Sumar insta a Planas a garantizar «precios justos» para el campo

El Grupo Plurinacional de Sumar ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) por el futuro del sector agroganadero social y profesional, entrando de lleno en materia rural en plena oleada de protestas del sector primario. Los objetivos fundamentales de la misma es garantizar que se cumple la ley de la cadena alimentaria, con precios justos y una competencia productiva leal frente a productos del exterior. Esto se ha trasladado por escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados, adjuntándose la firma del coordinador federal interino, Enrique Santiago, entre otros.

El encargado de trasladarla públicamente ha sido el diputado magenta y coordinador regional de IU Andalucía, Toni Valero. Este ha indicado que, frente a la pugna particular entre PP y Vox por capitalizar el descontento -ya con menos fuelle que la semana pasada-, «las movilizaciones rurales merecen toda nuestra atención». Ha incidido el dirigente izquierdista en el «hartazgo del sector», en un «país que es líder en exportaciones» pero solo es «la industria la que aumenta el beneficio». Para el diputado, se ha dado en los últimos años «un proceso de concentración de la tierra» en la que han quedado «grandes explotaciones» que han «perjudicado» los intereses de las «pequeñas».

Entre los motivos sostenidos para justificarlo, Valero ha apelado a «políticas liberalizadoras» del modelo estructural, un «juego en el que la agroindustria siempre gana» [también por la comercialización de productos fitosanitarios], así como «un reparto desigual de valor añadido en la cadena alimentaria». «El reparto de la tarta queda en manos de las distribuidoras«, ha lamentado el miembro de Sumar. Ya la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, líder del partido, incidió durante un acto de campaña la semana pasada en que algunos productores se ven «oprimidos» por las grandes distribuidoras.

El contenido de la PNL

En su exposición de motivos de dos páginas, se detalla el descenso de las pequeñas explotaciones agrícolas (menos de diez hectáreas) europeas en un 32% y el ascenso de las grandes (más de 10 hectáreas) en un 7%. A los problemas estructurales que desde IU-Sumar denuncian del modelo productivo agrario, se añade una mención a los problemas coyunturales del momento: «el enorme impacto de los conflictos geopolíticos, como la guerra de Ucrania, y el aumento de los precios en los recursos energéticos»; «la pertinaz sequía consecuencia del cambio climático», que deriva en «fenómenos meteorológicos» extremos como las «lluvias torrenciales, los incendios y el granizo».

Ante ello, la apuesta que se plantea es avanzar «hacia un modelo de agricultura social y profesional que arraigue a la población al territorio, proteja el futuro de la agricultura, la salud de los consumidores y unos precios justos que permitan una vida digna». También «prácticas que favorezcan la retención del agua y la mejora de la salud de los suelos». Para ello, se exige al Gobierno de España, sin apelar directamente al ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, cinco puntos:

1. Garantizar unos precios justos a los productores, haciendo cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria mediante su mejora, su financiación adecuada y la mejora del funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria.
2. Rechazar en el Consejo de la Unión Europea la aprobación de tratados de libre comercio que no garanticen normas recíprocas en las importaciones evitando el dumping ambiental, laboral y económico, y que no sean coherentes como los compromisos de los Acuerdos de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
3. Impulsar una Política Agraria Comunitaria y reformar los planes nacionales para garantizar que se redistribuya los fondos en favor de la agricultura social y profesional, así como que adecue la burocracia para acceder a las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones.
4. Promover un banco de tierras estatal y público que facilite el acceso a la actividad agraria a las jóvenes generaciones. Fomentar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
5. Impulsar de manera decidida la ley de agricultura social y familiar, que tenga entre sus objetivos transitar hacia una agricultura agroecológica donde los agricultores ganen independencia de las grandes empresas de pesticidas, fertilizantes y semillas reduciendo costes económicos y contaminantes. Esta PNL es un paso previo a leyes como esta.

Foco en la competencia desleal, los precios y la PAC

Estas cuestiones son dos de las principales demandas del sector agrario, tras llegar a España una oleada previa en Alemania y Francia. Los agricultores y ganaderos quieren precios reales que les permitan cubrir los costes de producción en un clima de alza de precios en los medios requeridos para ella. No ven suficiente la Ley de la Cadena Alimentaria de Planas, que consideran que no palia el desajuste de lo que se paga en origen en comparación con lo que llega a las estanterías de los supermercados.

Mientras que Sumar no menciona países concretos, solo habla de que los tratados y su ajuste sean una de las líneas estratégicas de Exteriores, el campo español señala competencia desleal, principalmente de Marruecos dentro del territorio europeo. Se demanda que se sigan unos estándares claros que, pese a admitir productos con una supervisión de calidad inferior y más rentabilidad en la producción por no obedecer, por ejemplo, a normativas medioambientales, tengan un precio menos competitivo. Las principales organizaciones que han secundado las protestas piden que se paralicen, en cambio, los acuerdos de Mercosur y que no se ratifiquen otros como con Nueva Zelanda, o que se frenen negociaciones con Australia, Chile, Kenia, México e India.

Fuentes de Sumar han precisado a El Independiente que ven margen de negociación con el Gobierno y posibilidad de que las medidas propuestas se materialicen. En cuanto al carácter de proposición no de ley, en lugar de uno de ley, los magentas se escudan en que de haberlo hecho así, por el cupo asignado a cada grupo político en la Junta de Portavoces, la valoración en pleno podría retrasarse hasta «mayo o junio». Y «la urgencia del momento» les ha hecho actuar así.