El lehendakari Iñigo Urkullu considera que el actual momento político «abre una nueva oportunidad» para avanzar en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo del autogobierno de Euskadi, «y en su caso Navarra y resto de comunidades históricas» sin necesidad de modificar la Constitución.
En una tribuna publicada en El País este jueves, Urkullu, que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la ronda de contactos para los apoyos a la investidura, propone una «convención constitucional» que permita pactar «una interpretación de la Constitución sobre aquello que no ha resuelto»: la cuestión territorial», y sin que haya modificación previa de la Carta Magna.
Urukullu explica que la figura de la «convención constitucional» es un recurso utilizado en la cultura política anglosajona y para su aplicación en España «no habría impedimento expreso».
Se trataría, dice, de una convención constitucional «limitada o específica» para actualizar la interpretación de la Constitución sobre la cuestión territorial. «No sería una fórmula mágica ni un camino expedito, pero podría abrir nuevas posibilidad de desarrollo futuro», subraya.
En opinión del lehendakari, esta iniciativa «novedosa y viable» plantea un doble pacto: un acuerdo de bases para la convocatoria y desarrollo de la convención sobre el autogobierno incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios y la bilateralidad y celebrar una convención en el plazo de un año para «analizar el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución, el autogobierno de las comunidades de raíz foral e incluso el de las nacionalidades históricas».
Urkullu entiende que ahora se abre la posibilidad de «evolucionar progresivamente» si bien es consciente de que el pacto «no se puede imponer al Estado».
«Las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, pero tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad», admite en el artículo.
