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Anticorrupción aumenta la pena para Alfonso grau y pide investigar a su exasesor por falso testimonio

La Fiscalía Anticorrupción ha aumentado levemente la pena que pide para el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en el juicio por la caja b del PP de Valencia, investigada en el caso Taula. El Ministerio Público ha añadido la falsedad documental a los delitos de malversación y cohecho de los que acusaba a Grau, el exconcejal no adscrito de Valencia y exgerente de varias fundaciones, Juan Eduardo Santón, y el exdirector de la Fundación Valencia Turismo Covention Boureau. Las penas solicitadas para tres los acusados aumentan por tanto dos meses. Grau se enfrenta así a nueve años y dos meses de cárcel. Y Santón y Salinas a cinco años y dos meses de prisión. El Ministerio Público mantiene la petición de un año de cárcel para la exsecretaria del grupo municipal del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, por un presunto delito de cohecho.

El Ministerio Público también ha solicitado que se deduzca testimonio contra el exasesor de Alfonso Grau, Jesús Gordillo que en su declaración como testigo se desdijo de todo lo declarado desde 2016 y responsabilizaba al empresario muerto, Vicente Sáez Tormo, de los pagos irregulares durante la campaña electoral de 2007. Anticorrupción pide investigar por falso testimonio a Gordillo, una decisión que se adptará en sentencia.

Por tanto se juzga a estos cuatro estrechos colaboradores de la alcaldesa de Valencia de 1991 a 2015, Rita Barberá, por los presuntos delitos de malversación, cohecho y falsedad documental supuestamente cometidos durante las elecciones de 2007 y 2011. Se les investiga por malversación por el uso de tres fundaciones municipales para supuestamente desviar 1,7 millones de euros de presupuesto público para financiar los gastos electorales en las campañas de 2007 y 2011. Unas elecciones que también se financiaron a través de aportaciones dinerarias de contratistas del Ayuntamiento de Valencia a las consultoras de comunicación Laterne Product Council (campaña de 2007) y Trasgos Comunicación (2011), contra los que no se actúa judicialmente porque los hechos han prescrito. Y en el caso de Laterne la empresa ha desaparecido.

En esta pieza A del caso Taula también se investigaba el presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) contra cincuenta exconcejales y exasesores del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia en las elecciones de 2015. Esta parte de la investigación fue archivada por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia en un auto notificado el 14 de diciembre de 2021. Los magistrados de la sección cuarta consideraron que no existía relación entre el presunto dinero negro o en «B» que manejaba Alfonso Grau en las campañas electorales de 2007 y de 2011 y el que presuntamente se le devolvió a los exediles y exasesores en la campaña de 2015 (en dos billetes de 500 euros). La decisión de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, fue confirmada por el Tribunal Supremo.

El juicio en la sección segunda de la Audiencia de Valencia por la presunta caja B del PP de Valencia se retomará el próximo lunes con los informes de las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción y Compromís, y de las cuatro defensas, por lo que el próximo martes podría quedar ya visto para sentencia.

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