-¿Qué está ocurriendo para que se vea ahora Europa como un enemigo entre los agricultores?
-Es un debate que nunca se va a superar porque está en la esencia misma de las cosas y en el funcionamiento de nuestra sociedad. Hay muchos sectores y muchas personas que reclaman en el día a día un protagonismo de cara a la opinión pública. Remontándonos a muy poco tiempo atrás, con la pandemia, descubrimos que, junto a nuestros sanitarios, nuestros agricultores y ganaderos eran fundamentales para sobrevivir cada día. Pasado ese tiempo ha habido una serie de circunstancias, el sube y baja de los costes derivados de la guerra de Ucrania y otros factores, que han movido mucho todo el sector primario. Lo que está haciendo el sector es una llamada de atención de que las cosas se tienen que hacer con ellos y escuchándolos. Estoy de acuerdo con ese planteamiento, hay que escuchar a los agricultores y ganaderos, que es lo que hemos hecho siempre desde el Gobierno, no siempre desde Europa. Ahí está parte del problema en el que nos encontramos.
«Hay que organizar mejor el diálogo con el mundo rural y con agricultores y ganaderos»
–¿Por eso han surgido ahora las movilizaciones en Europa?
-Las movilizaciones de las últimas semanas en los países europeos por parte del sector primario reflejan esa inquietud de fondo, esa inquietud ante el cambio, ante los nuevos retos derivados del cambio climático y la necesidad de competir en mercados internacionales. Evidentemente, el sector primario no lo afronta de forma igual. Por ejemplo, en España tenemos 914.500 explotaciones agrarias y ganaderas. ¿Todas compiten igual, están en la misma situación? No, cada explotación tiene una dimensión y una historia detrás. Vemos las cifras récord de exportaciones y el incremento de la renta agraria (que se incrementó un 11,1% el año pasado), que han sido positivas. ¿Quiere decir que todo va bien? No. Hay empresas a las que les va bien o muy bien, pero hay otras que están pasando dificultades y estas movilizaciones lo que manifiestan es que quieren que sean escuchadas y se encuentre un remedio a esas situaciones que padecen.
-¿Europa se ha alejado de los agricultores?
-No, al contrario. Soy un europeísta convencido y siempre he pensado que el futuro de España estaba en Europa, pero eso no significa que sea un europeísta acrítico, y evidentemente hay ocasiones en las que Europa comete errores como la superposición de la PAC con los objetivos del pacto verde, que en sí son necesarios y que defendemos en Europa y en España, como es la reducción de las emisiones, la protección del suelo ante la erosión o el mantenimiento de la biodiversidad. Son absolutamente necesarios para el futuro de nuestro sector agroalimentario. Una cosa es que sean necesarios como tal, pero a veces ha parecido que han sido impuestas por Bruselas. Con esto hay que tener mucho cuidado y siempre he intentado mantener ese puente entre el sector y el Gobierno en el caso de España y en las instituciones europeas. Las respuestas no son sencillas.
-¿Qué sería de la agricultura sin la PAC?
-Sin la PAC no hay agricultura de futuro. Si no la tuviéramos habría que crearla y es una de las decisiones más inteligentes que, hace más de sesenta años, adoptaron los padres fundadores de la UE. El sector primario no tiene nada que ver con cualquier otro sector productivo. El agricultor y el ganadero están influidos por la meteorología, por unos mercados que no controla. Tenemos el ejemplo del aceite de oliva. ¿Quién iba a pensar que nos encontraríamos en este momento esa situación de los precios en origen y de consumo? Durante la pandemia mantuve más de 30 reuniones por videoconferencia con todos los actores del sector para extraer el decálogo que nos ha permitido trabajar por el futuro del sector. Pero, evidentemente, esto está vinculado a la ley de la oferta y la demanda.
-¿Cuáles son los errores de la actual PAC?
-Más que errores diría cosas que de cara al futuro tenemos que mejorar. Por ejemplo, tenemos que mejorar, a partir de 2027, las propias expectativas financieras. El apoyo a la renta de los agricultores no puede quedar como un elemento residual. Nosotros hemos conseguido situarlo en España en el 60% del conjunto de las ayudas directas; de los 4.875 millones de euros, el 60% son ayudas a la renta, que es un objetivo que nunca hay que olvidar. Tenemos objetivos ambientales necesarios, como la reducción de productos fitosanitarios, de antibióticos, protección de la biodiversidad, pero claramente necesitamos el apoyo a esa renta que es el seguro de agricultores y ganaderos de quien está un poco por debajo del umbral de la rentabilidad o un poco por encima. Creo que la presidenta Von der Leyen lo ha dicho de forma clara. De cara al futuro hay que organizar mejor el diálogo con el mundo rural y con agricultores y ganaderos. De forma inmediata, llevo al Consejo de Ministros del día 26 propuestas de España en materia de simplificación porque no solo hay que pensar en lo que hay que hacer mañana, sino también en lo que nos puede hacer la vida más sencilla hoy, y ahí hay margen de maniobra, de que sin perder el rigor de la utilización de fondos presupuestarios seamos capaces de disminuir la carga administrativa de agricultores y ganaderos.
Luis Planas, ministro de Agricultura, durante la entrevista. / A.J. GONZÁLEZ
-¿Qué se va a hacer desde el Gobierno para mejorar la ley de la cadena alimentaria?
-El presidente del Gobierno lo ha indicado y yo mismo. Hay un aspecto que nos parece fundamental, que es de la ley de la cadena alimentaria, que constituye un antes y un después. Era una reivindicación histórica de las organizaciones agrarias y el Gobierno dio un paso adelante fundamental al plantear una transposición de la directiva europea de 2019 que iba un paso más allá, que era la prohibición de la venta a pérdidas, que aprobamos sin el apoyo del PP y de Vox, que nos parecía fundamental. Hoy nos encontramos en la fase siguiente, la buena aplicación de esa ley, que pasa por revisar qué es lo que ha marchado bien y lo que ha fallado. Hay que quedarse con la fotografía de conjunto. A veces veo comentarios sobre el importe de las multas, esa no es la referencia. La referencia es qué ha pasado con los precios en origen de agricultores y ganaderos. Evidentemente, las situaciones son muy dispares, pero si cogemos los datos económicos que disponemos, vemos que desde enero de 2022 a diciembre de 2023 los precios en origen, horizontalmente, han subido de forma muy significativa, incluso descontando la inflación derivada del incremento de costes. El aumento de costes tuvo su momento álgido en octubre de 2022, con ocasión de los primeros seis meses de la guerra de Ucrania, y a partir de ahí comenzó a descender. Los precios al consumo han tenido su momento más elevado en enero de 2023 y han ido bajando progresivamente. La mejor indicación del éxito de la ley de cadena alimentaria es esa. Hay situaciones muy diversas en las que puede haber habido más dificultades de aplicación de la ley. Estoy convencido de que inspirará a otros cambios legislativos y voy a proponer que la próxima adaptación de la directiva se base en los avances de la ley española. Aun así, podemos incorporar mejoras y estamos trabajando para incrementar el número de las inspecciones que se llevan a cabo y poder determinar de la mano de las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias cuáles son los objetivos prioritarios de inspección. Toda denuncia que se formula genera una inspección y un procedimiento administrativo. A veces se hacen denuncias en los medios que no se trasladan a una denuncia; esas denuncias son la base de la actuación con todas las garantías para todas las partes. La implicación de las comunidades autónomas es fundamental. El sistema de vigilancia creada por la directiva funciona en un triple nivel:europea, con AICA en España y una red de todas las comunidades. Algunas han adoptado decisiones legislativas y administrativas, y han creado organismos de supervisión, y otras no. En este aspecto hay materia para mejorar la aplicación de la ley.
«La agricultura del futuro será sostenible o no será. No es una cuestión ideológica»
«La agricultura del futuro será sostenible o no será. No es una cuestión ideológica»
-Hoy se reúne con las organizaciones agrarias, ¿qué propuestas van a hacer al sector?
-Ya mantuvimos una primera reunión en la que hablamos de diez puntos que me plantearon, entre las que se encontraban la simplificación administrativa, la ley de la cadena alimentaria y otras preocupaciones, como los acuerdos con países terceros. No hay que olvidar que España y la UE tenemos un saldo agroalimentario muy favorable, de 14.900 millones de euros. En el año 2000, el saldo agroalimentario aún era negativo. Somos partidarios firmes de desarrollar un comercio agroalimentario basado en reglas. Eso no quita que algunos sectores se sientan afectados por las importaciones que se producen en España. Debemos vigilar de forma más estrecha que se cumplan los contingentes con arancel reducido que hemos pactado en acuerdos internacionales, y tenemos que recordarle a la Comisión Europea la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación de las aduanas nacionales para asegurar que las cantidades son las correctas, porque a veces hay errores y sobrepasamientos y hay que evitarlo. En segundo lugar, un elemento muy importante: se dice que entra cualquier cosa sin ningún control. Eso no es cierto. Somos, junto a EEUU, la frontera exterior que tiene unos controles más rigurosos para la importación de productos agroalimentarios. ¿Significa esto que todo esté avanzado? No. Hay un elemento que reivindican los agricultores y ganaderos con lo que estoy de acuerdo. El tema de las cláusulas espejo, que significa algo distinto que la utilización de productos fitosanitarios, significa que un producto prohibido en la UE no puede emplearse en países terceros. Ahora funciona el mecanismo de los límites máximos de residuos y nosotros queremos ir un paso más allá. Vamos a insistir, tenemos el apoyo del Parlamento Europeo, pero no hay una mayoría de estados miembros a favor de esa tesis, porque los exportadores netos, como España, somos minoría. Hay una mayoría de importadores netos que están más interesados en el coste del producto importado que en las condiciones de la importación. Para mí es un punto que antes que después vamos a lograr. Esa reciprocidad forma parte de la equidad de las transacciones comerciales y nuestros agricultores y ganaderos tienen razón. Hay un elemento adicional que no hay que minusvalorar, que puede crear una polémica internacional en el mundo comercial y tenemos que ser capaces desde la UE de plantear en la OMC una discusión con EEUU y todos los grandes países productores del mundo en relación con este nuevo mecanismo de control.
«La extrema derecha y la derecha extrema quieren hacer suyas estas movilizaciones»
-¿Se entiende una agricultura del futuro en Europa sin sostenibilidad?
-En absoluto. La agricultura del futuro será sostenible o no será. Está claro y no es una cuestión ideológica, es material. Si queremos estar en condiciones de producir los alimentos que la humanidad y este planeta van a necesitar en los próximos 30 años está claro que tenemos que avanzar en temas de sostenibilidad. Tenemos problemas de cambio climático muy importantes, los derivados de la sequía, de las altas temperaturas, los derivados de los fenómenos extremos… Hay que hacer dos cosas, tarea de todos los sectores, avanzar en la disminución de las emisiones de la atmósfera, pero además tenemos que ser capaces de adaptarnos y adoptar medidas de reducción, medidas de mejor uso del agua, reducción de fertilizantes y otros elementos como las técnicas de edición genética, etcétera.
-¿Qué crédito le da a la plataforma del 6-F?
-Han surgido voces muy diversas en el sector primario. Creo firmemente en el diálogo. Tenemos que tener una agenda e interlocutores en los que confiamos recíprocamente. La necesidad de tener una interlocución regular es muy importante. Hay tres grandes organizaciones que representan a la mayoría del sector: Asaja, COAG y UPA. Es verdad que en algunas comunidades hay organizaciones representativas que tienen peso. Mi interlocución es nacional y es con ellas con las que la llevo a cabo. Han surgido grupos autónomos y cualquier agricultor y ganadero tiene derecho a expresar sus opiniones dentro de las leyes, sin coacción y sin violencia. No puedo decir lo mismo con la interferencia política y el activismo político, que es absolutamente evidente. La extrema derecha y la derecha extrema quieren hacer suyas estas movilizaciones, y es un gran error. El campo no es de izquierdas ni de derechas, es de quien vive y trabaja en el campo. El mundo rural no es un mundo del pasado, porque es el que auspicia que toda esa alimentación llegue a nuestras mesas. El futuro del mundo rural pasa porque se le escuche y se le dé respuestas a sus problemas, no solo a los vinculados a la producción agroalimentaria, que son claves para la renta y el empleo, sino también los derivados de los servicios públicos.
-¿Por qué no se resuelve por ningún gobierno el problema del agua?
-El que diga que tiene una varita mágica miente. Ese es uno de los terrenos en el que las profecías populistas tienen un terreno abonado. Miro hacia el pasado y tenemos unos datos constatados. Un 12% de caída de la pluviometría en España, además de forma muy desigual. Significa que tenemos que hacer una buena utilización del agua y una buena gestión de cuenca. El agua no puede inventarse, solo utilizarse mejor, como sucede con las aguas reutilizadas o la desalación. Sin duda, regadío sostenible, sí o sí. No tenemos un problema de superficie.
-¿Es lógico el precio del aceite?
-Es el que marcan los mercados. Hace tres años preparé un decálogo, del cual tres de las medidas iban destinadas a la regulación de mercado. Luego tenemos el tobogán de los precios. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo? Depende de las lluvias de este año hidrológico y el reparto a lo largo del año. También es muy importante el momento de la floración a final de abril y principios de mayo, porque el problema de esta última campaña ha venido derivada de la sequía, pero también del efecto de la temperatura durante la floración. Lo mejor es que hubiera precios estables a un nivel que les permita unos ingresos dignos y que las familias puedan comprar un producto básico a un precio razonable.
