El bilbaíno de 61 años Fernando Grande-Marlaska ya tenía la confirmación en el cargo dada por el presidente Pedro Sánchez desde la mañana del pasado sábado, apuntan fuentes gubernamentales, cuando llovían todo tipo de conjeturas sobre su sustitución.
Las arrojaban, entre otros, sus principales opositores: los sindicatos policiales más próximos a la derecha y la ultraderecha, que le manifiestan una gran hostilidad pese a los incrementos de hasta un 36% de media en el salario de policías y guardias civiles a lo largo de la pasada legislatura.
El juez de la Audiencia Nacional encandiló a Sánchez en un encuentro en Madrid en 2018, antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuando el líder socalista buscaba una figura para encabezar el cartel electoral para la alcadía de Madrid. Esa ficha principal en el tablero de Sánchez ha aguantado a lo largo de la pasada legislatura varias ofensivas de la oposición, siendo la originada por la tragedia de la valla de Melilla la que le puso contra las cuerdas y le granjeó enemigos no solo en las cámaras, también en el lado izquierdo del Consejo de Ministros.
Pero a lo largo de estos últimos años tan convulsos Sánchez ha optado siempre por mantener estable hasta donde ha podido la arquitectura de seguridad de su gobierno. Las únicas excepciones -los ceses y dimisiones en las direcciones del CNI y de la Guardia Civil- han venido provocadas por circunstancias internas y no por decisión política del Ejecutivo.
El ministro manda hoy un colectivo de 156.453 efectivos, 74.458 policías nacionales y 81.995 guardias civiles. Es la mayor plantilla policial del Estado en su historia, y se encuentra sometida a una intensa acción de propaganda de la derecha y la ultraderecha en la actual crispación política, hasta el punto de que Interior ha emplezado a sancionar a agentes en activo por violar con insultos y expresiones públicas el principio de neutralidad política.
El hombre que gobierna tal cantidad de funcionarios clave había fijado una relación directa con el presidente desde los momentos duros de la pandemia, con la coordinación de diversos programas especiales de seguridad y restricción de movimiento de la población, y fue también el alfil político que más expuso Sánchez a la erosión en la aplicación del fin de la dispersión de los presos etarras, tras obetener el Ejecutivo el apoyo parlamentario de EH Bildu.
Crisis migratoria
La inmigración es ahora el flanco clave en la gestión de Interior. El momento de la renovación coge a Marlaska en plena fase final de la crisis migratoria de Canarias, ya la más grande históricamente al haber rebasado la cifra de 31.000 de la oleada humana sobre las islas que absorbió las energías de Interior en 2006, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero.
La renovación de Marlaska se explica también por, entre otras claves, el conjunto de relaciones internacionales -dos de ellas incluso en el terreno personal- que ha desplegado con los responsables de la seguridad de Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, así como con los de socios europeos clave como Francia e Italia. Interior se ha consagrado bajo su mandato en uno de los que más intensas relaciones internacionales directas mantiene con homólogos del exterior.
Esa cuestión de fondo y permanente en Interior que es la inmigración, con millares de africanos llamando a las puertas de España, se alterna en la agenda del ministro con otra urgente y coyuntural: la gestión de la seguridad del programa de movilizaciones que despliegan PP y Vox contra la amnistía y contra Sánchez. Especialmente la represión de las movilizaciones más violentas, en la calle Ferraz de Madrid, domicilio de la sede federal socialista, mientras estas se mantengan. En ese punto convulso de la ciudad de Madrid, el nombre de Marlaska es el más insultado por los manifestantes después del de Sánchez.
Hay también una crisis permanente en materia de seguridad con la violencia de género, flanco que le ha granjeado al titular de Interior fuertes presiones del ala izquierda del Ejecutivo, tan intensas o más que las que le ha provocó la crisis migratoria. Es previsible que a lo largo de 2024 el ministro anuncie nuevas medidas de refuerzo y personal, pese al incremento de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil dedicadas a este frente en un 48,5%.
Marlaska, que mantiene a las fuerzas a su cargo en alerta 4 reforzada antiterrorista, tiene pendiente dar continuidad a la Dirección General de la Guardia Civil, donde va a confirmar a uno de sus hombres de confianza, Leonardo Marcos, al que tuvo que mover desde Protección Civil para tapar el hueco que se le abrió con la salida de María Gámez y, posteriormente y en muy breve plazo, de Mercedes González. En la Guardia Civil tiene también Marlaska pendiente calmar las aguas removidas no solo por su principal sindicato, Jucil, también por sucesivas crisis con mandos (coroneles Corbí y Pérez de los Cobos) y una polémica cesión de competencias policiales en Navarra.
