«Como todos sabemos, el ambiente está eléctrico, está cargado», dijo el presidente chileno Gabriel Boric y no daba un parte meteorológico. Pocos días antes de cumplirse 50 años de la asonada militar que partió en dos la historia de Chile, y en medio de ríspidas discusiones sobre el significado del derrocamiento de Salvador Allende, un Gobierno que invoca su figura ha decidido comprometer al Estado en esclarecimiento de lo que sucedió con 1.162 personas desaparecidas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90). La iniciativa no hizo más que añadir otra capa de controversias.
«Tengo la convicción de que la democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra», dijo Boric el pasado miércoles al presentar ante unas 500 personas, parte de ellas familiares de las víctimas de la represión, el Plan de Búsqueda Verdad y Justicia. Lo hizo en la Plaza de Constitución, frente al palacio de La Moneda que, el 11 de setiembre de 1973, fue blanco de las bombas de los Sea Harrier. Sobre la fachada de la sede del Ejecutivo, desde donde Allende hizo saber a través de un histórico mensaje radiofónico que no renunciaría y pagaría con su vida el precio de esa determinación, se proyectaron fotografías de desaparecidos. Al amparo de esas imágenes, Boric dijo que «es momento que nos pongamos de acuerdo en algo que es muy básico, que no requiere contexto, que no requiere mayores explicaciones, que es que nunca más vamos a interrumpir la democracia por medio de la violencia y nunca más vamos a violar los derechos humanos de otra persona por pensar distinto, nada más».
La derecha y la ultraderecha le dio la espalda a la ceremonia. Aseguró no haber sido invitada con las formalidades de caso. El Gobierno rechazó esa excusa. A pesar de una correlación de fuerzas adversas en el Consejo Constituyente e, incluso, el Congreso, Boric intenta establecer con su política un punto de corte respecto al pasado. «El Estado es el que cometió esos crímenes, es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Eso que pareciera para cualquiera de nosotros algo muy trivial hace toda la diferencia», subrayó su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Se estima que 3.200 personas fueron asesinadas. De ese total, se desconoce qué sucedió con 1162 víctimas. De lo que se trata, a partir del programa gubernamental, es determinar cómo fueron detenidas y luego ejecutadas las víctimas del régimen que pasaron a engrosar tempranamente la lista de los desaparecidos.
Un plan posible
A 33 años del inicio de la transición democrática, el Gobierno cree que es posible cumplir con ese cometido. «Las Fuerzas Armadas y de Orden han entregado información específica en el contexto de esas investigaciones judiciales«, explicó Cordero. Pero, además, el Gobierno quiere crear las condiciones para que los represores que pudieran tener datos «faciliten» las «indagaciones». Que cuenten lo que saben.
Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, valoró los alcances del programa. «Reconocemos la importancia de incluir iniciativas sobre el acceso a toda la información relevante, así como abrir espacios para la colaboración de toda la sociedad, incluyendo a quienes cometieron delitos, así como a familiares de las víctimas«. Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la iniciativa lanzada por Boric es un «hecho sin precedentes» porque los gobiernos precedentes nunca habían visibilizado «esta necesidad ética, política, moral y de justicia».
Los escollos políticos
La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado encuentra a Chile sin un lenguaje común. «He visto signos de odio en ciertas declaraciones públicas», lamentó la expresidenta Michelle Bachelet, cuyo padre, el general Alberto Bachelet, murió en una cárcel de la dictadura como consecuencia de la tortura. Ella fue llevada al campo de concentración Villa Grimaldi. «El 70% de los chilenos no había nacido para el golpe, por lo tanto. muchos de ellos supieron algo, pero no todo, y muchos de ellos en su familia han recibido una información sesgada».
La herida sigue ahí, en parte abierta, según Julio César Carrasco, un sociólogo especialista en estrés postraumático. «Nunca vamos a encontrar la síntesis de la historia, no vamos a encontrar nunca al historiador que nos deje tranquilo». El 11 de setiembre de 1973 es un tema que, con distintas intensidades, se trasmite de generación en generación.
Sobre ese trasfondo complejo se despliega el Plan de Búsqueda Verdad y Justicia. Los adversarios encontraron otro justificativo no participar del anuncio oficial. El martes, el mandatario había hecho una referencia al suicidio del general Hernán Chacón Soto, de 86 años, antes de ser arrestado para que cumpliera su condena por ser uno de los asesinos de Víctor Jara. Boric habló de “cobardía”. El senador Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional (RN), sostuvo que el presidente «no está para definir cuándo una muerte es digna o no. Él está para gobernar a todos, respetar a todos, incluido los muertos, y buscar la unidad para Chile». El ultraderechista José Antonio Kast fue más enfático: «quien utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde».
La oposición está convencida de que el ciclo político de la izquierda está agotado y que retornará al poder en 2026, sin la necesidad de darle continuidad a los objetivos que se ha trazado el actual Gobierno. Y como si fuera poco, tratará de redactar a su imagen y semejanza la nueva Constitución.
