Las finanzas públicas se enfrentan este año a un reto importante. El Banco Central Europeo (BCE) reducirá a lo largo de 2024 su cartera de deuda pública española (estatal, autonómica y local) en unos 38.000 millones de euros, 2,6 veces más que en 2023, según cálculos elaborados a partir de la información que publica la institución. La medida, que forma parte de su lucha por reducir la inflación, obligará a las administraciones españolas a buscar otros compradores. Durante el año pasado, el sector público no ha tenido problemas para encontrarlos, sino todo lo contrario. Pero la progresiva salida del BCE de la deuda pública de la zona euro supone un riesgo para los países más endeudados de la unión monetaria, como España, en el caso de que se produzcan tensiones en los mercados.
La autoridad monetaria, así, tenía unos 4,23 billones de euros en deuda pública de la eurozona a finales del pasado ejercicio, fruto de las compras masivas que realizó entre marzo de 2015 y junio de 2022 para evitar la deflación hasta 2020 y después, una debacle económica durante la pandemia. La espiral inflacionista llevó al BCE a dejar de aumentar las compras en julio de 2022, pero durante un tiempo siguió reinvirtiendo todas las cantidades que recibía por la deuda cuyo plazo iba venciendo. En marzo de 2023 el BCE dejó de reinvertir parte de esa deuda que se iba amortizando, con lo que su cartera comenzó a adelgazar. En julio elevó la parte que no reinvierte y en la segunda parte de 2024 la incrementará de forma adicional, hasta poner fin totalmente a las reinversiones en 2025.
Será, eso sí, un proceso paulatino: la vida media de la deuda pública que el BCE tiene en su cartera supera ligeramente los siete años, lo que implica que hay títulos con un plazo de vencimiento mucho menor y otros, mucho mayor (a modo de ejemplo, el Tesoro español tiene deuda emitida a tres meses, pero también, a 50 años). Pero la dirección está clara. El objetivo del BCE es endurecer aún más la oferta y precio de la financiación en la zona euro (por la vía de una menor demanda por su parte de la deuda pública, que sirve de referencia al crédito bancario y a la deuda empresarial), para enfriar con ello el consumo y la inversión de hogares y empresas y moderar así el la inflación.
Reto creciente
No se trata de un reto nuevo para las finanzas públicas españolas, pero sí de creciente dimensión. El BCE ya redujo su cartera de deuda pública española en unos 14.300 millones de euros el año pasado, lo que equivale a en torno el 2,8% de la que tenía a finales de 2022. Los 38.000 millones de 2024 suponen el 7,7% de los algo más de 494.000 millones en deuda española que el BCE tenía a finales de 2023 (en torno al 80% de ella emitida por el Estado y el resto, por las administraciones autonómicas y locales). Salvo cambio de planes, la cifra de 2025 será aun más abultada, debido al final total de las reinversiones que se anunció a mediados del pasado diciembre.
La disminución de la deuda pública española en manos del BCE del año pasado, eso sí, fue absorbida con creces gracias al incremento de las compras por parte de los inversores privados. En el caso de la deuda estatal, el banco central redujo su cartera de deuda del Tesoro en 11.558 millones hasta octubre (último dato disponible). Los inversores privados, en cambio, compraron títulos por más de 89.000 millones netos, con lo que absorbieron tanto la reducción de la deuda del banco central (11.558 millones) como el aumento en 77.564 millones de la deuda total (que se situó en 1,31 billones). A la cabeza de las compras se situaron los inversores extranjeros (41.014 millones) y los hogares (21.554 millones, básicamente debido a su euforia por las letras del Tesoro).
Vulnerabilidad
Los inversores privados, así, están aprovechando el incremento del interés de la deuda pública provocada por el alza de los tipos oficiales por parte del BCE: las emisiones de deuda estatal tuvieron el año pasado un tipo medio del 3,44%, frente al 1,35% de 2022 y el -0,04% de 2021. Lo relevante es que ese aumento de tipos no ha venido de la mano de problemas del Estado para financiarse, al contrario de lo sucedido en la crisis de la deuda de 2012. El alza del interés de la deuda emitida ha sido inferior al de los tipos de referencia, que están en el 4,5% tras incrementarse en 4,5 puntos porcentuales desde julio de 2021.
La demanda, además, sigue siendo alta, como demuestra la emisión de un bono a 10 años que el Tesoro realizó el pasado miércoles, con peticiones de compra que fueron nueve veces mayores que la cantidad colocada y las más elevadas registradas para una emisión soberana en la historia del euro. Además, la prima de riesgo -diferencia de rentabilidad entre el bono español a 10 años y el alemán de referencia en las compraventas entre inversores privados, indicador del riesgo de impago a ojos del mercado- estuvo el año pasado básicamente estable en torno a los 100 puntos básicos. «Es el reflejo de la elevada confianza de los inversores en nuestra economía y en las perspectivas económicas de España», aseguró el martes el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La otra cara de la moneda la viene advirtiendo desde hace mucho tiempo el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos: uno de los mayores riesgos de la economía española es que «persiste un déficit público estructural y una deuda pública elevados, que representan una fuente de vulnerabilidad, especialmente en un contexto de mayores costes de financiación«. Y más con el BCE reduciendo su cartera. Si los inversores siguen confiando en la deuda pública de la zona euro, no tiene por qué suponer un problema. Pero siempre puede resurgir la desconfianza hacia los países cuyas finanzas públicas son percibidas como más débiles, como sucedió durante unas semanas en la primavera de 2022. El propio BCE ya anunció entonces que volvería a comprar deuda de dichos países, pero solo si consideraba que el aumento de sus primas de riesgo no estaba justificado.
La estimación de que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá su cartera de deuda pública española en unos 38.000 millones de euros a lo largo de 2024 responde a dos factores. La autoridad monetaria, así, tiene títulos públicos españoles por dos programas de compra distintos: el conocido como APP (creado para evitar la deflación y ampliado por el covid, que realizó compras entre marzo de 2015 y junio de 2022) y el llamado PEPP (lanzado por la pandemia y que realizó adquisiciones hasta marzo de 2022).
Al cierre de diciembre, el banco central tenía 301.989 millones de deuda pública española (estatal, autonómica y local) a través del APP, que representaban en torno al 11,7% de los 2,575 billones que poseía en total por este programa. El BCE dejó de reinvertir los títulos de dicha cartera que iban venciendo a partir del pasado julio y calcula que las amortizaciones totales de 2024 ascenderán a unos 264.000 millones de euros. Algunas estimaciones apuntan a que a España le corresponderá entre el 12% y el 13% de dicha cantidad, es decir, unos 33.000 millones de euros.
Por otro lado, la autoridad monetaria tenía 192.989 millones en deuda pública española a través del PEPP al cierre de noviembre, el 11,62% de los 1,66 billones totales. El BCE sigue reinvirtiendo los títulos que van venciendo, pero a partir de julio dejará de hacerlo a un ritmo de 7.500 millones al mes, con lo que en el conjunto del segundo semestre reducirá su cartera en 45.000 millones. En este caso, también hay deuda pública de organismos supranacionales radicados en la zona euro y deuda empresarial. Excluyendo estas, se estima que la amortización de deuda pública rondará los 40.000 millones. Y si a esta cantidad se le aplica el peso del Banco de España en el eurosistema (cerca del 12%), a España le corresponderían unos 5.000 millones, que sumados a los 33.000 millones del APP dan lugar a la cifra de unos 38.0000 millones.
