Un guardia civil del puesto de Ejea de los Caballeros –José Antonio R. M.– y su esposa –María José C.– se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza por, supuestamente, falsear un atestado en el que se denunciaba el presunto robo del móvil de la cónyuge para cobrar así la correspondiente indemnización (800 euros) de la compañía de seguros. Tanto es así que el terminal continuó registrando el mismo flujo de llamadas entradas y salientes, de tal modo que la acusada «ya estaba utilizando ese teléfono» tan solo un día después del hurto. «Tampoco es habitual que no se diera conocimiento a la Policía Judicial para la investigación de este robo. El atestado quedó archivado», resumió un agente del destacamento.
Muy contundente se mostró este guardia civil a la hora de pormenorizar ciertos detalles en la actuación de su compañero que, a su juicio, no se pueden pasar por alto. Primero, porque «no es una práctica habitual» incluir en la denuncia un pantallazo de una página web en el que se aprecia el precio del móvil –«lo normal es incluir el tícket de compra», aclaró este–; segundo, porque no se solicitó «el apoyo de patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local» cuando se tuvo conocimiento de la consumación del delito y, tercero, porque fue el mismo acusado quien redactó la citada denuncia.
Pero hay un factor clave en la investigación de la Guardia Civil que les permite inferir que la escena relatada solo formaba parte de una argucia: el móvil de María José C. ya se encontraba activo pocas horas después de que ella misma denunciara su robo. «El flujo de llamadas era el mismo que el de antes del robo, es decir, había estado en posesión de la misma persona que había denunciado que lo habían sustraído. No cabía interpretar otra cosa», añadió este mismo agente. «Tanto el 13 como días posteriores ya se estaba utilizando este teléfono», añadió quien por entonces era el jefe interino de la Policía Judicial. Fue este quien comprobó la existencia de «una serie de datos anómalos de los TIP que aparecían en atestado». A ello aludió un compañero del acusado en el puesto de Ejea de los Caballeros, quien recordó que José Antonio R. M. le instó a firmar el atestado «porque le parecía un poco sospechoso» que fuera él mismo quien lo firmara. Se negó.
Ambos acusados negaron la mayor ante el tribunal provincial de la Sección Tercera, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo. La mujer, por un lado, trató de justificar que encontró el móvil al día siguiente en un descampado y olvidó «cancelar» la solicitud de indemnización ante la compañía de seguros, que cobraron y que todavía no han devuelto. «Tenía la certeza de que sería ella quien diera aviso de eso», le ayudó su marido.
Por todo ello, el ministerio fiscal considera que ambos son autores, primero, de un delito de estafa por el que procede condenarles a dos años de cárcel y, segundo, de un delito de simulación de delito que incluye una multa de 2.400 euros a razón de ocho euros diarios durante diez meses. También imputa el ministerio público un delito de falsedad documental a José Antonio R. M. con una pena de cuatro años de cárcel, una multa de 4.800 euros a razón de ocho euros diarios por plazo de 20 meses y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones en el Instituto Armado. La defensa interesó la absolución de su representado con todos los pronunciamientos favorables.
