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PSC y ERC no son socios, pero lo parecen

El PSC y ERC mantienen una relación singular. Es poco habitual que un gobierno en minoría clamorosa dependa para sobrevivir de la colaboración del primer partido de Cataluña que está afilando el programa para sustituir al gobierno que sustenta. Es una entente pragmática sustentada en una buena relación personal entre el primer secretario de los socialistas, Salvador Illa, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés; sin embargo, públicamente, es poco cordial, porque electoralmente incomoda a ambos partidos. Aunque no por igual. Los republicanos, presionados por su debilidad parlamentaria, lo viven como un mal menor y los socialistas, calentando motores para las autonómicas, como una inversión para recuperar la centralidad institucional.

Republicanos y socialistas discrepan de muchas cosas, entre ellas, la razón de esta entente que permite desde hace más de un año a Pere Aragonés gobernar al trantrán, agotar la legislatura sin sobresaltos y tal vez con presupuestos nuevos. Para ERC, es poco menos que una obligación del PSC, una contrapartida de obligado cumplimiento dados los acuerdos que suele alcanzar el partido de Aragonés con el PSOE para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa. El PSC, por su parte, presenta esta situación como un ejemplo de la responsabilidad del partido con el país, un intento de evitar que la parálisis de la Generalitat no acabe por perjudicar a los catalanes más de lo que ya lo hace y como una apuesta por la reconciliación.

Sin embargo, ERC y PSC coinciden en un interés táctico evidente: marginar a Junts de los centros de poder, aunque la aritmética electoral les jugó una mala pasada en el último suspiro de la noche de las elecciones generales al convertir al partido de Puigdemont en aliado imprescindible del PSOE. El Parlamento es el principal escenario de esta cooperación y todo apunta a que el Ayuntamiento de Barcelona será el escenario secundario.

El consistorio barcelonés tiene vacante desde el primer día de mandato la plaza de socio de gobierno del PSC. En tres meses se cumplirá un año del jaque mate de Jaume Collboni a Xavier Trias utilizando los votos de los Comunes y el PP. El PSC disfruta de la alcaldía, pero sus 10 concejales dan para muy poco; de entrada, no ha podido aprobar los presupuestos municipales. ERC tiene 5 concejales, un número insuficiente que deja a los socialistas lejos de la mayoría, no obstante, aporta al alcalde la tranquilidad de hacer imposible un frente mayoritario de la oposición de Junts, los Comunes y los republicanos para pensar en una moción de censura. Aun así, este es el pacto que se abre paso día a día, en detrimento de una alianza con Ada Colau que les acercaría mucho más a la mayoría, o con Xavier Trias que permitiría un gobierno con mayoría absoluta.

Las incompatibilidades y vetos cruzados entre Junts y Comunes y entre ERC y Comunes parecen condenar al alcalde Collboni a elegir entre uno de ellos. Este oferta a ERC de visibilidad en el Ayuntamiento de Barcelona se explica, esencialmente, por la entente no presentada nunca en público, más bien negada a menudo, cuando arrecian las críticas de desde Junts o el PP. Los Comunes, que, tanto en el consistorio barcelonés como en el Parlament, son imprescindibles para que ERC y PSC puedan redondear las mayorías absolutas mantiene un perfil bajo, esperando acontecimientos.

La entente catalana de los dos rivales mejor colocados para gobernar la Generalitat, vivamente enfrentados no hace tanto por el Procés, ha sido posible por las exigencias de la coyuntura, pero también por las modificaciones introducidas por ambas partes en sus posiciones políticas respecto al conflicto en Cataluña. Los socialistas lo han hecho a golpe de pasos gigantes (indultos, reforma Código Penal, amnistía) y Pere Aragonés mediante pasitos para atrás disimulados con declaraciones solemnes diciendo lo contrario. En pocas semanas, y sin que se notara el empeño, el presidente de la Generalitat ha desactivado la exigencia ineludible de la mesa de negociación y, en los últimos días, también ha aplazado sine die la convocatoria de los partidos catalanes que debía validar su idea de un “acuerdo de claridad” como fórmula para acordar con el estado la convocatoria de un referéndum.

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