A la vuelta de la Semana Santa llegará el choque institucional. El Senado celebrará un pleno en el que la mayoría absoluta del PP aprobará una petición expresa al Congreso para retirar la ley de amnistía. El partido de Alberto Núñez Feijóo tomó esta decisión hace días, con el informe de los letrados de la Cámara Alta, considerando que su argumento de que la norma es en realidad “una reforma constitucional encubierta” quedaba avalado jurídicamente. La consecuencia inmediata será un enfrentamiento público en las Cortes Generales en el que se visualizará que la mitad de los representantes públicos está en contra de la amnistía y del propio procedimiento utilizado para su aprobación.
Un elemento del que el PP piensa valerse para seguir construyendo su respuesta jurídica, empezando por el recurso ante el Tribunal Constitucional, y para exhibir ante la comunidad internacional -mirando en realidad a la Comisión Europea– una imagen de absoluta división que, en opinión de los populares, “es incompatible” con la idea de que la amnistía está pensada para reconciliar a la sociedad, como dice el Gobierno.
Los conservadores se apoyan también en las recomendaciones de los letrados adscritos a la comisión de Justicia en el Congreso, en el reciente texto del Consejo General del Poder Judicial, en consideraciones de otros muchos expertos consultados y en el informe de la Comisión de Venecia, que tanta disparidad ha provocado en sus lecturas. Mientras que Moncloa ve un respaldo; para el PP es inequívoco que el órgano del Consejo de Europa se inclina por que una ley de amnistía debe contar con un amplísimo respaldo, haciendo hincapié en que la fórmula más adecuada habría sido una reforma en la Constitución, y criticando los pasos seguidos por el PSOE en la rápida tramitación como proposición de ley.
Fuentes del PP consultadas por este diario defienden la iniciativa que provocará un choque inédito entre las dos Cámaras. Primero, insisten, porque se basan en el artículo 188 del reglamento del Senado, que recoge expresamente el posible planteamiento de «un conflicto de atribuciones con otros órganos constitucionales del Estado». Para los conservadores, el “conflicto” está claro en tanto que la ley no podría haberse tramitado en ningún caso como lo han hecho los socialistas.
En la primera semana de abril tendrá lugar ese pleno que, en realidad, no tendrá ningún efecto porque el Congreso no contempla dar marcha atrás. Lo que vendrá después, tras un plazo máximo de respuesta de 30 días por parte de la Cámara Baja (bien sea un rechazo o guardando silencio) será ir al Tribunal Constitucional. Allí los populares plantearán el conflicto de competencia.
En la dirección nacional popular saben que su movimiento no tendrá efectos prácticos para frenar la ley, que previsiblemente saldrá aprobada definitivamente en la segunda quincena de mayo. Pero insisten en que la batalla se juega en distintos frentes. Y los populares ahora, como harán en la tramitación del Senado, están en escenificar su profundo desacuerdo con el contenido de la ley, con la inclusión de supuestos que amnistían malversación y casos de terrorismo; y con el propio procedimiento al entender que la amnistía en ningún caso es “una proposición de ley más”.
Y en esa batalla, explican, que en gran medida se juega en Europa a la espera de ver la reacción de la Comisión a nivel político y las cuestiones prejudiciales que puedan plantear magistrados una vez entre en vigor, “tiene mucho valor el rechazo de la mitad del país”. Es justo la imagen que buscan con el rechazo rotundo del Senado, y que se uniría, dicen, a las manifestaciones masivas de los últimos meses, los escritos de distintos colegios profesionales o el rechazo tan extendido de la judicatura, que ha llegado a provocar enfrentamientos públicos con miembros del Gobierno.
La llegada de la ley de amnistía al Senado fue un ensayo de lo que está por venir en los próximos dos meses. La Mesa de la Cámara Alta admitió a trámite la norma llegada del Congreso como no podía ser de otra manera. Una decisión contraria, como exigía Vox, habría sido ilegal. Pero, aún así, lo hizo con ocho folios llenos de reproches y reparos, manifestando precisamente su convicción de que se trata de una ley inconstitucional. Fuentes de la dirección del grupo popular en el Senado aseguran que el objetivo no era otro que “cubrirse” ante futuros recursos (Vox avanzó querellas contra los propios miembros de la Mesa) y mantener la posición política del PP aunque la obligación era darle trámite.
