El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este martes una auditoría externa a todo el sector público ante las «irregularidades» detectadas en estas empresas por la Sindicatura de Comptes y otras entidades fiscalizadoras así como el cierre de seis de estos organismos por «duplicidades» con otros ya existentes. El jefe del Consell ha acusado al anterior gobierno de contratar a dedo por más de 700 millones de euros, de pagos a terceros «sin control ni autorización» y de «falta de rigor» en el manejo de los recursos públicos, un «conjunto de alarmas» que llevan a este estudio pormenorizado de todo el sector público. Los resultados se esperan para final de año.
Mazón ha justificado la supresión de entidades por las «duplicidades» en las que incurrían, ya que sus competencias según ha defendido estaban ya cubiertas por otras direcciones generales ya existentes. Así, desaparecerán la Agencia Valenciana de la Energía, la de Digitalización y Ciberseguridad, la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular, la de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública.
Mazón ha asegurado que el personal «no político» adscrito a estos organismos «se incorporará» a las direcciones generales que ya cumplen con estas tareas. «No hay nada que temer salvo que hayan cometido alguna irregularidad», ha señalado el popular, que ha confirmado que esta medida no supondrá un ahorro para la caja pública ya que estos entes todavía no estaban operativos. «No suponen un gasto porque no fueron capaces de desarrollarlas, pero evitamos abrir la puerta a contrataciones a dedo. Cerramos la puerta al enchufismo, que la dejaron convenientemente preparada», ha insistido Mazón.
El president ha señalado que «todos los informes técnicos de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat ponen de manifiesto el descontrol y el malgasto» del anterior gobierno de PSPV, Compromís y Unides Podem. De todos ellos, ha destacado cinco conclusiones principales: «procedimientos de contratación irregulares», falta de rigor en el manejo de recursos públicos», «duplicidades de gasto», «retribuciones a trabajadores a dedo al margen de la ley» y «pagos a terceros sin control ni autorización».
Mazón ha aireado algunos datos de esos informes para justificar las auditorías y el cierre de las seis empresas públicas, por ser un «pozo sin fondo» y una «barra libre» de la contratación a dedo. Por ejemplo, ha recordado que «solo 4 de las 54 empresas del sector público han recibido una valoración positiva» de estas fiscalizaciones. Asimismo, ha criticado que las adjudicaciones a dedo de los últimos cuatro años ascienden a 254.000 contratos por valor de 713 millones de euros y el incremento de la plantilla con el Botànic, que ha cifrado en el 35 % de aumento en personal y del 47 % en gasto, subiendo de 400 a 600 millones.
Doble auditoría en busca de responsabilidades penales
Ante la «gravedad» de la situación, Mazón ha anunciado que iniciará «ya» los trámites para realizar una auditoría pormenorizada de todo el sector instrumental en su conjunto. Está será encargada a una empresa externa, a través de una licitación en la que se está trabajando actualmente. El trabajo incluye una auditoría «forensic» para las entidades sobre las que existe una mayor sombra de sospecha. Se trata de estudios muy detallados, según ha comentado, para «conocer exactamente dónde ha ido cada euro». «Vamos a poner a los mejores profesionales a comprobar, uno a uno, los gastos que se han producido para conocer las irregularidades y exigir, allá donde haga falta, las responsabilidades administrativas e incluso penales que se hayan podido producir», ha advertido.
En paralelo, se pondrá en marcha otra auditoría operativa de todas las empresas públicas para detectar «duplicidades e ineficiencias» como las que han llevado a decretar el cierre de los seis organismos. No se descartan más supresiones, ha dicho Mazón.
