El Gobierno de Pedro Sánchez ha activado un mecanismo jurídico previo al recurso de inconstitucionalidad para que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dé marcha atrás en las leyes trans y contra la LGTBIfobia que la Comunidad de Madrid modificó el pasado mes de diciembre. El asunto central que lleva al Ministerio de Igualdad a pedir a Ayuso es el relativo a los informes médicos que la norma regional exige a los menores antes de proceder a un cambio de sexo. Esto supone un retorno a la «patologización» que la ley estatal ya había eliminado, según los socialistas.
Con este procedimiento, ambas administraciones tendrán ahora seis meses para negociar en una comisión bilateral la modificación de aspectos concretos de las dos leyes regionales y si el acuerdo no es posible, las leyes autonómicas terminarán en el Tribunal Constitucional. El PSOE madrileño, que ya votó en contra de estas dos reformas el pasado mes de diciembre en la Asamblea de Madrid, se hace eco de la propuesta del Ministerio de Igualdad y denuncia que estos «aspectos concretos de la ley atentan principalmente contra los derechos de las personas LGTBI y especialmente de las personas trans».
Con estas palabras, el portavoz socialista de LGTBI y Diversidad, Santiago Rivero, advierte otra vez de que con estas normas se vuelve a «patologizar» a las personas trans, haciéndoles «pasar por exámenes de los que ya estaban exentos por la ley nacional». En concreto, el Ministerio que dirige Ana Redondo, a través del Ministerio de Política Territorial, pide la modificación de tres artículos de la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual.
Reformas concretas
En el 14 porque pide como «requisito necesario» para los menores de edad el acompañamiento de los profesionales de salud mental y su mantenimiento durante todo el tratamiento y apunta que será imprescindible el informe médico favorable antes del tratamiento hormonal. En los artículos 15 y 17 se hace referencia a los derechos de utilización de espacios por parte de las personas trans “sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o niñas”. Y esto, según el Gobierno «vulnera» el «principio de igualdad» recogido en el artículo 14 de la Constitución y supone un «uso discriminatorio del lenguaje».
Respecto a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, el Ejecutivo pide que se modifique los aspectos relativos a que las entidades y asociaciones que defienden a los colectivos LGTBI no puedan presentarse como acusación o representar a las víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores porque entiende que vulnera el artículo 149 de la Constitución, que «atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ningún procedimiento».
Madrid defiende sus leyes
Estos aspectos que el Ministerio de Igualdad pide modificar al Gobierno regional, en cualquier caso, son precisamente los asuntos que el ejecutivo de Ayuso quería introducir en el texto para diferenciarse de la norma nacional que aprobó la entonces ministra de Igualdad Irene Montero, por lo que no parece fácil que vayan a llegar a un acuerdo en los próximos seis meses.
En el Gobierno regional informa que se reunirá con el central en esta comisión bilateral «para tratar de evitar un nuevo ataque» del ejecutivo de Sánchez y aseguran que harán lo posible por evitar un posible recurso de insconstitucionalidad de sus leyes argumentando que «siguen las recomendaciones de sociedades médicas, grupos de feministas y juristas».
Además, insisten en que el informe del Ministerio de Política Territorial «no dice nada de los supuestos recortes en los derechos LGTBI que algunos grupos políticos salieron a denunciar en tromba cuando se aprobaron ambas reformas» y se limita a tres cuestiones cuya «legalidad y adecuación al marco constitucional» defenderán. Ponen también el foco en que el documento del ministerio no «cuestiona nada sobre los cambios introducidos a propósito de la supresión de apartados como el de la inversión de la carga de la prueba o la discriminación por error».
