificidades por las competencias que gestiona. En materia de justicia y penitenciaria, pero principalmente por los recursos propio que destina a la política autonómica (Mossos). Una forma de compensar estas competencias propias y que encuadró dentro de una negociación multilateral en el marco de la reforma del modelo de financiación autonómica. Lo que volvió a rechazar de plano, en plenas tensiones del PSC con los independentistas por el proceso de investidura, fue la demanda de ERC para implantar una suerte de ‘cupo catalán’.
El barón díscolo puso pie en pared con su habitual discurso crítico contra cualquier acuerdo con los independentistas catalanes. “Nos jugamos los cuartos”, avisó para que calificar de ofensa esta posibilidad frente a las comunidades, dijo, que “no nos gastamos ni un solo euro en embajadas en el extranjero, estructuras para destrozar el país o propaganda para romper España”. “Solo faltaba que la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos y le llamemos singularidad”, concluyó.
El Gobierno solo sacará adelante una reforma del modelo de financiación autonómica si se llega a un consenso entre los dos principales partidos, pero por el momento y no lo hay ni siquiera dentro de los dos grandes partidos. De hecho, el pasado mes de enero, García-Page alentó un frente común con los presidentes populares de Andalucía (Juanma Moreno) Comunidad Valenciana (Carlos Marzón) y Murcia (Fernando López Miras) en materia de financiación autonómica.
En el contexto de negociaciones para una investidura en Cataluña, el Gobierno ha situado como una prioridad la condenación de la deuda. Una medida pactada en la investidura con ERC y extensible a otras comunidades autónomas. La intención pasa por acelerar los trámites y aprobar la quita a través de una ley específica al margen de las cuentas públicas, según fuentes de Moncloa. De esta forma, no habría que esperar a finales año y se podría vincular su aprobación a los tiempos para la investidura de Illa, con el plazo límite a finales de agosto. A modo de compromiso, desde Ferraz apuntan que la mesa de negociación bilateral con ERC pactada en la investidura “vamos a empezarla con la condonación de la deuda”. La quita correspondiente a este territorio ascendería a 15.000 millones de euros.
Recurso contra la amnistía
García-Page no se ha referido a la quita de la deuda, que prevé solicitar para la comunidad autónoma que preside, pero sí ha remarcado su cruzada “contra todo tipo de privilegios”. “Bastante duro es tener que pactar o tragar con la ultraderecha catalana, como para erosionar los valores progresistas”, señaló. En esta línea, el barón socialista ya anunció que solicitaría un informe al consejo consultivo de Castilla-La Mancha para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.
A pesar de que todos los diputados de la federación socialista que dirige votaron a favor de la medida de gracia durante su tramitación parlamentaria, acatando la disciplina de voto del PSOE, Page defiende que su mandato como presidente de Castilla-La Mancha es “velar por los intereses” de su región y “particularmente de nuestras competencias”. El pasado lunes recibió el visto bueno del consejo de gobierno y, según explican fuentes de su entorno, en los próximos días se activará el procedimiento para presentar el recurso al Tribunal Constitucional.
