A 24 horas de que se vote la convalidación de los primeros decretos de la legislatura, el Gobierno sigue sin asegurarse los votos necesarios. Este lunes se aceleraron las negociaciones, incluso abriendo conversaciones con el PP, pero sin éxito. Junts mantiene su veto, Podemos sigue amenazando con votar en contra y los populares solo se abren a abstenerse en uno de los tres decretos, el relativo a las medidas anticrisis, si se aceptan todas sus condiciones. Pese a todo, desde el Gobierno confían en salvar los obstáculos. Para ello se han abierto a incluir cambios y se han comprometido con Junts a intentar pactar futuros decretos antes de llevarlos al Consejo de Ministros.
Fuentes directas de las negociaciones con Junts reconocen sus críticas a las “formas”. Esto es, a incluir diversos asuntos y temas inconexos en un mismo decreto y sin apenas tiempo para negociarlo previamente. Las mismas fuentes justifican que en esta ocasión tenían urgencia para cumplir con el calendario de las reformas comprometidas con Bruselas, pero han trasladado su compromiso a evitar estas situaciones durante el resto de la legislatura. “Exigen otras formas y nosotros estamos de acuerdo, pero en esta ocasión había urgencia” por el desembolso de los 10.000 millones del fondo de recuperación, concluyen estas fuentes de la cúpula de Ferraz.
Si Junts descalificó los decretos denominándolos como “macedonia”, el PNV ya había hecho suyas estas mismas críticas en la pasada legislatura. Tanto es así, que en el
acuerdo de investidura con el PSOE
forzó la inclusión de un punto que recogía el “compromiso de utilizar la fórmula del Decreto-Ley únicamente en los casos de excepcional y urgente necesidad”. En cualquier caso, se recogía en el acuerdo, “con antelación a su aprobación, su contenido deberá ser conocido, y en su caso pactado, con EAJ-PNV”.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reprochaba este lunes que «el Gobierno de Sánchez cree que seguimos en la pasada legislatura, en una situación de pandemia, en la que una figura tan extraordinaria como un decreto-ley se puede seguir utilizando». Un error, advertía en una entrevista en RNE, que demandó reconsiderar. «Se abren los asuntos como proyecto de ley, se habla, se negocia y se acuerda, y no se monta este batiburrillo que hace que algunos partidos recelen», concluía.
La posición de Junts es un aviso de su posición fuerza para tumbar las medidas del Gobierno por la ajustada aritmética parlamentaria que tienen socialistas, pero también una llamada de atención al inicio de la legislatura sobre las “formas” del Ejecutivo a la hora de abusar de los decretos. «Hace falta agudizar la capacidad de negociación, de diálogo e intentar simplificar los procedimientos y las medidas que se presentan», apuntaba hace unos días el dirigente del PNV, Koldo Mediavilla, sobre los decretos ómnibus. Asimismo, advertía sobre la necesidad de “no intentar llevar al Congreso medidas ómnibus con muchas decisiones en un solo proyecto a ratificar, porque eso complica absolutamente los votos y las posibilidades de que las medidas salgan adelante”.
En su negociación a varias bandas, el Gobierno se abre a aceptar algunas de las condiciones puestas sobre la mesa por el PP y espera que Junts plantee las suyas propias para estudiarlas. Su línea roja se centra en no tocar los aspectos nucleares de las reformas comprometidas con Bruselas. De ellas depende el visto bueno para recibir el próximo tramo de los fondos Next Generation. Esto es, el nuevo subsidio por desempleo, pero también uno de los puntos por los que Junts anunció su intención de votar en contra: que el Gobierno torpedea la aplicación de la amnistía.
El margen de la abstención
El artículo de la discordia es el 43 bis del decreto sobre justicia, que recoge que un tribunal puede dejar en suspense la aplicación de una ley en un asunto concreto si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Otras de las críticas de Junts es que algunas de las medidas incluidas en los decretos «agravan la infrafinanciación» de Cataluña y suponen un «recorte» de competencias de la autonomía catalana.
En Ferraz relativizan más la amenaza de Podemos, tanto por el cariz de sus exigencias para votar a favor como porque “siempre han remado a favor de las mayorías sociales y esperamos que lo sigan haciendo”. En el caso de la convalidación del decreto de medidas contra la inflación, los morados exigen un compromiso para topar los alquileres, mientras que para hacer lo propio en el decreto de desempleo reclaman que no implique “recortes”.
Si el PP no entra en la ecuación como se encargó de abonar Alberto Núñez Feijóo, el único margen del Gobierno para convalidar sus decretos es que Junts pivote a la abstención. Para ello necesita el voto a favor de todos socios de investidura, Fuentes de la dirección de Coalición Canaria aseguran a este diario que votarán a favor, por lo que junto al resto de socios de investidura el Gobierno sumaría un voto más a favor que en contra si logra forzar una abstención de Junts. ERC ya ha avanzado su apoyo y EH Bildu, PNV y BNG, todavía sin oficializar su posición, negociaron contenidos del decreto anticrisis antes de su aprobación por parte del Gobierno.
