Suena como el cuento de nunca acabar. Las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que acumula más de cinco años de mandato caducado, siguen sin llegar a buen puerto. Los intentos se han ido sucediendo año tras año y la inédita mediación de la Comisión Europea tampoco ha dado todavía frutos. La entrada en escena del comisario de Justicia, Didier Reynders, no ha contribuido a avances sustanciales y su dimisión para intentar presidir el Consejo de Europa obliga a una sustitución inmediata del árbitro entre PP y PSOE. El aluvión de citas electorales en Euskadi, Cataluña y las europeas de junio, sumado al clima asfixiante que vive desde hace semanas la política española todavía lo complican más.
Tanto se han prolongado las conversaciones en el tiempo que el PP ha tenido ya dos líderes nacionales. En el caso del Gobierno, el interlocutor ha sido siempre el mismo: Félix Bolaños. Primero se sentaba a la mesa con Teodoro García Egea en la época de Pablo Casado y desde hace dos años lo hace con Esteban González Pons, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en todos los asuntos institucionales e internacionales.
La tercera reunión con Reynders tenía que haberse celebrado antes de que acabara el mes de marzo. Al final no pudo ser. Es cierto que se cruzó en medio la Semana Santa, una fecha complicada a pesar de que la cita se iba a celebrar en Madrid, y la propia marcha del comisario. En realidad, más allá de la coincidencia con unos días festivos, lo que ocurre es que no hay avances sobre los que trabajar. Lo reconocen ambas partes, que siguen encalladas en el mismo punto de partida.
Desde el Gobierno han culpado a los populares de este aplazamiento argumentando que “ni la Comisión Europea ni el Gobierno tenían inconveniente en celebrarla”. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cargaba las tintas para calificar de «decepción» que «el PP comunique que no estaba disponible para una reunión agendada hace tiempo». Sin llegar a tirar la toalla para seguir intentando que las conversaciones lleguen a buen puerto, la número dos del Gobierno y el PSOE se mostraba pesimista el pasado miércoles. Lo hacía acusando a los populares de bloquear la renovación «por sus intereses particulares». «Creen que no les favorece» un cambio en las mayorías conservadoras, concluía.
En el PP restaron importancia a que el miércoles no se celebrara la reunión a tres, insistiendo en que no era una cancelación sino un “aplazamiento” y recordando que siempre han abierto la puerta a que otra persona sustituyera a Reynders si el belga debía marcharse. Al mismo tiempo reconocen que no ven movimientos en la posición del Gobierno para tratar de pactar un nuevo modelo de elección de los vocales del Consejo, condición ‘sine qua non’ para el PP. Renovación y cambio del modelo. Las dos cosas a la vez. Esa es la postura de Feijóo y de ahí no se moverá.
La cuestión es que fue el propio líder del PP el que propuso que entrara en escena la Comisión Europea el pasado mes de diciembre. La tesis, según Génova, era la siguiente: dado que cada vez que Bruselas se pronuncia sobre la situación precaria que arrastra la justicia española, instando a la renovación del CGPJ pero también a la necesidad de que haya una mayor independencia, las lecturas de unos y otros son tan distintas, lo mejor -reflexionaron en el entorno de Feijóo- es que se siente a la mesa a la negociación una tercera persona.
Reforma de la ley
La Constitución exige una renovación tal como pide el Gobierno. Pero el PP considera que el Ejecutivo «tergiversa» la posición europea, insistiendo en que lo único que piden es que se renueve el órgano, y obviando la exigencia de que se cambie el modelo para garantizar mayor independencia de los magistrados. Y por eso decidieron –González Pons avaló la idea y también tuvo influencia el exlíder de Ciudadanos, Adrián Vázquez- proponer al presidente del Gobierno que las reuniones se celebraran con un árbitro europeo.
El PSOE apuesta por renovar primero y posteriormente pactar los cambios en el sistema de elección. Dos pasos por separado que, según defienden, es lo que ha pedido también la UE.
El contexto político hace reafirmarse al PP en que el acuerdo será muy complicado. Los populares entienden que la tramitación de la ley de amnistía -que creen que es inconstitucional y que ataca a la separación de poderes- es un misil en la línea de flotación a la independencia judicial. “¿Cómo vamos a pactar el CGPJ si los ataques del Gobierno y sus socios a los jueces son constantes? Es muy complicado”, resume una fuente de la dirección. Se empeñan en dejar la puerta abierta pero nada hace pensar que vaya a ser así. Lo que tampoco quiere el PP es aparecer como el agente que rompe el pacto y, por eso, aseguran que ellos no serán quienes se levanten de la mesa.
Cruce de culpas
A todo esto se añaden las tres citas electorales que se celebrarán en apenas 50 días a partir del 21 de abril con las vascas como aperitivo. Luego vendrán las catalanas -una cita crucial para el devenir de la legislatura- y en junio ya las europeas que el PP planteará como una segunda vuelta de las generales. Los enfrentamientos públicos entre los dos grandes partidos no hacen más que crecer, lo que confirmaría la incapacidad de llegar a acuerdos, más aún en un tema tan nuclear como el CGPJ.
De nuevo, la batalla de las culpas y el relato. El PP considera que ahora está “avalado” para no dar su brazo a torcer. Entiende que si encima de la mesa hay una ley de amnistía y los socios independentistas no dejan de exigir avanzar hacia el referéndum, lo que sigue en riesgo es el Estado de derecho y en esa situación, repiten, “poco más se puede hablar con este Gobierno”.
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