La incertidumbre por la política económica que sienten las empresas ha aumentado en los últimos meses hasta convertirse en la principal preocupación del sector, por encima del incremento de los costes de la energía o las materias primas, y de la disponibilidad de la mano de obra. Así lo recoge la última encuesta a las empresas del Banco de España, que recoge que las políticas estatales estarían afectando negativamente a un 60% de las compañías «y se convierte, por tanto, en el principal factor condicionante de la actividad».
Se trata de un inconveniente que citan de forma generalizada todo tipo de empresas, pero que sobre todo afecta a la actividad de las que pertenecen al comercio, la agricultura y el transporte. Existen otros problemas que han aumentado su incidencia, como la escasez de la demanda, que limita la facturación (el 18% de las empresas aseguran que esta circunstancia está afectando negativamente a su actividad, sobre todo en la industria y el transporte); el endurecimiento de las condiciones financieras provocado por la subida de los tipos de interés (el 22% de las compañías se reconocen afectadas), y el consecuente aumento de los gastos por intereses de la deuda (39%, sobre todo de la construcción, agricultura, comercio y ocio).
¿Cómo repercute la política económica en la actividad de las empresas? Sobre todo, a través de la aprobación de cambios legislativos que las compañías deben estudiar y aplicar, y que afectan a sus costes y a su actividad. Un “aluvión regulatorio” que ha llegado después de la reforma laboral, que sí se negoció y acordó de forma tripartita en el diálogo social, y que condiciona el día a día del tejido empresarial español, de lo que se han quejado profusamente las patronales, asegurando que la consecuencia es la paralización de sus proyectos y también de la ampliación de sus plantillas.
De hecho, la propia CEOE ha advertido de que el mercado laboral se está debilitando por tanto los costes laborales como la “inseguridad jurídica derivada de los permanentes y sorpresivos cambios legislativos, y los anuncios para esta legislatura”. “Es algo que puede afectar al empleo”, lamenta la patronal, insistiendo en la importancia de contar con mayor estabilidad regulatoria “para poder impulsar proyectos e inversiones que garanticen el mantenimiento y la creación de empleo”.
Las leyes aprobadas tras la reforma laboral
Algunos ejemplos de leyes que se han aprobado o planteado después de la negociación de la reforma laboral y que están construyendo un nuevo marco de relaciones laborales, provocando la consecuente incertidumbre en las empresas según ellas mismas, son el estatuto del becario -pendiente de llegar al Consejo de Ministros-; la obligación de cotizar de los becarios; la ley de familias, que extiende los permisos retributivos que los trabajadores pueden disfrutar; la ley de violencia sexual, que cambia los supuestos de nulidad de los despidos; o la reforma del subsidio de desempleo, que solo se llevó a una única reunión con los agentes sociales antes de llevarse al Congreso, órgano que la tumbó después de que Podemos se negase a dar su sí en las condiciones en las que se había planteado.
Otros cambios importantes son la ley de empleo, que también afecta a los despidos, o la nueva prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, que el Gobierno también llevó al Congreso de los Diputados sin antes negociarla con sindicatos y empresarios y que en un principio fue rechazada, aunque los agentes sociales tienen constancia de que saldrá adelante en una próxima votación. Por otro lado, en ese mismo marco se encuentran cambios normativos anunciados pero aún no llevados a cabo como la reducción de la jornada laboral o la entrada de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, entre otros.
Más de un millón de páginas nuevas en el BOE
De hecho, según CEOE la producción de normas en España ha crecido a lo largo de los últimos años hasta alcanzar las 1.329.865 páginas publicadas en 2022, el último año sobre el que se ha publicado el informe, que en breve publicará la edición de 2023. «Para poner en perspectiva la magnitud de esta cifra, cabría indicar que para que una persona pudiera estar completamente actualizada sobre las novedades legislativas publicadas en el BOE en el año 2022, tendría que leer cerca de 698 páginas al día», decía la patronal en su informe.
En concreto, se publicaron 850 nuevas normas de rango estatal, lo que lo sitúa como el sexto año más prolífico desde el inicio de la democracia. En el ámbito autonómico, se publicaron 340 normas nuevas en el BOE, y más de un millón de páginas de nuevas normas en sus respectivos boletines oficiales autonómicos. En el plano de la Unión Europea, se adoptaron más de 1.000 reglamentos y otras 1.000 decisiones, y casi 30 directivas.
A ese respecto, el propio Banco de España ha señalado en otro estudio que un marco normativo complejo, con un volumen excesivo y fragmentado de la regulación, puede provocar «discontinuidades en el mercado», en parte porque afecta negativamente al volumen de empresas, porque perjudica a la entrada de sociedades de fuera y porque supone una restricción al crecimiento de las empresas. Sin embargo, concluye la misma investigación, no hay que despreciar otro efecto apreciado: que ese gran volumen de regulación puede dar lugar a más pequeñas empresas que extraen beneficio de especializarse en normativas específicas, un servicio imprescindible para tantas compañías por las razones ya mencionadas.
“La complejidad del marco regulatorio, aproximado por el volumen de aprobación de nuevas normas por año, se relaciona negativamente con el número total de empresas y con el capital de las empresas entrantes. Un aumento del 1 % en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,05 % menos de empresas en promedio”, señala el informe, incidiendo en que el aumento de normas vigentes también es muy importante para el estudio de la productividad del tejido empresarial.
La inversión pincha a final de 2023
Según las previsiones de los analistas, la economía española crecerá el próximo año entre un 1,4% (OCDE) y un 2% (Gobierno, siempre más optimista), frente al 2,5% que ha crecido en 2023. Esa ralentización tiene como causa varios factores, pero uno de ellos es la caída de la inversión, cuyos datos están aún por debajo de los niveles previos a la pandemia. Es decir, que las empresas están prefiriendo ahorrar a gastar el dinero en mejorar por ejemplo su maquinaria o instalaciones, pese a los fondos europeos. Y eso puede repercutir en la economía a largo plazo.
De hecho, según Eurostat la caída de la inversión que España ha registrado este cuarto trimestre es la mayor de las grandes economías del euro. Y CEOE también destaca que la inversión extranjera ha caído un 23% en los tres primeros trimestres del año pasado, según los últimos datos disponibles, además de la productividad por puesto de trabajo, que también ha retrocedido -encadenando tres trimestres en negativo-, más la productividad por hora de trabajo.
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