El Instituto de Estudios Económicos (IEE) critica la sobrerregulación en el mercado del alquiler. El centro de estudios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su último informe ‘La colaboración público-privada y el reto de la vivienda’, señala que, en los últimos años, se han implementado medidas en materia de regulación de la vivienda, «que han supuesto un quebranto del derecho de propiedad y un lastre para lograr una verdadera mejora en el acceso a la vivienda, en particular, de las familias más vulnerables por su situación socioeconómica».
Las dos medidas que ha criticado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE y vicepresidente de la CEOE, han sido los controles de precios y las moratorias de los desahucios, ambas incluidas en la Ley de Vivienda aprobada en mayo en el Congreso de los Diputados. «Estas medidas provocan la retirada de viviendas del mercado de alquiler, que impacta directamente en las capas de población más vulnerables. El control del alquiler es ineficiente y contraproducente porque se reduce la cantidad de oferta y aumenta los precios. Aunque la Ley de Vivienda esté bien intencionada, resulta pernicioso para las clases más bajas que quieren acceder al alquiler», ha señalado durante la presentación del estudio.
Objetivos «tremendamente ambiciosos» del Gobierno
El IEE ha valorado positivamente el objetivo del Ejecutivo de levantar durante la presente legislatura 184.000 viviendas que se destinen al alquiler a precios asequibles. Sin embargo, lo ha calificado de «tremendamente ambicioso». «Se trata de un objetivo ambicioso porque anualmente se construyen alrededor de 100.000 viviendas en régimen libre. Levantar 184.000 inmuebles en cuatro años supone desarrollar 46.000 pisos sociales al año. Sería prácticamente la mitad de las viviendas que se están construyendo actualmente», explicó Íñigo Fernández de Mesa.
Desde el centro de estudios de la CEOE creen que, con la situación actual de déficit público y la escasez de recursos, las diferentes administraciones públicas deberán implementar medidas de colaboración público-privada para desarrollar la política de vivienda. Una medida que han destacado, que ya están desarrollando varias comunidades o ayuntamiento, incluso Sareb, es la promoción de vivienda en alquiler asequible y su posterior explotación por parte de empresas privadas sobre suelos públicos.
El informe también invita a utilizar el parque residencial ya construido. «Los grandes fondos han contribuido y contribuyen a la profesionalización mercado alquiler. Hay que contar con ellos y no castigarlos. Hay una oportunidad de usar el parque de viviendas actual, que es elevado, para que colaborando se puedan desarrollar viviendas en alquiler asequible. Podría ponerse un aval público del Tesoro o del ICO que garantice el cobro de rentas a cambio de que el precio del arrendamiento sea asequible. Cuando el propietario tiene la seguridad de que va a recibir su renta, está dispuesto a alquilar mucho más barato. Hay que reducir el riesgo para el propietario de alquilar, que se traducirá en el número de viviendas que se ponen en el mercado y, por ende, el precio del alquiler se reduce», ha concluido el presidente del Instituto de Estudios Económicos.
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