La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha interpuesto una querella contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto por un presunto delito de revelación de secretos, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los hechos denunciados sucedieron el pasado mes de marzo cuando la Fiscalía publicó una nota informativa que daba datos sobre el correo que el fiscal del caso y el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso se habían cruzado con el objetivo de llegar a un acuerdo después de que se revelase un presunto fraude del empresario a Hacienda.

Todo comenzó por una inspección de la Agencia Tributaria a González Amador que evidenció una serie de facturas falsas y un presunto fraude a las arcas públicas de 350.000 euros. Este asunto fue judicializado y está ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que desde el pasado 20 de marzo inició unas diligencias penales por delitos fiscales y falsedad documental.

Pero el tema ha traído una segunda derivada a cuenta de los correos que saltaron a la prensa sobre un pacto previo con el que la pareja de Ayuso pretendía rebajar su pena asumiendo el delito con la Fiscalía. Ahora González Amador ha interpuesto una querella por estos hechos ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuyo presidente, Celso Rodríguez Padrón, ha asumido la ponencia, como ha avanzado El Español y ha confirmado este medio.

Se dirige contra los fiscales que considera responsables de la filtración y si el tribunal la admite a trámite abrirá un procedimiento penal contra ellos porque están aforados. González Amador considera que ellos conocieron el contenido de estas comunicaciones por razón de su cargo y al difundirlo cometieron un delito de revelación de secretos.

El centro de la cuestión gira en torno a una “Nota informativa” que la Fiscalía difundió tratando de aclarar una información que se había publicado previamente y que decía que el Ministerio Público había contactado con el abogado del investigado. La nota señalaba que el recorrido había sido otro y que primero el letrado había dirigido un correo a la Fiscalía y, luego, el fiscal del caso se había mostrado dispuesto a un pacto.

Esta “Nota informativa” que desglosaba por orden cronológico los acontencimientos fue difundida el pasado 14 de marzo y generó un gran revuelo que provocó que el Colegio de Abogados de Madrid, incluso, convocara una rueda de prensa para anunciar una denuncia al Ministerio Público, pues consideraban que la confianza entre letrados y fiscales podía estar en riesgo.

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