El Gobierno vira hacia una producción legislativa con iniciativas más moderadas. La aritmética parlamentaria obliga a los equilibrios entre los socios de investidura más progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los más conservadores (Junts, PNV y CC). De ahí que el primer paquete normativo presentado por el Ejecutivo en esta legislatura se centra en leyes pensadas «para generar un amplio consenso», según reconocen fuentes de Moncloa. La prioridad son los compromisos europeos, que concentran la mitad de las casi 200 iniciativas incluidas en el plan anual normativo de 2024. Se trata tanto de medidas del plan de recuperación como de trasposiciones de directivas.
Frente a la hiperactividad legislativa de otros ejercicios, el Gobierno limita los riesgos en este plan anual con ocho reales decretos ley y seis leyes orgánicas. En 2022, el último año completo de la anterior legislatura, las leyes orgánicas ascendieron a once y los reales decretos-ley a una veintena. Tras la negociación agónica con Junts de los tres primeros decretos-ley de la legislatura y el rechazo de Podemos que tumbó uno de ellos, el Ejecutivo ya se comprometió a reducirlos al mínimo. Priorizar los proyectos de ley dando más margen de negociación a los socios y la posibilidad de incluir sus enmiendas.
A mayores, el Ejecutivo optará por normas con menor acento progresista en lo económico para atar el apoyo de Junts y PNV y garantizar la gobernabilidad. Al menos en lo que está en su mano y a la espera de que los partidos independentistas no cambien de estrategia en el Congreso tras los comicios catalanes y el juego de pactos postelectorales. Para ello, el Ejecutivo mete en un cajón compromisos del acuerdo de coalición con Sumar como la “reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad”. Tampoco se contempla hacer permanentes los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas. Un guiño al PNV, que ha cargado contra este tributo, pero también a los posconvergentes.
Los nacionalistas vascos, con todo, han tildado de “ilusorio” que el Gobierno pretenda llevar al Consejo de Ministros en lo que resta de año medio centenar de leyes. Por un lado, debido a las complicaciones impuestas por el ciclo electoral que rematará con las europeas el próximo 9 de junio y a que entre medias está prevista la tramitación de los Presupuestos de 2025. Por otro, a modo de aviso, por desde el Gobierno se “lanzan proyectos de ley sin consensuar con los grupos parlamentarios del Congreso” generando “una mayor ebullición en la legislatura”.
En la línea de no romper los equilibrios con los socios de investidura, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, destacaba este miércoles como prioridades las normas con un carácter más transversal. Entre ellas enumeraba la Ley de Industria, la Ley del Cine, la Ley para la Transformación de la Administración Pública, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica de Medidas Complementarias para Reforzar la Protección frente a la Violencia de Género, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, la Ley de Juventud, o las normas para la protección de los menores en los entornos digitales o de la prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad.
Papel negociador de Sumar
Las normas más ambiciosas en lo que a tendencia progresista se refiere son las promovidas por los ministerios de Sumar. Entre ellas, la reducción de la jornada laboral, la reforma del despido o la nueva cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. En estos casos, será principalmente Yolanda Díaz quien deba fajarse en las negociaciones evitar reveses como el que ya sufrió con el rechazo al decreto promovido por su departamento sobre el subsidio por desempleo de mayores de 52 años. Sobre todo, después del aviso de ERC de levantar el listón de exigencia con sus iniciativas, empezando por la ley de familias del ministerio de Derechos Sociales, como respuesta el bloqueo de los Comuns de las cuentas de la Generalitat. Un aviso que se suma a las deterioradas relaciones de Sumar con los diputados de Podemos después de su ruptura.
Pese a la moderación normativa, el Ejecutivo mantiene la retórica de grandes transformaciones. El plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según defienden el Gobierno, “refleja el compromiso renovado del Ejecutivo con una agenda legislativa progresista con la que España siga avanzando cada día, así como con las grandes reformas y la garantía de derechos para esta legislatura”.
Secretos oficiales
El Gobierno tendrá que contentar igualmente a ERC y EH Bildu, aunque la amenaza de una alternativa de PP y Vox siempre ha servido de pegamento para su pragmatismo. Los abertzales ya ofrecieron sus votos para la investidura sin pactar ningún acuerdo, con la perspectiva de arrancar avances sociales en el marco de la negociación de Presupuestos y apelando a la “paciencia estratégica”. Unas semanas más tarde se pactó una moción de censura en Pamplona para situar a EH Bildu al frente de la Alcaldía. Con ERC se fían los equilibrios al reparto de banderas con Junts, con la mesa de diálogo como principal elemento.
Otro de los proyectos que el Gobierno ha metido en el cajón es la ley de secretos oficiales. La iniciativa decayó en la pasada legislatura con la convocatoria electoral. Ahora, la renuncia a volver a promover un proyecto que supere la actual ley franquista de 1968 se justifica por la propuesta de reforma impulsada por el PNV. Una norma ya admitida a trámite por el Congreso y sobre la que el Ejecutivo ve margen para trabajar y llegar a un consenso. Las principales diferencias tienen que ver con los plazos para las desclasificaciones, mucho más amplios y restrictivos en la propuesta del Gobierno que en la impulsada por los nacionalistas vascos.
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