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La inclusión del aborto en la Constitución francesa: ¿Gran avance feminista o medida simbólica?

Es una posible primicia mundial. La Asamblea Nacional y el Senado debaten este invierno en Francia la inclusión del aborto en la Constitución. La Cámara Baja ya aprobó por unanimidad (493 votos a favor y 30 en contra) en primera instancia el 30 de enero el hecho de añadir un nuevo artículo en la Carta Magna sobre “la libertad garantizada de las mujeres” para interrumpir voluntariamente el embarazo. La Cámara Alta tiene previsto votar esa medida el 28 de febrero. Esta segunda votación se augura decisiva, teniendo en cuenta que los representantes de Los Republicanos (LR, afines al PP) —el partido más reacio a esta reforma constitucional, incluso más que la ultraderechista Reagrupación Nacional— resultan mayoritarios entre los senadores.

Para reformar la Constitución francesa, hace falta que la Asamblea y el Senado voten una versión idéntica de esa modificación. Luego, se necesita el respaldo ciudadano en un referéndum o de dos tercios de diputados y senadores. En el caso del aborto, está previsto que ese escrutinio en formato Congreso (diputados y senadores reunidos en un mismo hemiciclo) tenga lugar el 5 de marzo en Versalles. Tres días antes del Día Internacional de la Mujer, Francia podría convertirse en el primer país en el mundo en dar un valor constitucional a la posibilidad de interrumpir el embarazo. Pero todo este proceso dependerá de los senadores, quienes ya postergaron una primera reforma parecida hace un año.

Más allá de la complejidad de este parto legislativo, esta reforma constitucional sobre el aborto genera ciertos interrogantes, incluso en el seno del feminismo galo. ¿Cuál es su finalidad? ¿Se trata de un avance feminista histórico? ¿O una decisión más bien simbólica que corre el riesgo de dejar de lado las mejoras concretas (plazos, atención médica…) para las personas que quieren abortar?

Un avance “simbólico”

El hecho de inscribir el aborto en la Carta Magna “significa que pasa a formar parte de la pirámide normativa francesa. Resulta mucho más complicado modificar la Constitución que una ley“, destaca la abogada Violaine de Filipis-Abate, portavoz del colectivo Osez le Féminisme!, en declaraciones a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica. Esta jurista lamenta que finalmente la reforma no hable de “derecho” —como sucedía con una primera versión votada en noviembre de 2022 en la Asamblea Nacional—, sino de “libertad garantizada”. Un cambio hecho para contentar a la mayoría de la derecha republicana en el Senado. “El reconocimiento del derecho al aborto hubiera resultado mucho más exigente para el Estado, que tendría que garantizar los medios para ejercerlo. El concepto libertad es menos protector”, explica esta activista.

“Es una medida básicamente simbólica para decir que Francia no es como Estados Unidos“, explica la socióloga Laurine Thizy. Según la autora del libro Sociologie de l’avortement, tanto la izquierda como los partidos afines al presidente Emmanuel Macron pusieron en el centro de la agenda esta medida en reacción a la sentencia en junio de 2022 de la Corte Suprema estadounidense. Ese fallo ha permitido que al menos 14 estados norteamericanos hayan ilegalizado el aborto. 

¿Un derecho amenazado?

No obstante, la situación en Francia tiene diferencias evidentes respecto al otro lado del Atlántico. La mayoría de los franceses no solo apoyan que el aborto sea legal, sino también el hecho de darle un valor constitucional. El 81% de ellos asegura estar a favor de incluirlo en la Constitución, según un sondeo reciente del instituto Ifop. Tanto el partido ultra de Le Pen como el de Zemmour defienden la ley Veil, que legalizó el aborto en 1975.

“La interrupción voluntaria del embarazo no está amenazada en Francia“, afirmó el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, para justificar su oposición al hecho de inscribirla en la Carta Magna: “La Constitución no es un catálogo de derechos sociales y societales”. “A los que afirman que del aborto no está amenazado en Francia, les digo que no escribimos la Constitución para el presente, sino sobre todo para el futuro“, respondió el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti.

“Hasta hace unos meses me parecía inverosímil la posibilidad de que hubiera retrocesos en Francia, pero ahora empiezo a estar más preocupada cuando veo que resurgen en el debate público discursos natalistas más bien propios de finales del siglo XIX”, afirma Thizy, refiriéndose a la controvertida expresión de “rearme demográfico” utilizada por Macron durante su rueda de prensa del 16 de enero para reivindicar políticas que aumenten la natalidad. La tasa de fecundidad disminuyó de manera significativa durante los dos últimos años en el país vecino, hasta caer al 1,7 —un índice superior a la media de la Unión Europea—.

“Debe servir para mejorar el resto de aspectos”

Según esta experta, “el hecho de darle un valor constitucional debería servir para mejorar el resto de los aspectos”, como los plazos o el acceso a clínicas para interrumpir el embarazo. “Pero me temo que esta medida simbólica sirva para justificar una política que no invierte lo suficiente en la sanidad pública“, añade refiriéndose a los precarizados hospitales en Francia. O se utilice como excusa para “no mejorar la formación de los médicos o la educación a la sexualidad de los adolescentes”.

Aunque esta reforma constitucional dificultaría una eventual ilegalización del aborto, no impediría que ese derecho se viera menoscabado por otro tipo de medidas, como una posible reducción de los plazos. En el país vecino, tanto las menores como las mayores de 18 años pueden abortar hasta las 14 semanas de embarazo. Es un periodo superior al de Alemania (12), pero inferior al de España (22), Países Bajos (22) o Reino Unido (24). Entre 3.500 y 5.000 francesas van cada año al extranjero para interrumpir su embarazo. Y muchas de ellas acuden a clínicas de Girona o Barcelona.

“Para aquellas mujeres que viven en el campo resulta mucho más complicado interrumpir el embarazo que para las de las grandes ciudades”, recuerda Thizy sobre el desigual reparto de los servicios públicos en función de los territorios en Francia. Una de cada cinco tiene que hacerlo en un departamento (provincia) diferente de donde reside, según datos gubernamentales del año pasado. Según recuerda De Filippis-Abate, esta reforma constitucional “no resolverá por sí sola los problemas concretos de acceso al aborto”.

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