La derecha y la extrema derecha del PP y Vox han aprovechado la víspera de Semana Santa y el poco foco informativo que hay en vacaciones para tratar de retroceder en derechos esenciales como la Memoria Democrática o blanquear la corrupción.

La coalición de los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lo ha hecho en aquellas comunidades o ciudades en las que gobiernan, en algunas de ellas de manera conjunta y en otras, por separado. Los ejemplos más claros son la Comunidad Valenciana o Castilla y León, pero también Baleares -donde han suprimido la oficina anticorrupción- o Madrid, ya que Isabel Díaz Ayuso volvía a defenderse tras el escándalo de su pareja.

Ley de Concordia en Valencia

En Valencia ‘populares’ y ultraderechista han llevado a cabo una Proposición de Ley de Concordia que se remonta a 1931 e incluye “a las víctimas de la violencia del Frente Popular”. El texto se enmarca dentro de una ofensiva que derogará o transformará hasta cinco leyes propulsadas por el anterior gobierno de izquierdas, disminuirá la presencia del valenciano en la educación y la televisión autonómica y asegura el control de À Punt y la Agencia Antifraude. Entre todos estos textos destacaba la mencionada ley de Concordia que, según explicaba el portavoz de Vox, José María Llanos, pretende condenar los “actos de violencia política cometidos entre 1931 y hasta la actualidad”.

“El absolutismo monárquico no nos afecta demasiado, y si resulta que la anterior ley dejaba fuera a una bando de la ecuación, hablando de las mismas razones que provocaron el conflicto [de la Guerra Civil] y si fruto de la amnistía de 1977 y de la Constitución habíamos llegado a la concordia, lo lógico es que todos los actos que tengan relación con el conflicto en esos años del siglo XX, tengan que estar incluidos”, señalaba Llanos.

“Hemos considerado que tiene que ser el 31 para que se incluyan a las víctimas, si existieran, y nosotros creemos que existieron, de la violencia revolucionaria del Frente Popular”, apuntaba el responsable ultraderechista, a pesar de que el Frente Popular data de 1936. “Hablamos de un sistema político que unos consideran una democracia y otros muy convulso y que fue un golpe a un sistema democrático. Entendemos que se puede incluir (…) No estamos aquí para dar una clase de historia”, defendía.

Por su parte, el PP de Carlos Mazón se limitaba a señalar que condenan “todos los actos de violencia” y apoyan “a todas las víctimas, sean del bando que sean”. También apuntaba que incidirán en la búsqueda de restos de familiares para evitar “que una ideología prevalezca sobre otra”. “Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”, destacaban los populares para defender una ley que ha causado enormes críticas desde las asociaciones de memoria democrática.

Y en Castilla y León

Ya esta semana Castilla y León ha seguido la senda valenciana impulsando también una ley “de concordia”, con el mismo título, y en la misma línea; es decir, nada de dictadura ni de franquismo.  A juicio de las derechas, esta es una normativa contra “la visión sesgada y sectaria” de la Historia por parte de las fuerzas progresistas, pero nada más lejos de la realidad si obvia la represión y no busca justicia frente a la misma.

En cualquier caso, el PP de Alfonso Fernández Mañueco, y Vox, capitaneado en la autonomía por Juan García-Gallardo, acordaron esta medida en 2022, cuando el pacto aupó al ‘popular’ hacia la presidencia, revalidando así cargo gracias a la ultraderecha. El PP ha insistido, en medio del escaso foco informativo que traen consigo las vacaciones, en que en ningún caso se compara la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino que hace alusión a “todas las víctimas por igual”, desde 1931 hasta 1978. Pero el movimiento es exactamente el mismo que el valenciano, y es que el texto no hace mención alguna a la dictadura ni al franquismo a parte de afirmar que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”. También aquí las asociaciones de memoria histórica han puesto pie en pared sobre lo que consideran, falta a la verdad, la justicia y la reparación.

Recorte de educación sexual en la ciudad del Turia

También en la Ciudad del Turia la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, ha confirmado la supresión del servicio municipal InfoSex, que ofrece información sobre todo a los jóvenes sobre sexualidad.

Entre acusaciones cruzadas por las partes y datos falseados de la extrema derecha, la regidora de Vox que se encarga de esta área de Juventud, Mónica Gil, defendía la eliminación del servicio por una supuesta disminución en la demanda que, Compromís asegura, no se está produciendo: “Los datos están tergiversados de forma totalmente tendenciosa para encubrir la eliminación de un servicio por razones ideológicas”.

De hecho, la concejala del partido, Lucía Baeamud, no solo ponía de manifiesto la información que facilita este servicio -sobre prácticas sexuales, prevención de enfermedades de transmisión sexual, consentimiento, el amor romántico…- sino que celebraba que cerca de 4.000 personas hubieran acudido a este servicio.

Fin de la oficina anticorrupción en Baleares

Fuera de la Península, las Islas Baleares se han convertido en la primera comunidad que elimina un organismo público contra la corrupción -la oficina anticorrupción-. Lo llevó a cabo con los votos favorables de PP y Vox, que aprobaron la nueva Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos. Esto implica la liquidación en un plazo de medio año de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

La justificación que dan para ello conservadores y ultraderechistas es que supone un gasto “superfluo” o “innecesario”, aunque la idea se puso sobre la mesa el pasado mes de junio, cuando las dos formaciones alcanzaron un acuerdo para investir a Marga Prohens como responsable del archipiélago. Y ha sido un trámite relativamente rápido, ya que PP y Vox dejaron a esa organización sin financiación durante los dos últimos meses mientras organizaban su cierre definitivo; entre críticas de la oposición. El PSOE, incluso, estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC).

El organismo fue impulsado por Unidas Podemos durante gobierno de coalición de izquierdas que lideró la ahora presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Ayuso encubre a su pareja desde Chile

El repóker de ejemplos lo culmina la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ni siquiera ha viajado fuera de la península, sino directamente fuera del país y del continente. Así, desde Chile y en un desplazamiento que ha demostrado no ser capaz de atraer la inversión para la que estaba pensado, la líder regional recibió pocas preguntas y muy bien escogidas de los periodistas que, sin embargo, fueron suficientes para obligarle a responder sobre el caso que salpica a su novio, Alberto González Amador.

En el país latinoamericano, la responsable de Sol se centró en acusar a su homólogo en el Gobierno, Pedro Sánchez, de “ir a la venezolana”, “utilizar todos los poderes del Estado contra el adversario político” y tener una actitud “putinista”. “Se equivoca gravemente, porque España todavía tiene contrapesos” y “un poder judicial y una democracia consolidada que acaba de dar nuestro proyecto, una mayoría absoluta en el Parlamento, cosa que él no tiene”, asumía refiriéndose a la ley de amnistía. Y es que, de González Amador, ni un ápice de condena, simplemente que el tema está “en vía judicial” y que la Comunidad de Madrid “no tiene nada que ver”.

También defendió frente a los medios chilenos a su jefe de prensa, Miguel Ángel Rodríguez, después de las amenazas y los bulos vertidos hacia y sobre periodistas. “Yo soy periodista. A mí nadie me va a dar lecciones de libertad de prensa”, advertía.

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