El texto de la ley de amnistía, que siguen ultimando PSOE y Junts, no tiene garantizada la firma del resto de socios de investidura, como pretenden los socialistas. En primer lugar, los partidos soberanistas no catalanes (EH Bildu, PNV y BNG) están a la espera de conocer el texto para tomar una decisión y exhiben como línea roja que no incluya casos relacionados con corrupción. En segundo lugar, algunos de ellos dudan de la conveniencia o no de plasmar su firma en la proposición de ley, que se prevé registrar en el Congreso antes de la investidura, debido a que no han participado en la negociación. Aunque todos ellos garantizan su apoyo durante la tramitación parlamentaria, dejan en el aire si escenificarán una implicación mucho mayor a través de su firma.
Desde el PNV, fuentes parlamentarias argumentan además que el PSOE no les ha solicitado “por el momento” que plasmen su firma en el hipotético texto. En el BNG muestran todavía más dudas. Fuentes de la cúpula de la formación nacionalista gallega explican que lo “lógico” sería que la norma estuviese firmada por los partidos que la han negociado. No es su caso, alegan, y solo se inclinarán por firmarla si hay un consenso entre todos los socios potenciales. Con todo, este lunes se inclinaban por no hacerlo, aun garantizando su voto a favor en el Congreso.
En EH Bildu se mantienen también a la expectativa. “Veremos cómo queda” el redactado de la ley, aducen fuentes de la formación abertzale, poniendo el foco en que todavía se siguen cerrando los últimos escollos técnicos entre PSOE y Junts. Si bien insisten en que son partidarios de la amnistía “para desjudicializar el conflicto y devolverlo a la política”, prefieren mostrar cautela sobre su decisión de firmar o no la norma “hasta conocer el texto final”. Sobre todo, después de que se especulase con la pretensión de Junts de incluir casos no directamente vinculados al ‘procés’.
Incluso ERC ha avanzado que revisará el texto pactado con los posconvergentes para que no incluya “casos de corrupción”. Una línea roja que comparten otros de los aliados. La portavoz de los republicanos, Raquel Sans, avisaba este lunes a los posconvergentes de que la amnistía no puede cubrir «casos de corrupción» porque «no se enmarcan en el proceso independentista». No se refirió a causas concretas, pero durante los últimos días sobrevuelan los nombres de la presidenta de Junts, Laura Borràs o de Josep Lluís Alay.
Fuentes socialistas niegan que se estén poniendo nombres de posibles beneficiarios sobre la mesa y argumentan que los puntos de fricción que esperan pular en las próximas horas tienen que ver aspectos “técnicos” de la norma. Por este motivo, las mismas fuentes concluía ayer que hasta que “los juristas no vean que está atada, no podemos firmar”. La intención, que comparten el resto de aliados de investidura, es que la amnistía sea impecable desde el punto de vista de la seguridad jurídica, tanto para tener luz verde del Tribunal Constitucional, como para que no sea un coladero de causas no relacionadas directamente con el ‘procés’ independentista.
La firma compartida del hipotético proyecto de ley supone para los socios una implicación mucho mayor que su voto a favor posterior en el Congreso. Es por ello que no se quiere comprometer una firma a ciegas. Con todo, desde partidos como el BNG aseguran que sus reticencias no se deben al coste electoral que podría granjearles la polémica medida. Según el análisis de fuentes de la dirección del partido, la amnistía no tendría coste electoral, con los comicios gallegas a la vuelta de la esquina, al contrario que el posible agravio por una quita de la deuda a Cataluña que generase un sentimiento de desigualdad.
Un extremo que han alejado al incluir en su pacto con el PSOE que se compasará a Galicia de forma “análoga” a la condonación de la deuda de Cataluña. El acuerdo rubricado este lunes en el Congreso por la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, recoge que “en caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por CC.AA. adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica, establecimiento de medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones a aquellas CC.AA. que no hicieron uso del FLA”.
La intención del PSOE, que ahora queda en el aire, pasaba por diluir el coste de la amnistía con una proposición de ley que llevase la firma de todos los grupos parlamentarios favorables. Esto es, una iniciativa conjunta con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. El argumento que se puso sobre la mesa se centra en blindar el texto que se pacte con los independentistas en su tramitación parlamentaria, sin enmiendas ni debates superpuestos. Desde la dirección del PSOE defienden que la medida es una exigencia para la investidura de otros 56 diputados, contando a Sumar y los soberanistas.
Crece la presión ambiental
La reforma del reglamento para el uso del catalán, gallego y vasco en el Congreso, que partió del acuerdo con Junts y ERC para la elección de la presidencia socialista de la Mesa, Francina Armengol, sí se registró con la firma de todos los socios soberanistas menos los posconvergentes. Repetir este proceso, con la forma de todos los socios potenciales, sería el modelo a seguir. Sin embargo, algunos de los aliados recuerdan que el acuerdo para la reforma del reglamento se negoció entre todas las fuerzas.
Las negociaciones continuaban este lunes entre socialistas y posconvergentes, con el número tres del PSOE, Santos Cerdán, de vuelta en Bruselas. Hay intercambio de documentos mientras crece la incertidumbre sobre un posible acuerdo y el alcance de la ley de amnistía después de que el juez Manuel García Castellón implicase este lunes al expresident Carles Puigdemont e imputase a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas por presuntos delitos de terrorismo en la investigación que mantiene abierta desde 2019 a Tsunami Democràtic. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá el auto. Por otra parte, las protestas en frente a la sede nacional del PSOE se suceden desde el pasado viernes, para protestar contra la amnistía y las negociaciones con los independentistas. Este lunes, uno de los asistentes a la concentración, convocada por redes sociales, fue el líder de Vox, Santiago Abascal.
