No sería una ampliación de licencia de la primera fase [todavía sin conceder], sino un proyecto paralelo, así que, sí o sí, la segunda fase de los macrodepósitos en el puerto de Alicante necesitaría de una declaración de impacto ambiental favorable, es decir, del documento que también exige el Ayuntamiento a la empresa para dar permiso para la construcción de los primeros seis depósitos y que, por discrepancias, ha acabado con el asunto judicializado. Así se pronunció ayer la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, al ser preguntada por Compromís en una comisión ante las intenciones, relevadas por este diario, de la empresa promotora de la iniciativa de impulsar una segunda fase, que tendría doce macrodepósitos con una capacidad en total cinco veces mayor que la fase que se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).
La respuesta de la edil de Urbanismo, sin embargo, no tranquilizó a la oposición. «Hemos preguntado en la Comisión de Urbanismo por la última petición de la empresa promotora sobre la instalación de doce depósitos más en el puerto. Tenemos antecedentes suficientes del PP como para estar preocupados sobre el mismo. Además del tema medioambiental nos preocupa, y mucho, la seguridad, básicamente por la cercanía de las viviendas de los barrios de San Gabriel, Benalúa, Babel y Gran Vía sur a estos depósitos», señaló ayer Sara Llobell, concejala de Compromís, quien reiteró la petición al gobierno municipal de «la convocatoria urgente de la Comisión Puerto-Ciudad para que las decisiones no estén condicionadas por multinacionales como la que pretende instalar doce depósitos más».
Por su parte, el grupo municipal socialista reiteró su «rechazo a los tanques de combustible», a la vez que reclamó «documentación para verificar cómo se piensa proteger a la población frente a una instalación de este tipo» tras la Comisión de Urbanismo, convocada para aprobar un ajuste en el PGOU. «El Ayuntamiento y la Generalitat deben realizar actuaciones conjuntas y, si fuera necesario, negociar con la empresa para que no siga adelante con un proyecto que rechaza toda la sociedad alicantina», aseguró la portavoz socialista, Ana Barceló, quien solicitó tanto a la Autoridad Portuaria como al Consorcio Provincial de Bomberos que «facilite una copia integral del plan de seguridad del puerto», dado que como añadió «los tanques de combustible que se proyectan se encuentran muy próximos al núcleo urbano y, por tanto, tendrían de contar con todas las garantías para proteger a la ciudadanía». Los socialistas sostuvieron que se posicionan «absolutamente en contra de que estos enormes recipientes se ubiquen en el puerto» por lo que creen que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat tienen que ir un paso más allá para frenarlos», en alusión a que Carlos Mazón y Luis Barcala que lleven a cabo actuaciones conjuntas y que, si fuera necesario, se entablen negociaciones con la empresa interesada en esta instalación para conseguir que desista de este macroproyecto».
Por su parte, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, consideró «fraudulento» el desarrollo «por fases de la propuesta de instalación de los macrodepósitos», ya que se «dificultarían el análisis e impacto ambiental del proyecto global». Según el edil, «Esquerra Unida ya tumbó en los tribunales el proyecto para la instalación de una planta de fabricación de biocombustibles en el Puerto, y lo volveremos hacer si es preciso». Copé añadió que el eurodiputado Manu Pineda, de visita en la ciudad este martes, «se ha puesto a disposición de asociaciones y entidades de Alicante para trasladar al Parlamento Europeo esta propuesta que consideró de terrorismo medioambiental».
Más depósitos, más volumen
El informe no vinculante de la Abogacía de la Generalitat, solicitado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio durante la etapa del Botànic, confirmó en 2021 que la primera fase del proyecto de instalación de almacenamiento de combustible en el muelle 19 del puerto «no constituiría un supuesto de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la normativa vigente en el momento de solicitarse la licencia ambiental ante el Ayuntamiento de Alicante». Este ha sido uno de los asuntos que mantiene enfrentados a los promotores y al Consistorio, y que ha bloqueado la concesión de la licencia urbanística para la primera fase desde hace años.
El documento jurídico añadió que el proyecto contemplaba almacenar (en la primera fase para la que se pidió licencia) un volumen de 112.549 metros cúbicos de hidrocarburos, lo que según las leyes, tanto a nivel estatal como autonómico, «suponía que no era necesario apoyar una declaración de impacto ambiental». En concreto, en la primera fase, la empresa pidió licencia para instalar seis macrodepósitos, que en total albergarían hasta 95.014 toneladas de carburante en el puerto alicantino.
En cambio, la segunda fase, para la que la empresa ha iniciado los trámites previos para solicitar licencia, contaría con doce recipientes (frente a seis) con capacidad para 600.000 metros cúbicos de hidrocarburos (respecto al máximo de 112.500 metros cúbicos de la primera fase).
