El Gobierno de Carlos Mazón emerge como ariete del PP contra un independentismo crecido por las cesiones de Pedro Sánchez a Junts. La Generalitat Valenciana lideró este viernes la reacción oficial contra el uso del catalán con requerimientos al Congreso y al Consejo de la Unión Europea. Y no es una respuesta puntual. El Ejecutivo autonómico tiene la determinación de ejercer de «contrapeso al pancatalanismo», según comentaron este viernes fuentes del Ejecutivo autonómico.
La Generalitat tiene una razón de peso para tildar así el pacto PSOE-Junts para que «catalán, euskera y gallego» sean usados en la Cámara Baja y el alto organismo comunitario. El Ejecutivo de Mazón cree que la exclusión del valenciano contraviene la Constitución Española y representa una clara cesión pancatalanista, al denominar como «catalán» a la lengua de la Comunidad Valenciana. «Excluir al valenciano contraviene la Constitución, no nos vamos a callar«, trasladan las mismas fuentes.
Más allá del debate filológico, la Carta Magna establece en su artículo 3 que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos». Y el Estatuto de Autonomía valenciano afirma con contundencia que «la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano«.
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La Acadèmia Valenciana de la Llengua también incide en su denominación diferenciada en el Diccionari Normatiu Valencià. La define como «lengua románica hablada a la Comunidad Valenciana, así como en Cataluña, las Islas Baleares, el departamento francés de los Pirineos Orientales, el Principado de Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda del Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán».
Cargado de estas razones, el Gobierno de Carlos Mazón anunció este viernes una declaración institucional y «una batería de iniciativas» en respuesta al movimiento del Gobierno de España.
La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; acompañada por la de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino; la de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; y la de Justicia, Elisa Núñez; dieron las primeras pinceladas de esa declaración, que se producirá formalmente en el primer pleno del Consell.
Camarero pidió «el mismo estatus de oficialidad» para el valenciano y tildó de «nefasto» el acuerdo sobre las lenguas cooficiales alcanzado por el PSOE con ERC y Junts. La lengua, a su juicio, «está para unir y no para dividir». Según recordó, la cámara de representación territorial es el Senado, donde «las diferentes lenguas de España ya pueden ser utilizadas». Es decir: la Generalitat está en contra de la medida, pero en caso de que se lleve adelante, exige la denominación diferenciada del valenciano.
Susana Camarero señaló también que el Ejecutivo autonómico enviará un requerimiento la semana próxima a Pedro Sánchez y a Francina Armengol. «Para que se respete nuestra historia y nuestra cultura y lengua centenarias, como parte esencial de la riqueza de España», avanzó la consellera. En la misma línea, remitirá una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchel, «instándole a que, ante cualquier petición que nos afecte, se respete el valenciano», explicó.
Denominación distintiva
En caso de materializarse la iniciativa de Moncloa en los términos planteados, sin incluir la denominación diferenciada de «valenciano», se daría la circunstancia de que los valencianos no podrían hacer uso a nivel europeo de la denominación distintiva de la que sí gozan en su comunidad autónoma.
Por ello, el PP también ha impulsado una iniciativa en el Parlamento Valenciano. Según anunció el portavoz popular, Miguel Barrachina, el partido ha registrado una proposición no de ley en Les Corts en la que exige «respeto e igualdad de trato para el valenciano», tras los anuncios de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las lenguas cooficiales.
«Existe una legalidad única en España y en la Comunidad Valenciana que dice que el valenciano es una lengua oficial en nuestra tierra y, por tanto, reclamamos el mismo trato que al resto de lenguas cooficiales», dijo.
«Esa legalidad fue atropellada ayer en el Congreso de los Diputados, y previamente por un ministro, cuando se solicita a la Unión Europea el uso del resto de lenguas cooficiales y se excluye al valenciano, y cuando se habla que en el parlamento nacional se podrá intervenir en el resto de lenguas cooficiales y se excluye al valenciano», agregó Barrachina.
El objetivo implícito del PP es obligar a significarse al PSOE y a Compromís en el parlamento autonómico. En ninguna de estas fuerzas molesta que al valenciano se le llame «catalán», pero reconocerlo públicamente es un paso difícil de dar. Incluso la formación nacionalista dulcifica su vertiente pancatalanista para no perder apoyos en la autonomía, donde ninguna fuerza abiertamente catalanista ha estado jamás representada en las Cortes Valencianas.
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