Cuando salió el informe PISA 2018, EL PERIÓDICO reflexionó, en un editorial, que el empeoramiento general no debía tomarse «como un fracaso irremediable pero sí como un serio aviso, en especial por lo que hace referencia a la evolución futura de las pruebas». Cuatro años después, una vez hecho público el informe correspondiente a 2022 (retardado un año a causa de la pandemia), los datos que facilita la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a partir de las pruebas efectuadas en jóvenes de entre 15 y 16 años (4º de ESO), son más que preocupantes, son, a estas alturas, más que un «serio aviso». Son la constatación, ahora sí, de un fracaso escolar sin precedentes. Porque la lectura del informe PISA, más allá de la fotografía del momento, que certifica un descenso notable a nivel global, debe interpretarse en función de la evolución de los últimos años. Podríamos estar de acuerdo en que determinadas circunstancias puntuales inciden en el resultado final, pero lo que es constatable (y no admite excusas) es que la trayectoria de los últimos 10 años es notablemente descendente. Los estudiantes de Aragón no han salido tan mal parados en el último informe de evaluación de conocimientos del alumnado. Sin embargo, los efectos de la pandemia, entre otras variables, han dejado a los alumnos en una peor situación respecto a resultados anteriores, sobre todo en áreas como las matemáticas y la lectura, si bien arrojan mejores rendimientos en ciencias. Pese a todo, los jóvenes de la comunidad se encuentran en una mejor posición respecto a la media de sus compañeros en España y del resto de la Unión Europea (UE), ya que se sitúan por encima de los registros del país y del entorno europeo en matemáticas, ciencias y lectura.
También es verdad que los resultados son tan contundentes que nos obligan a una reflexión que no solo ha de tener en cuenta unas desigualdades que se amplían con el tiempo, referidas asimismo a la comparación entre centros públicos y privados, sino también el modelo de aprendizaje que se ha estado implantando en el entorno educativo a partir del enfoque competencial y de innovaciones pedagógicas que priman las competencias sobre los contenidos.
Para revertir la situación convienen no solo inversiones en proyectos y planes de mejora, que ya se llevan a cabo, medidas para tratar la complejidad de los centros y evitar la segregación o un seguimiento efectivo de la responsabilidad de los docentes (con medidas que no solo aseguren la estabilización sino también una mayor dotación de recursos y un descenso de la ratio por aula), sino profundas reformas estructurales, que han de incluir un replanteamiento del sistema educativo, sin intromisiones partidistas, con el objetivo capital de que el fracaso ahora constatado sea en el futuro remediable. La situación viene de lejos, no hay un único responsable al que atribuir los malos resultados de PISA. Convendrá, eso sí, que la reversión en positivo sea fruto de un diálogo entre todos, fuerzas políticas y comunidad educativa.
