El Gobierno define el rescate de 168 migrantes en las costas frente a Mauritania como un acto “heroico” de salvamento de la Guardia Civil. Alega que devolverlos como se ha hecho este jueves a Senegal, su país de origen, era la mejor de las opciones: primero, porque la situación en el buque era desesperada y totalmente inapropiada para un viaje de varios días a Canarias. Segundo, porque esto habría creado un “efecto llamada” y reabierto la ruta de inmigración de los cayucos, alegan en conversación con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes del Ejecutivo.
Las ONG de defensa de los derechos de los migrantes, sin embargo, lo ven como una devolución en masa que incumple los requisitos mínimos que impone el derecho humanitario internacional. Alegan que se les debería haber consultado su situación y ofrecido la opción de pedir protección si cumplían con las condiciones. “Podríamos estar ante una devolución prohibida por el protocolo cuatro del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, argumenta para este diario Elena Muñoz, coordinadora del departamento jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Considera también que se deberían haber puesto los medios para ver si había personas vulnerables. Fuentes diplomáticas esgrimen: “Asilo en la patrullera no pueden pedir. Pueden pedir protección internacional, pero no se puede dar sin ver caso a caso”.
Envueltos en este rescate humanitario con final polémico están el Ministerio de Interior y el de Exteriores, que mediaron con Senegal y Mauritania y fraguaron de forma conjunta un acuerdo para devolverlos al primer país, según fuentes diplomáticas. Todo después de que, por sorpresa, Mauritania rechazara el desembarco, rompiendo con la práctica habitual de los últimos años y chocando con el espíritu de los acuerdos que tiene con España.
Este episodio destapa un temor a medio plazo en el Gobierno español. Mauritania es uno de los principales aliados africanos en la lucha contra la migración irregular. Se teme que se aleje de los acuerdos, especialmente mientras el África Occidental sucumbe a una oleada de golpes de Estado (Níger ahora, antes Malí y Burkina Faso) y protestas políticas que acaban en violencia (Senegal).
Rescate humanitario
Todo comenzó el pasado 24 de agosto. La patrullera Río Tajo de la Guardia Civil, que vigila las costas frente a Mauritania, rescató a 168 migrantes que habían salido en un cayuco desde Senegal a Canarias. Se buscó, como exige la ley del mar, el puerto seguro más cercano. Era el de Nuadibú, en Mauritania, un enclave tremendamente pobre rodeado de desierto. Allí fondeó el Río Tajo a la espera del visto bueno para el desembarco de las autoridades mauritanas. Pero algo había cambiado. El Gobierno de Nuakchot se negó a acogerlos.
La situación empezó a volverse insostenible y “de riesgo”, según Interior. Un buque de tan solo 43 metros de eslora en el que estaban cerca de 200 personas: además de los 168 migrantes, había 18 guardias civiles, cinco civiles de apoyo (como cocineros) y otras ocho personas que embarcaron como refuerzo. Entre otras, la comandante enfermera que consiguió mantener a todo el mundo sano, y luchó contra golpes de calor, deshidratación y desnutrición. En este contexto, prosiguen las mismas fuentes, se consiguió mantener la seguridad y el orden, pese a los enfrentamientos entre algunas de las personas a bordo. La tensión fue máxima cuando se enfrentaron partidarios y los detractores de empezar una huelga de hambre para exigir su traslado a Canarias. Los agentes españoles trataron de crear buen clima, por ejemplo, creando un sistema de turnos para llamar a sus familiares.
“Lo que teníamos claro es que no los íbamos a llevar a Canarias, para no generar ‘efecto llamada’”, dicen fuentes del Gobierno. En la memoria está la “crisis de los cayucos” de 2006, cuando llegaron a las costas de esas islas españolas más de 30.000 ciudadanos africanos. En los últimos años la evolución ha sido positiva: 55 embarcaciones llegaron a Canarias en 2021, y este año se han contabilizado cinco. A ello han ayudado las actuaciones contra las mafias que trafican con personas y las patrullas conjuntas de la Guardia Civil con gendarmes mauritanos.
Precisamente la ausencia de ese gendarme mauritano a bordo del Río Tajo ha sido la excusa utilizada por el Gobierno de Nuakchot para rechazar el desembarco de los senegaleses en su territorio. Pero hay algo más. Mauritania telegrafía que no quiere hacerse cargo del previsible flujo migratorio desde Senegal, el país vecino que sufre de la represión violenta de las protestas políticas por el encarcelamiento del jefe de la oposición. Han muerto alrededor de 30 personas.
España tiene un acuerdo de control de la migración con Mauritania que data de hace dos décadas. A cambio, ayuda directa al desarrollo, aunque el montante es escaso. En 2019, ascendió a 6,1 millones de euros, según datos de OXFAM. A esto se le suman decenas de millones más en proyectos de cooperación y desarrollo de la Unión Europea, en los que participa España. Según datos del Banco Africano de Desarrollo, España fue el sexto donante al país en el período 2019-2020.
Protestas de las ONG
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica duramente la devolución a Senegal. Argumentan que, al estar los migrantes en una patrullera española, se encuentran bajo jurisdicción de nuestro país y, por tanto, sujetos a los derechos que les da la legislación nacional y europea. “El convenio europeo no recoge el derecho de asilo en esa situación, pero sí prohíbe las devoluciones colectivas, en particular la prohibición de devolver a una persona a un lugar pueda ser sometida a torturas o tratos degradantes o inhumanos”, explica Elena Muñoz, de CEAR. “Para ello, hay que cumplir unos requisitos que, hasta donde sabemos, no se han cumplido: realizar un examen individualizado de su situación, con asesores legales y traductores; informar a esas personas de sus opciones; y determinar quiénes están en situación de vulnerabilidad, de posible trata o merecen protección internacional”.
Si alguno de los inmigrantes hubiera solicitado asilo, la Guardia Civil no es la autoridad competente para decidirlo, pero sí debería informar de este hecho a Madrid, dicen. “No hay duda de que estamos ante una situación de personas sometidas a jurisdicción española”, concluye Muñoz.
El caso recuerda al del Marine 1 de 2007. Fue el primer buque de gran tonelaje con 396 inmigrantes irregulares a bordo. Mauritania rechazó entonces el desembarco en Nuadibú. Tras una larga disputa diplomática entre Mauritania y España, finalmente se permitió. Metieron a los migrantes en unas naves, se permitió a ACNUR acceder a ellos y, a pesar de las malas condiciones, algunas personas fueron trasladadas a España. La mayoría de ellos, sin embargo, fueron repatriados progresivamente a sus países de origen.
