A pesar de su aspecto de oficinista de Forges y su fúlgida alma católica, apostólica y romana, Francisco Martínez Vázquez, exsecretario de Estado de Seguridad, es un apreciable conjunto de contradicciones. Es de misa los domingos y días de guardar pero le encantan las groserías y los tacos, que acuden a su boca, sobre todo, cuando habla con un policía, sea un agente o sea un comisario.
Es astuto y desconfiado, pero se muestra capaz de soltar peligrosas indiscreciones en cientos de mensajes enviados por wasap a políticos, policías, periodistas más o menos amigos. Siempre buscó la sombra y a veces, incluso, repitió que no era político, pero le comía el anhelo de blindarse políticamente y alcanzar su sueño: ser ministro del Interior. Parece extraño, pero es que hay gente con sueños así de raros.
Martínez Vázquez nació en 1975. De familia conservadora y de clase media alta estudió Derecho y Económicas en la Universidad Pontificia de Comillas sembrando sus expedientes académicos con matrículas de honor. Mientras ejercía de profesor en Comillas se preparó las duras oposiciones para letrado de las Cortes y las sacó en 2004 como el número uno de su promoción. En la Secretaría General del Congreso de los Diputados se encargó del área de relaciones internacionales.
De hacer caso de la rumorología genovesa, el joven Martínez entró recomendado para ejercer como jefe del gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que con la misericordia de Nuestro Señor montó una policía paralela (al parecer más patriótica que el resto de la Policía Nacional y de la Guardia Civil) que empleaba como una suerte de vengadores de carajillo, puro y diente de oro para defender los intereses de España, es decir, del Partido Popular.
Cuando Ignacio Ulloa presentó su dimisión como secretario de Estado de Seguridad por «asuntos personales», Fernández Díaz lo sustituyó por el siempre obsequioso y eficiente Martínez.
Durante más de un lustro se ha argumentado que la corrupción del Partido Popular sirvió de justificación —al menos retórica— para la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy y abrió el periodo de Pedro Sánchez en el poder. Pero desde un punto de vista de higiene democrática, quizás es más grave que un gobierno cree una policía paralela al servicio del partido que lo sustenta corrompiendo a funcionarios públicos y conculcando la legalidad vigente. Pero eso es lo que parece que ocurrió en España durante los últimos años de Mariano Rajoy —que por supuesto no sabía nada de nada— al frente del Ejecutivo. Deberíamos recordar de lo que son capaces.
También en los primeros años de Felipe González se montó, en el seno del Ministerio de Interior, y con conocimiento expreso de los responsables políticos, un comando policial antiterrorista que firmó sus canalladas como GAL. Es que no pueden contenerse. La policía patriótica de Fernández Díaz se abrió a un amplio conjunto de actividades: desde robar a Luis Bárcenas la documentación que comprometía al PP —incluidos jugosos sobresueldos a sus dirigentes— hasta espiar a activistas del independentismo catalán. Después de una ingente investigación judicial —algunas de cuyas piezas separadas y derivaciones siguen en activo— la Fiscalía Anticorrupción, en febrero de 2023, pidió para el exsecretario de Estado 15 años de cárcel por encubrimiento, malversación de fondos públicos y delitos contra la intimidad.
Abandonado por el PP, Francisco Martínez se dedicó a la venganza, y el pasado octubre pidió que su antiguo partido fuera acusado como responsable civil en la operación Kitchen. Acosado por las agendas del excomisario Villarejo y por sus propios wasaps.
Martínez ha negado recientemente en la Audiencia Nacional, en otra de las piezas judiciales, que él sea Chisco. Ese es el nombre que aparece en los cuadernos de Villarejo. El Chisco. Es humillante. El Chisco. Pero qué va a hacer con su triste vida. Hasta dónde van a llegar.
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