Estaba en venta por casi medio millón de euros. Un chalet de grandes dimensiones del PAU Lledó de Castelló –con seis habitaciones y 421 metros cuadrados– es el último inmueble okupado en un barrio de alto standing aquejado de esta problemática desde hace dos años, como viene informando ampliamente Mediterráneo. Una situación que preocupa y frustra a los vecinos y que este año ya ha motivado una recogida de firmas para exigir más presencia policial.
La entrada de una familia de nacionalidad española y con varios menores de edad a su cargo la víspera del inicio de las vacaciones de Semana Santa en el citado inmueble de la calle Francisco Ruiz Cazador ha motivado que el anuncio del chalet desaparezca del portal inmobiliario en el que se anunciaba. «Al tener conocimiento de que ha sido okupada, hemos retirado el anuncio», explicó ayer a este periódico la agencia inmobiliaria encargada del inmueble, que respecto a la titularidad de la misma se limitó a confirmar que «no es de un particular».
Según fuentes vecinales consultadas por este diario, la vivienda en cuestión pertenecía a una empresa, actualmente en situación de administración concursal.
La policía no pudo desalojar al haber menores
Aunque la Policía Local y la Nacional se personaron allí tras recibir el aviso vecinal, no pudieron desalojar a los okupas al tener menores a su cargo. Al tratarse, en este caso, de una vivienda propiedad de una mercantil en administración concursal no existe un delito de allanamiento de morada.
«Hace unos ocho meses que esta casa estaba vacía La gente está asustada, de nuevo, porque ya son muchas las okupaciones y robos que viene sufriendo el barrio y los propietarios se sienten inseguros», explica uno de los residentes en la zona, tradicionalmente considerada de alto poder adquisitivo –como avalan los precios y las exclusivas construcciones del barrio–, pero seriamente afectada por la crisis de la construcción. Y es que numerosos chalets han sido embargados y han quedado deshabitados, mientras que otros han quedado inacabados.
A finales del pasado mes de enero los concejales Sergio Toledo y Antonio Ortolá acudieron a una reunioón vecinal en Lledó para abordar los últimos robos en chalets –algunos, con los moradores dentro– y recoger firmas. Aunque los ediles tomaron notas de las demandas y el sentir vecinal, los residentes dicen no haber notado excesivos cambios. «Este barrio se está echando a perder y nos sentimos indefensos y con hipotecas muy altas», insisten.
