Vox aventura cambios en la Ley del Mar Menor pese al alegato de «inflexibilidad» de López Miras

Hay «grandes diferencias» entre PP y Vox. Ambos líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, lo destacaron tras reunirse este martes en el Congreso de los Diputados con una «nueva etapa» entre partidos abierta. Sin embargo, en momentos excepcionales, defienden, la altura de miras se impone a la hora de entablar un acuerdo. En la Región de Murcia se han superado las diferencias insalvables, por una mezcla de entre nulas perspectivas de mejorar resultados, en el caso del PP, y como muestra de «respeto» hacia Vox, que en fuentes y en privado reconocen la «razón» de la negativa a darles entrada en el Consejo de Gobierno. «Era razonable, pero Vox es más útil con competencias», afirman.

Esas diferencias nacionales, que se han replicado a la hora de tejer pactos autonómicos, también se han dado a nivel programático en Murcia. La Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor de 2020 [impulsada por PP y Ciudadanos, y con el apoyo del PSOE la legislatura anterior] ha sido el principal objeto de disputa entre populares y el partido ultra. Y ni siquiera queda aclarado en el documento programático de legislatura qué rumbo se seguirá en los próximos años sobre esta cuestión. Las posturas son enquistadas. Los primeros la defienden como una de las grandes medidas impulsadas en la legislatura anterior ante la demanda social de preservación de un ecosistema clave para la región; los segundos, aunque comparten ese mantenimiento, creen que puede hacerse de una manera distinta, dándole equilibrio junto a un progreso económico y no «perjudicial» con el sector primario.

En la jornada previa a la votación de este jueves, en la que será elegido por mayoría absoluta (23) con los 21 votos del PP y los nueve de los diputados autonómicos de Vox, Fernando López Miras recalcó en su discurso de investidura su fiel compromiso a la «protección de los espacios naturales», y las garantías en el desecho de residuos o la implementación de las energías renovables. Será el «cuarto eje» de los 30 comprometidos del nuevo gobierno, con el Mar Menor en su centro. Frente a las peticiones de Vox de derogación de la norma, primero, y la solicitud de modificación de la misma después, el dirigente popular hizo un alegato contundente. «Cuidarlo es protegernos» en un momento en el que «las amenazas» han tornado a «hechos». Es posible la desaparición de la laguna.

«Hay que seguir promoviendo su recuperación sin adoctrinamientos ni dogmatismos. Remando todos juntos. De la mano de la comunidad científica, ganaderos o agricultores. Seré inflexible en la recuperación del Mar Menor, no es ninguna novedad. Porque el compromiso con nuestro patrimonio es incuestionable», aseguraba frente a los grupos de la Asamblea López Miras. Frente a Vox y José Ángel Antelo, su líder regional y quien pasará a ocupar la vicepresidencia y las competencias de Seguridad, Interior y Emergencias. Está valorando «varios nombres para Fomento», pero hasta la próxima semana no trascenderá. En cualquier caso, no será nadie de sus otros ocho diputados.

Vox da por descontada la modificación de una ley que creen que criminaliza al turismo, la agricultura o la construcción»

Frente a esa «inflexibilidad», fuentes de Vox conocedoras de las negociaciones dejan clara a El Independiente su demanda de que se produzcan cambios. «El pacto habla de avanzar en su protección con medidas ‘legislativas’. Esto también implica cambios o reformas en la ley vigente». Algo que no creen que entre en confrontación con los planes de López Miras. «No será un asunto conflictivo» en este mandato, auguran. Vox ha pasado de pedir la derogación a una modificación que dan por descontada, y que no ven discordante con ese objetivo de «recuperación».

Antelo ya dejaba caer tras la firma del pacto entre los portavoces parlamentarios de PP y Vox que la norma «no funciona», lo hacía en una entrevista en esRadio reciente. «Para mí es una obsesión la recuperación, es la joya de la corona y tendría que ser la California de Europa. Debemos dar pasos en esa mejora poniendo todas las medidas posibles. Pero la ley que tenemos no funciona y está perjudicando a sectores muy productivos». Se hace referencia al turismo, la construcción y el sector primario, que «se están criminalizando».

Los ‘grises’ del PP para no renunciar a la protección

La llamada a ir de la mano conjuntamente con la comunidad científica que hace el líder del PP regional es incompatible con la visión de Vox sobre este asunto. Mientras que los populares avalan que la contaminación de la laguna se debe al desplazamiento, a causa de las lluvias, de los fertilizantes empleados por la agricultura o los purines de la ganadería, Vox defiende que es consecuencia de la mala depuración de las aguas residuales que hacen, a su juicio, los municipios ribereños. De hecho, al entrar en vigor la ley, se amplió de medio a un kilómetro y medio la franja de protección que prohibía cultivos o invernaderos cercanos al Mar Menor, así como la instalación de diques en esas explotaciones para evitar el traslado de contaminantes por el tránsito de agua pluvial.

Las competencias de Fomento harán que Vox tenga la última palabra sobre el Plan de Ordenación Territorial que limita la actividad urbanística, agrícola y turística en la zona»

En vista a lo que recoge el documento de gobierno, pueden estimarse qué exigencias básicas de Vox permitirían a López Miras dejar intacto la actual legislación. Hay un compromiso para «la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan» a la «conservación» del Mar Menor y la puesta «en marcha de nuevos mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para que cada euro invertido redunde en el máximo beneficio para el ecosistema». Ello va en consonancia de las principales peticiones que hasta la fecha ha hecho Vox para resolver el problema.

Se trataría de incluir la obligada construcción de redes de agua separativas, entre pluviales y residuales; y la apertura de las golas presentes en La Manga, caso de la de la Encañizada o de Marchamalo, para «oxigenar» el agua de la laguna, y cuyas competencias dependen del Gobierno central. López Miras ya lo exigió con el apoyo de Vox, centrándose en Marchamalo. Lo hizo el 20 de agosto de 2021, tras un Consejo extraordinario del Ejecutivo. La respuesta desde Madrid, y bajo el planteamiento de ir a la justicia de no aceptarse, fue que de proceder se podría «sacrificar la laguna, quizá de forma irreversible». Por último, un tercer punto que exige Vox es una red de drenaje agrícola perimetral y la mejora de las depuradoras, con tratamientos terciarios.

Fomento da a Vox influencia en la ordenación territorial

Aunque a priori las competencias gubernamentales que tendrá Vox le aíslan de los grandes nichos ideológicos, las competencias de Fomento dan a Antelo capacidad de influir en el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca del Mar Menor, que regulará las actividades económicas, agrícolas y de desarrollo urbanístico de la zona y que se elabora en conjunto con Medio Ambiente, cartera que gestionará el PP. El plan se encuentra en estado de borrador y a la espera del visto bueno de los municipios afectados, José Ramón Díez de Revenga.

La decisión final sobre el mismo la tendrá Vox, lo que augura con toda probabilidad nuevas modificaciones en la ordenación que dilaten su aprobación. Mientras tanto, y tras la votación del viernes pasado, la moratoria que impedía poner en marcha nuevos proyectos urbanísticos decayó con el rechazo unánime de todos los grupos. Desde Vox al PSOE y Unidas Podemos. La justificación de la izquierda, en este caso, es que esa moratoria, vía decreto ley, abría la puerta a que se siga edificando. Algo que ahora se podrá hacer sin limitaciones hasta la aprobación del Plan, que complementará la Ley tres años después de su aprobación.