El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apuntado este miércoles directamente ante el juez al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el organismo que le espió a través de su teléfono móvil utilizando el programa Pegasus, según las fuentes judiciales consultadas por este diario. El mandatario catalán explicó en su declaración ante el magistrado, que duró unos 45 minutos, que el periodo en que su teléfono fue interceptado, entre julio de 2018 y marzo de 2020, coincidió con la formación del Gobern de Quim Torra (la intromisión se efectuó un mes después de la constitución del ejecutivo catalán), la primera moción de censura presentada por Pedro Sánchez, los presupuestos y la Mesa de Diálogo. En todas esas negociaciones él obstaba la máxima representación como dirigente de ERC.
Aragonès compareció este miércoles ante el juez que instruye la causa abierta a raíz de una querella presentada por él por el espionaje de su teléfono y que se confirmó por el informe pericial realizado CintizenLab. El presidente de la Generalitat ratificó en el juzgado la querella y contestó tanto a las preguntas del juez, como de la fiscalía y su abogado, Andre Andre Van den Eynde. La abogacía del Estado no asistió al interrogatorio, a pesar de que representa a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por ahora la única imputada en el caso.
«Es una obligación ética y moral desclasificar los documentos para que se sepa toda la verdad»
La intervención del teléfono particular del dirigente de ERC, donde no sólo guarda información sobre asuntos de relevancia política, sino también datos y fotos personales, fue infectado con Pegasus a través de mensajes de móvil. Es decir, SMS. Se desconoce la información que pudo sustraerse, ya que, según fuentes conocedoras del proceso judicial, el ‘president’ no se percató de que su teléfono había sido intervenido, pues no notó nada. Además, según las mismas fuentes, uno de los periodos en que fue espiado se corresponde al inicio de la pandemia de covid, cuando se hizo más habitual el uso del móvil para las comunicaciones con terceros.
A la salida de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, Aragonès ha afirmado ante los medios de comunicación que era «una obligación moral y ética» para que se conozca «toda la verdad del espionaje» a una sesenta persona vinculadas al independentismo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desclasifique los documentos sobre estas operaciones. El presidente ha recalcado que uno de los objetivos, además aclarar la verdad sobre este tipo de operaciones, es evitar que cualquier ciudadano de Cataluña sea espiado «por su ideología», lo que ha calificado de «intromisión ilegítima». Ha recordado que con el uso de Pegasus se atacó también su intimidad, pues el móvil guarda fotos personales. E instó a que se tome «todas las medidas» para que no produzcan en un futuro hechos de estas características, que tildó de «muy graves»-. Y repitió: «El objetivo es que se sepa toda la verdad, que se aclare quien lo ordenó y como se usaron los datos sustraídos» a través de Pegasus.
La exdirectora del CNI
El juez de Barcelona Santiago García García, titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, citó en su día también para este miércoles como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban. Sin embargo, y a petición de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, aplazó para más adelante, quizá a principios del 2014. Esteban alegó que no había podido tener acceso a toda la documentación del caso, por lo que se pidió más tiempo al juez instructor, quien ha aceptado posponer la declaración de la exjefa de los espías al próximo mes de enero. Cabía la posibilidad de que la exresponsable del CNI no contestara a determinadas preguntas precisamente por la no desclasificación de documentos. Precisamente, la Abogacía del Estado ha recurrido la petición del juez de desclasificar los documentos.
Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI y la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022, si bien el juzgado se inhibió en un principio ante la Audiencia Nacional, a instancia de la fiscalía, al considerar a este tribunal el competente por ser el presidente catalán una alta autoridad del Estado. Esta decisión fue revocada en junio pasado por la Audiencia de Barcelona, por lo que finalmente el magistrado Santiago García García asumió el caso. En un auto de mediados de octubre, el magistrado acordó admitir a trámite la querella y requirió al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno español, con sede en la Moncloa, si el servicio de inteligencia a «cualquier otro organismo gubernamental español» ha adquirido o utilizado el programa, qué personas intervinieron en su adquisición y que le remitieran cualquier registro de eventos, incidencias o datos en relación con el número de teléfono de Aragonès. Asimismo, reclamó al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que le enviaran certificación sobre si el CNI compró el programa a la empresa israelí NSO y otras compañías y sobre su coste.
