Por un año y no aplicable a todo el concejo. Esos son los dos matices que ha fijado el gobierno local al concretar su anuncio de suspensión temporal de la tramitación de autorizaciones para la apertura de nuevas viviendas de uso turístico en la ciudad. Y que aparecen en la propuesta de acuerdo que se lleva a comisión de Urbanismo el viernes como paso previo a su votación en un pleno extraordinario a celebrar la próxima semana. La idea inicial del gobierno de Foro y PP era gestionarlo en el Pleno a celebrar mañana a través de una moción de urgencia, pero finalmente se ha optado por mantener la tramitación ordinaria para, como explicaba este martes el portavoz de gobierno y además edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, «garantizar la seguridad jurídica necesaria para que no haya problemas porque es previsible que sea recurrido».
La suspensión cautelar de la tramitación de comunicaciones ambientales para viviendas de uso turístico –que se justifica con plantear su regulación en el marco de una modificación del Plan General de Ordenación– solo es el adelanto de un plan de choque más completo que el gobierno municipal presentará en breve, previsiblemente en el marco de Fitur, y donde hay actuaciones tendentes a regular esta tipología de alojamientos turísticos promovidos por particulares pero también a luchar contra las viviendas que están operativas de forma ilegal.
La suspensión se limitará a lo que se conoce como zona de gran afluencia turística y que para este 2024 se fijó en noviembre en la Junta de Gobierno en el perímetro urbano delimitado por las vías Maximino Marino Fernández, Emilio Muñiz, Honesto Batalón, Subida al Cerro, Artillería, Tránsito de las Ballenas, Claudio Álvarez González, Muelle de Oeste, Jardines de la Reina, Rodríguez San Pedro, Dionisio Fernández Nespral, Marqués de San Esteban, Pedro Duro, Palacio Valdés, avenida de la Costa, avenida de Castilla, Avenida, Rufo García Rendueles, Jardines del Náutico, calle Cabrales, Tránsito de Campo Valdés y Camín de la Fontica. Entiende el gobierno que, ya que la mayor presión de este tipo de viviendas se está dando en Cimadevilla, el barrio del Carmen y La Arena, limitar la suspensión a la zona de gran afluencia turística servirá para encarar el problema actual mientras se estudia en profundidad la situación de carga turística en toda la ciudad.
¿Tiempo de la moratoria? El acuerdo que se llevará a Pleno habla de que la suspensión temporal se extinguirá en el plazo de un año. Aunque hay una coletilla: si dentro de ese plazo ya hay una aprobación inicial de modificación del PGO en este asunto «la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan modificación de la ordenación urbanística y sus efectos se extinguirán definitivamente una vez transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el planeamiento o su reforma». Si la aprobación inicial llegase después de ese año inicial habría otro máximo de suspensión derivada de esta aprobación.
«En principio la suspensión será de un año, luego iremos viendo. En un año incluso el Principado, como autoridad competente en regularlo, ya puso alguna medida», explicaba esta mañana Martínez Salvador quien apuntó a la idoneidad de una colaboración entre la administración municipal y la autonómica en este asunto, aunque matizando que en el escenario actual «el Principado va por detrás del Ayuntamiento». El primer movimiento de la acción municipal ante las viviendas de uso turístico fue encargar un estudio sobre la situación en Gijón a la Fundación Universidad de Oviedo.
Aunque no vaya la suspensión de licencias si irá el tema de los pisos turísticos al Pleno a través de una proposición de IU, firmada por Javier Suárez Llana, que pide constituir con urgencia una mesa de trabajo para empezar a trabajar en su regulación, iniciar un plan de inspecciones para detectar viviendas ilegales, crear un censo digital de las legales e instar al principado a adoptar medidas urgente de control.
