El Gobierno aprobará la subida salarial del 2% prevista este año y todavía pendiente para los empleados públicos sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así lo ha confirmado este martes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros. Más de tres millones de empleados públicos están pendientes de la revalorización de sus sueldos, ya que de dicha decisión no solo dependen los empleados del Estado, sino también los de los ayuntamientos y servicios gestionados por las autonomías, como la Generalitat.
La aprobación oficial del incremento retributivo irá ligado a una enmienda añadida al real decreto de medidas frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Lo que acelerará su entrada en vigor, dado que la negociación de las nuevas cuentas públicas todavía está en una fase muy embrionaria. Sin embargo, la convalidación del real decreto y la enmienda todavía no tiene fecha concreta y distintas fuentes sindicales consultadas confían en poder verla materializada o entre la nómina de abril o la de mayo.
Sea en la nómina de abril, mayo o posteriores, lo que es seguro es que el incremento retributivo será con efecto retroactivo a 1 de enero del 2024. Lo que obligará a las administraciones a abonar una ‘paguilla’ compensatoria con el equivalente a los meses en los que no se haya aplicado la subida. De momento serán tres seguro -enero, febrero y marzo- y en función de la demora del real decreto se añadirá uno o dos más.
Ayuntamientos y autonomías pendientes
Más de tres millones de empleados públicos tienen el sueldo congelado desde principios de año. El adelanto electoral y posteriormente la compleja formación de Gobierno perjudicó al funcionariado, que vio como en el último Consejo de Ministros del 2023 no se incluía la revalorización de sus remuneraciones. Está firmado entre el Ejecutivo y las centrales que las nóminas públicas suban un 2%.
Desde los sindicatos aplauden que el Gobierno haya decidido adelantarse a los presupuestos generales, pero tampoco acaban de estar cómodos con la fórmula de introducir la revalorización vía enmienda. CCOO y UGT, críticos hasta ahora con el Gobierno por demorar esta cuestión, han celebrado en un comunicado su cambio de criterio. Desde Csif, el otro sindicato más representativo, asocian el adelanto a sus anuncios de movilizaciones si esta carpeta no se redirigía.
Del real decreto que acabe convalidando el Congreso están pendientes las comunidades autónomas, los ayuntamientos y demás empresas públicas. Y es que hasta que el Gobierno no de luz verde, estas no pueden incorporar a sus nóminas la revalorización del 2%.
El aumento salarial que algunos funcionarios sí cobrarán en la nómina de este próximo marzo será la subida del 0,5% vinculada a los objetivos del PIB. Así se comprometió a ello la Generalitat con sus empleados.
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