José María Vera, director ejecutivo de Unicef España, apuesta por ampliar los procesos de rendición de cuentas sobre la acogida de niños y adolescentes migrantes llegados a Canarias y alerta sobre la falta de datos oficiales. Vera considera que el reparto de menores no puede quedar bloqueado y apunta que si la solidaridad interterritorial no funciona, habría que considerar la obligatoriedad.
¿Cómo valora el trabajo de Canarias con respecto a la acogida de los niños y adolescentes migrantes que han llegado sin el respaldo de un adulto?
Hay retos notables. Las llegadas se han frenado ahora, pero en las semanas anteriores el número ha sido muy alto y el sistema de protección, tanto de primera atención como de protección a la infancia, se ha enfrentado a desafíos significativos para acogerlos en condiciones adecuadas. Quiero dejar claro que esta no es una responsabilidad única del Gobierno de Canarias, es una responsabilidad compartida con el Gobierno central y con las comunidades autónomas.
¿Cuáles son esos retos?
Hay una escasez de datos oficiales públicos y faltan mecanismos de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el número exacto? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es el tratamiento? Falta interacción con las organizaciones y, en general, con la opinión pública, para que pueda tener una información lo más completa posible, no solo saber el número de niños y niñas. También hay retos en la primera atención a su llegada, sobre todo en la identificación y determinación de edad. Hay adolescentes que no han sido identificados correctamente y en lo que se tramita el proceso de determinación de edad se les ha enviado a centros de adultos.
¿Habría que redimensionar el sistema de acogida de menores de España?
Sí, no solo el de Canarias. Pero también haría falta poner en marcha los mecanismos que ya están acordados. El principal es la derivación de los niños, niñas y adolescentes desde Canarias a otras comunidades autónomas, que tenía unos objetivos para 2022 y 2023 y que no se han cumplido. En nuestra opinión, no se han logrado por responsabilidades de todos los actores implicados. El trámite ha sido lento y algunas comunidades autónomas han tenido dificultades, unas por falta de plazas y otras por falta de músculo para gestionar las derivaciones. El reparto no puede quedarse en un bloqueo administrativo y que la mayoría de los niños se terminen quedando en Canarias. Hay que darle una vuelta de tuerca y ver de qué manera funciona ese principio de solidaridad que está en la Constitución. Y, si no funciona, hay que considerar la posibilidad de hacerlo obligatorio.
¿Qué cantidad de niños y adolescentes migrantes sería asumible por el país?
No me atrevo a dar una cifra. Pero somos un Estado de 48 millones de personas, con capacidad institucional, tanto de las administraciones públicas como en la sociedad civil, y capacidad económica. Actualmente, hay unos 4.500 niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección de Canarias, lo que es un número significativo. Pero no hablamos de decenas de miles de niños, como ocurre en Jordania, Líbano, Sudán o Uganda, donde reciben a cientos de miles de refugiados.
¿Qué importancia tiene dar una acogida de calidad a los menores de cara a su futuro?
Es absolutamente crítico. En ello está la diferencia entre un camino de dignidad, derechos y oportunidades, y un camino de problemas de salud mental, dificultades educativas y precariedad laboral. La construcción de una vida digna y de contribución a la sociedad empieza en el muelle, en la primera acogida, en el tratamiento individual del sistema de protección, que no solo protege, sino que acoge y ayuda en todo el recorrido hacia la vida adulta. Además, hay que buscar por todos los medios cualquier tipo de reagrupación familiar y si es posible el acogimiento familiar. Tiene que primera siempre el interés superior de cada menor.
¿Les preocupa el incremento de niños en la ruta canaria?
Nos preocupa y nos duele. Es una ruta infernal y de muerte. Tienen que abrirse vías legales y seguras. Arrojarse al mar no puede ser el único camino para los niños, porque cada vez se alzan muros mayores.
¿Qué se puede hacer para que los procedimientos de determinación de edad sean más ágiles?
Por una parte, creemos que no hay que mandar a tantos niños a la determinación de edad, porque hay casos en los que sería suficiente con lo que se percibe y la documentación. Y, por otra parte, es necesario mejorar los recursos de las fiscalías, la Policía Nacional y los institutos forenses, para que las pruebas sean mucho más ágiles.
¿Apuesta por el modelo del acogimiento familiar?
Sí, creemos que se debe incentivar y que todavía se está usando poco. Tiene que difundirse más para que la información llegue a las familias interesadas.
¿Cómo se puede luchar contra los mensajes que lanza la extrema derecha en contra de los menores migrantes?
Lo primero es que es una cuestión de derecho internacional y cualquier país del mundo tiene la obligación de acoger y proteger a los menores que llegan a sus fronteras. Además, hay que considerar que es una cuestión de humanidad. ¿Cómo no se va a acoger y proteger a un niño que llega a nuestras orillas? ¿En qué corazón cabe esa posibilidad? Por otro lado, con los datos en la mano, no es verdad ese mensaje que se intentan transmitir de que todos acaban siendo delincuentes. Estamos hablando de niños. Hay que acercarse a las historias, porque se les deshumaniza cuando se les encaja en una categoría y son solo un número. Así es más fácil caer en esos mensajes.
¿Qué le parece el pacto europeo de migración y asilo?
No podemos hacer una valoración, porque no tenemos todos los detalles técnicos, pero creemos que tendrían que haber introducido más protección para la infancia y la adolescencia. Se queda corto en relación con la identificación de vulnerabilidades, como las víctimas de violencia, abuso o explotación. También introducen algunas excepciones para el derecho de asilo que ponen en peligro este derecho fundamental para los niños y niñas.
