“Este caso versa sobre un periodista al que quieren extraditar por ejercer el periodismo”. El abogado Aitor Martínez mantiene a raya a quienes acusan a su cliente de espionaje. El periodista al que defiende se llama Julian Assange, y se enfrenta a un enemigo temible: la Justicia de Estados Unidos. El proceso, dilatado en el tiempo tras casi 14 años en los que Assange ha estado privado de libertad, avisó este martes de una nueva prórroga. Por la mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales pidió a Washington una serie de garantías antes de extraditar al fundador de WikiLeaks a territorio estadounidense.

Martínez, miembro de un equipo legal numeroso y esparcido por las jurisdicciones a las que ha llegado el caso, no se muestra satisfecho con la decisión. Aunque se ha evitado la extradición inmediata de su cliente, los magistrados Victoria Sharp y Adam Johnson han desestimado 15 de los 18 fundamentos jurídicos del recurso final de Assange contra su extradición. “Esperábamos que se admitieran los puntos de apelación, porque indiscutiblemente se está jugando la libertad de los periodistas”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Los tres puntos de apelación que sí han aceptado los jueces son ahora garantías que está en manos de la administración de Joe Biden aprobar o no. Esto, para Martínez, es problemático. Según la legislación estadounidense, es el Congreso y no el Ejecutivo quien tiene potestad para ofrecerlas. Y, aun si la tuviera, la Casa Blanca de hoy no podría prometerlas a cinco años vista. Se avecinan elecciones en Estados Unidos y, con un —previsible— cambio de Gobierno, las garantías que hoy demanda la Justicia británica podrían hacerse cenizas. Según señala el magistrado, que compone junto a Baltasar Garzón la rama española de la defensa de Assange: “En el marco de las extradiciones, es usual que EEUU aporte garantías desde el Ejecutivo. También es corriente que las viole“.

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Según explica el abogado, los tres puntos de apelación por los que ahora el tribunal londinense pide garantías a EEUU son, en realidad, dos. El primero y el segundo, tocantes a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense —tocante a la libertad de expresión y de prensa—, están vinculados entre sí. La primera garantía pide que el enjuiciamiento del caso reconozca la Primera Enmienda, y advierte de que, de lo contrario, se incurriría en una violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referente a las mismas libertades. El segundo punto de apelación exige que la Justicia de EEUU aplique la Primera Enmienda en el caso de Assange y no lo discrimine como ciudadano extranjero. Martínez sostiene que hay jurisprudencia que defiende que el primer artículo de la carta magna no cubre a los no estadounidenses.

Por otro lado, la tercera garantía que los jueces Sharp y Johnson han pedido cumplir este martes al Ejecutivo que preside Biden está relacionado con el fallo del Home Office —el Ministerio del Interior británico—, en el que la exministra Priti Patel aprobaba la extradición del periodista a EEUU. Aquí se solicita que no se vulnere el principio de especialidad. Es decir: que las autoridades estadounidenses enjuicien a Assange por las circunstancias por las que se le entrega, y que no se le abran nuevos cargos y nuevas penas que no han sido sometidas a la extradición. Martínez teme que, como ya ha ocurrido en el pasado, EEUU viole este principio una vez se extradite a su cliente, y que se añadan nuevos cargos que acarreen la pena de muerte


Assange tendrá que esperar para saber si es extraditado a EEUU o puede recurrir.

En cualquier caso, el abogado lamenta que el foco del caso Assange se haya vuelto sobre unas cuestiones que ni el Ejecutivo estadounidense puede comprometerse a cumplir, ni tampoco ayudarían a poner en libertad al periodista que defiende. Para Martínez, el debate de las garantías es “irrisorio”, y aleja la atención del principal objetivo de su defensa: detener la extradición de Julian Assange.

En el estado de Virginia, al periodista australiano se le acusa de 18 cargos. Uno de ellos, por intromisión informática. Según Martínez, la acusación “no tiene sustento cuando Chelsea Manning —colaboradora de WikiLeaks y encargada de filtrar importantes archivos sobre la invasión de EEUU a Afganistán e Irak— ya declaró que ella tenía acceso directo a la base de datos y se negó a afirmar que Assange la había asistió. Por esto último, por cierto, fue enviada a prisión en dos ocasiones, incluso después del perdón presidencial de Obama”. Con todo, este es el menos determinante de los cargos: supondría una condena de cinco años.

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El plato principal de la acusación a Assange son los 17 cargos de diez años cada uno bajo la ley de espionaje. La ley, promulgada en 1917 en el contexto de la Primera Guerra Mundial, “no registra precedente de aplicación contra un periodista”, explica el abogado. Si se materializara la extradición, además de sentenciarse una condena de 175 años de prisión para Assange, se sentaría un “peligroso” precedente: “EEUU podría perseguir extraterritorialmente a cualquier periodista del mundo como si fuera un espía”.

Washington tiene para responder con garantías a los tres puntos de apelaciones hasta el 16 de abril. En el ínterin, la campaña por la puesta en libertad de Assange toma impulso, y se apodera del discurso de ONG, figuras políticas y, en palabras de la defensa del periodista: la “arquitectura internacional de derechos humanos”. “Es el único caso en el mundo en el que todas las organizaciones, órganos de las Naciones Unidas y plataformas de activismo se han pronunciado en contra de la extradición”, relata Martínez.

Y así ha sido desde que el tribunal inglés emitiera su decisión este martes por la tarde. Alice Jill Edwards, relatora especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, no tardó en emitir un comunicado en el que advertía de que tanto la larga condena que propone la Justicia estadounidense como el régimen de aislamiento continuo al que ya está sometido Assange pueden constituir un trato inhumano. “El tribunal no ha disipado mis dudas sobre la precaria salud mental de Julian Assange y su incapacidad para ser extraditado, así como la posibilidad de que reciba una sentencia totalmente desproporcionada en los Estados Unidos”, expresó en X.

Edwards recuerda entonces el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege a las personas de ser enviadas a lugares donde corran el riesgo de ser torturadas o sometidas a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Indiscutiblemente, siempre está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Por supuesto, en un medio plazo eventual. Aún hay que dilucidar los nuevos hitos procesales del Tribunal Superior británico”, contempla Aitor Martínez. Pese a su salida de las instituciones políticas y económicas europeas, Reino Unido sigue siendo parte del Consejo de Europa y del TEDH.

Los últimos cartuchos, reconoce el letrado, están en Estados Unidos y son extrajudiciales. Una opción es que el departamento de Justicia, presidido por el fiscal general Merrick Garland, retire los cargos contra Assange. “Durante la presidencia de Barack Obama no se presentaron cargos adicionales. Luego se supo a traves de una filtración que la administración veía las acusaciones de espionaje como una agresión clara a la Primera Enmienda, consagrada por casos como Watergate o los papeles del Pentágono”, añade Martínez. Con Donald Trump se presentaron los 18 nuevos cargos por los que se juzgaría a Assange tras su extradición. Por ahora, el Gobierno de Biden no ha retirado ninguno de los cargos.

Aitor Martínez ve un halo de esperanza en los próximos meses. Aunque Trump, el favorito para ganar las elecciones en noviembre, se ha propuesto “matarlo”, el abogado no descarta un indulto presidencial de Biden al final de la legislatura. “Esto cerraría el proceso extradicional. Si hay voluntad por parte de EEUU de acabar con esta persecución, todavía están a tiempo”, transmite.

Mientras, la defensa de Assange confía en la justicia británica. “Esperamos que jueces en Reino Unido vean que están ante un reto histórico: la extradición del periodista puede asentar un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo. No sólo pierde Assange ni una agencia de noticias como WikiLeaks, sino que se violan los derechos de todos los medios libres del mundo. Si los periodistas quedan amordazados, el resto dejamos de tener un verdadero acceso a la información. Ciegos ante el poder, pierde la democracia. Estamos ante un reto histórico”, urge.