Moncloa considera el ‘plan Urkullu’ fuera de la Constitución y recuerda que ‘sin el PP, es imposible’

Al menos, una reforma de ese calado.

Los puentes entre el PSOE y el PP están prácticamente volados. Pero es cierto que hasta para retoques mínimos, como los que han propuesto insistentemente los socialistas -el cambio de redacción para hacer desaparecer la mención a «disminuidos» en referencia a las personas con determinadas «diversidades»- siempre han puesto como condición contar con el PP. «Sin implicar al Partido Popular, es imposible cualquier planteamiento así», explica un ministro en funciones.

El artículo del lehendakari, publicado el pasado jueves en el diario El País, reivindica para el País Vasco -y por ende, para Cataluña y Galicia- una «profundización en el autogobierno», para trascender el llamado «café para todos» de la Transición. Y lo fundamenta en competencias como la transferencia del Poder Judicial, la conversión del Senado en una Cámara confederal la eliminación del Tribunal Constitucional «como árbitro entre el Estado central y las Comunidades». 

Para el Ejecutivo, todo eso «no cabe en la Carta Magna, ni reinterpretándola con mucho empeño». Según dos ministros consultados por este diario, el planteamiento del líder peneuvista «implicaría un nuevo pacto constitucional» para el que habría que buscar un consenso «que no se puede encontrar en un foro alternativo a las cámaras donde estamos representados todos los españoles».

Urkullu, en su escrito, proponía la convocatoria de una llamada «convención constitucional», un organismo extraparlamentario y para el que no define criterios de representatividad, ni política ni territorial. La idea fue rechazada de plano por el Partido Popular. Una de las voces más vehementes fue Carlos Iturgaiz.

A preguntas de EL ESPAÑOL, el presidente popular en el País Vasco, explicaba que el problema es que «Urkullu es un presidente entre 17… ¿qué opinan los 12 en los que gobierna el PP? ¿Qué opinan Adrián Barbón, en Asturias, o Emiliano García-Page, en Castilla-La Mancha? Yo no los veo comprando la idea de la desigualdad entre españoles que plantean siempre los nacionalistas: si quieren reformar la Constitución que reúnan una mayoría».

«Todos decidimos lo de todos»

«¿Cómo pretende nadie convocar una especia de parlamento constituyente fuera del Parlamento?», se pregunta uno miembro del Gobierno en funciones. «Eso es tratar de soslayar la realidad, que en España somos diversos, y todos contamos para decidir lo de todos… para eso están las Cortes Generales«.

Según el planteamiento de este ministro, las «buenas palabras» de Urkullu, es decir, su negativa a «reformar la Constitución», pasan por retorcerla. «Y si convocas una convención, o como lo quieras llamar, para un objetivo al que no parecen dispuesta una gran parte de los ciudadanos ni de sus representantes… ¿quién va a ir a esa convención, y con qué legitimidad va a trabajar?«.

En conversación con este diario, estos dos miembros del gabinete en funciones de Sánchez calificaron la idea de «una manera de llamar la atención, para que no todo se centre en las reivindicaciones de los catalanes».

Es decir, un modo de ponerle precio a las negociaciones que del PSOE, para que no dé por seguros los votos del PNV y deje de centrarse tanto en Junts y ERC, ofreciendo el estudio de una eventual ley de amnistía al procés que facilite la reelección del actual presidente en funciones.

«Me recuerda al plan Ibarretxe«, añadía uno de ellos. «Habría que ver si ésta es la posición del lehendakari o la de todo el PNV. Porque recuerdo que a Ibarretxe, la ejecutiva del partido lo acompañó en bloque… pero para enseñarle la puerta de salida«. En opinión de ambos ministros, «es una idea que se agradece, como todas, pero parece más original que practicable».

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