Ni el anterior Gobierno del Botànic ni el actual Consell de la Generalitat del PP y Vox tienen o han tenido algún tipo de relación con la firma valenciana Gama Global, una de las piezas del rompecabezas del «caso Koldo», que investiga las presuntas irregularidades en torno al asesor del exministro José Luis Ábalos con contratos públicos.
La investigación tributaria desarrollada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que la empresa valenciana Gama Global Trading, una de las dos que actuó como intermediaria entre las fábricas chinas y la empresa de la trama que resultó adjudicataria de los contratos públicos para adquirir mascarillas, «únicamente dedicó 5.475 euros de los 10.467.510 euros» que le entregó para esta compra la sociedad de la red corrupta Soluciones de Gestión SL, tal y como especifica un informe policial de 24 de noviembre de 2022 entregado al juez que investiga el «caso Koldo» en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
Ante estas revelaciones, las fuentes consultadas, tanto del anterior ejecutivo autonómico como del actual, descartan cualquier tipo de relación. En relación a las importaciones que realizó Gama Global, los agentes de la Guardia Civil consideran relevante que entre 2017 y 2021 esta firma mantuvo relaciones comerciales con diferentes sociedades ubicadas en China y Hong Kong. Pero el precio de las mercancías importadas fue de sólo 254.040 euros, de los que únicamente fueron asignados a comprar mascarillas o EPIs los mencionados 5.475 euros.
En cuanto a las exportaciones de Gama Global entre los años 2017 y 2021, los agentes destacan que el montante total asciende a 8.512.906 euros, de los cuales solamente 2.523 euros fueron empleados a la venta de test de antígenos/pruebas covid-19 (ejercicio 2021). «La mayor parte de esos 8,5 millones estaría destinada a la exportación de productos textiles (abrigos, sudaderas, pijamas, zapatos…), sin aparente interés para la investigación», concluye la UCO.
Según los investigadores, la firma valenciana nunca dispuso de más de cinco trabajadores. Y uno de ellos, según explica la UCO, tiene antecedentes penales, «entre otros, por delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y por apropiación indebida de vehículos o hurto». Hasta 2020 apenas conseguió facturar, pero con la pandemia ingresó más de 22 millones de euros, siempre según las mismas fuentes.
