El Defensor del Pueblo considera que los casos de abuso y explotación sexual en menores tutelados no han recibido un tratamiento «transparente, ordenado y sistemático», según se desprende del Informe Anual de la institución correspondiente a 2023, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
A juicio de la institución, cada Administración debe disponer de una información «sistematizada y lo más completa posible sobre la realidad a la que se enfrentan, a fin de diseñar las herramientas y procedimientos de actuación más adecuados para su uso por los servicios de protección de menores».
Asimismo, añade que en la mayor parte de los casos comunicados, el menor se encontraba con una medida de acogimiento residencial y destaca que la detección de los casos se produce, «en un elevado número», por los educadores de los centros.
Por lo que respecta al sexo de la víctima, explica que han sido mayoritariamente niñas (81,4%) y la horquilla de edad que presenta más frecuencia de casos se sitúa entre los 14 y los 17 años.
Igualmente, el informe precisa que el Defensor del Pueblo «sigue trabajando al objeto de conocer el desarrollo y los resultados de nuevas medidas o herramientas que se están desarrollando por las distintas Administraciones Públicas».
También indica que en los datos facilitados destacan en número las agresiones y abusos sexuales, si bien se hace mención a un número considerable de casos de explotación sexual, o incluso trata de seres humanos. Además, aparecen reflejadas otras formas de agresión son indicadas en los informes recabados, como la difusión de videos con contenido sexual y otros contenidos en redes sociales, algún caso de relaciones consentidas con adultos, o el intercambio de bienes materiales por favores sexuales. En concreto, expone que Canarias ha denunciado once violaciones y Castilla-La Mancha cifra en ocho las violaciones producidas bajo sumisión química, siempre en el período plurianual de referencia.
En todo caso, el informe precisa que todas las comunidades autónomas tienen previstos programas de evaluación, diagnóstico y tratamiento, para apoyar a las menores víctimas de explotación y abuso sexual.
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