La orientación y la identidad sexual de las víctimas fue el objetivo de uno de cada cinco delitos de odio cometidos en España entre 2002 y 2021, mientras que los ejercidos por su origen racial o étnico representaron el 18,8%; la ideología, el 15,3%; y la nacionalidad, el 10,2%. Así se desprende del estudio Análisis de casos y sentencias en materia de racismo, xenofobia, LGTBIfobia y otras formas de intolerancia 2018-2022, que muestra que la gran mayoría de las personas agresoras son españolas; las víctimas, extranjeras.
El trabajo, que se ha realizado en el marco del acuerdo de cooperación en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia −y que han suscrito por el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Estudios Jurídicos y cinco ministerio−, busca conocer la realidad de estos comportamientos delictivos. Para eso, los autores llevaron a cabo un análisis de las decisiones judiciales producidas entre 2018 y 2022 en materia de delitos de odio, todos ellos producidos a partir de 2001. Esto les ha permitido elaborar un mapa que, esperan, ayuden en la prevención de futuros delitos.
Por ejemplo, el trabajo señala que el mes donde se producen más hechos delictivos es en octubre (16%), que los días de la semana en los que hay más son los fines de semana -especialmente los sábados y domingos (33,1%)- y que la mayoría son de tarde (41%), seguido de la noche (30%) y por la mañana (29%).
También remarca la distribución geográfica desigual de los delitos de odio. Cataluña la comunidad autónoma donde se registran con mayor frecuencia (el 42% de los casos analizados), seguida de Madrid (12,8 %), Castilla y León y Canarias (7 %) y la Comunidad Valenciana (6,4 %). Por provincias, el mayor número de casos analizados se produjeron en Barcelona (38 %), Madrid (12,8%), Santa Cruz de Tenerife (6,4 %) y Valladolid (5,2 %).
Más delitos presenciales
La vía pública urbana es el escenario más habitual de los delitos de odio (31,4 %), sobre todo los motivados por antigitanismo, religión, orientación sexual y nacionalidad. Porque, por lo general, estos delitos se cometen de forma presencial. O, al menos, así fue en ocho de cada 10 casos analizados, en los que la violencia psicológica fue la más prevalente (70%) a través de intimidaciones o amenazas.
En segundo lugar, los agresores eligen el espacio virtual o las telecomunicaciones para verter su odio, sobre todo en redes sociales, con actos que suelen estar relacionados con el antisemitismo y con la ideología, nacionalidad y orientación sexual de las víctimas.
El perfil de los acusados y víctimas
El trabajo también arroja información sobre los acusados gracias al análisis de 296 individuos que, en el 70% de los casos, actuaron de forma individual. Así, han observado que la gran mayoría de los agresores son hombres (86%) mayores de edad (88%). Pese a que la edad exacta de los acusados no figura en la mayoría de las resoluciones analizadas, «el estudio puede concluir que oscila entre los 13 y los 77 años, siendo la media de 32,3 años y la edad más común, los 21 años». El dato sobre su nacionalidad, que figura en la mitad de los hechos sometidos a estudio, muestran que ocho de cada 10 tienen nacionalidad española.
Además, el 15,3% de los acusados estaba afiliado a un grupo claramente identificado por su ideología. El estudio señala que la mayoría se identifica con una ideología de extrema derecha (54,3%). Le siguen «los grupos extremistas religiosos (15,2 %), los grupos de extrema izquierda (13%), los grupos proetarras (6,5%) y los independentistas catalanes ultras (4,3%)».
En un tercio de los casos analizados existía algún tipo de relación entre acusado y víctima. Lo más habitual es que se conozcan de forma genérica (66,7%), tengan una relación laboral o escolar (21,1%), sean pareja (4,2%) o sean amigos (4,2%).
De las víctimas, seis de cada diez son hombres y nueve de cada diez (89%) mayores de edad, con una media de 30,7 años. Al contrario de lo que sucede con los acusados, la mayor parte (83,3%) son extranjeras y proceden principalmente de países de Latinoamérica (Ecuador, Venezuela y Colombia) y de países africanos (Marruecos y Senegal). El 16,7 % restante, son españolas. Además, casi siete de cada diez pertenecen a un grupo específico. La categoría más representativa es la de las minorías étnicas, religiosas o los colectivos vulnerables, a la que pertenecen el 56,1% de las víctimas; por detrás, el colectivo de extranjeros (33,8 %) y los grupos políticos (5%).
Sentencia y pena
Con todo, en el 65% de los supuestos analizados las sentencias dictadas contienen un fallo condenatorio. El tiempo de resolución se sitúa en una media de uno a tres años en la mayoría. La motivación ideológica es la que concentra un mayor número de condenas (el 18,4%), mientras que las absoluciones más frecuentes tienen que ver con hechos discriminatorios por orientación e identidad sexual de la víctima (26,2 %) y pertenencia a una raza o etnia (23,8%).
Además, en un tercio de los asuntos analizados (33,3%) el órgano judicial impuso penas de prisión, siendo esta medida la más frecuente, con una duración media de un año, un mes y cuatro días. El segundo lugar lo ocupan las penas de multa (23%) y la de inhabilitación para el sufragio pasivo (20,3%). En menor medida, se impusieron penas de inhabilitación especial (12,5%) y de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima o los perjudicados (7,7%), entre otras.
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