Hace semanas que los agentes medioambientales de Castilla y León aparecen puntualmente allí donde se espere al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, a las puertas de cada acto, en cualquier provincia de la Comunidad, para recibirle con sempiterna paciencia, pancartas y reclamaciones; algo así como la ‘gota malaya’ del sector forestal en la Comunidad.
Estos trabajadores, alrededor de 800 en el territorio castellano y leonés, han decidido ir sumando ficha a ficha en el dominó de la protesta ante lo que consideran “falta de negociación por parte de la Consejería”, respaldados por las centrales sindicales en pleno —CCOO, CSIF, UGT y USCAL-APAMCYL— y contra la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
Carta a los Reyes Magos
La última protesta ha tenido lugar durante la inauguración de la estación de autobuses de León, frente a la que han abordado a Quiñones para entregarle su carta a los Reyes Magos en la que se quejan de que hace más de cinco meses que no se ha convocado a los representantes del colectivo para negociar la modificación del decreto de guardias de incendios forestales ni la propuesta que, señalan, va a eliminar más de 70 plazas, “consolidando la escasez de efectivos ya existente”.
En la carta a Sus Majestades inciden en que “a pesar de dar el mejor servicio público a los ciudadanos defendiendo el medio ambiente”, la Consejería se niega a escucharlos. El pasado 21 de noviembre, recuerdan, más de 600 trabajadores se concentraron ante las Cortes de Castilla y León, si bien, en la reunión mantenida posteriormente, el día 27, aseguran, Quiñones afirmó desconocer las reivindicaciones del colectivo, “a pesar de que todas las centrales sindicales le han enviado diferentes propuestas y que durante las movilizaciones realizadas por el colectivo el consejero afirmaba que ya se estaba negociando una solución”.
Quiñones responde
Desde la Consejería se enmarca el proceso de reestructuración del colectivo en otro, global, que afecta a toda la administración, cuyos criterios, señala, son crear “todos los nuevos puestos de trabajo que sean necesarios” y amortizar, por el contrario, “aquellos que hayan devenido obsoletos, innecesarios, duplicados, etc”.
Descendiendo en la aplicación de ese criterio general a lo que concierne a los agentes, la Consejería entiende que cada uno de los nueve servicios territoriales debe hacer su propia evaluación de qué nuevos puestos son necesarios y cuáles no lo son.
En este sentido, destaca que todos los puestos que se amortizan estaban vacantes antes del comienzo del proceso, lo que considera “una señal de que su necesidad o importancia no era desde luego de primer nivel”, de modo que, añade, “cada puesto que se amortiza permite crear otro donde sí es necesario”.
La Consejería pone como ejemplos el hecho de que se amorticen 21 puestos de agentes forestales y otros dos de agentes forestales especialistas, “puestos pertenecientes a un cuerpo a extinguir, que ya no existe legalmente”, afirma, así como seis puestos de jefes de comarca, que se compensan con otros o estaban duplicados.
“El objetivo”, concluye Medio Ambiente, “es establecer una planta de agentes medioambientales no inferior al máximo histórico de ocupación de esta, pero adecuada en distribución a las necesidades actuales”.
Sobre otra de las reivindicaciones de los agentes, que se les reconozca carácter de policía judicial, la Consejería se remite a un informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de febrero de 2021 que señala que los AAMM no pueden encuadrarse como policía judicial, en el sentido estricto previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, pues esta posibilidad queda restringida a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
El informe aclara que la condición de policía judicial genérica es una institución procesal penal que se limita a otorgar validez procesal a ciertos actos de investigación, y así las actuaciones de investigación administrativa que desarrollan los agentes medioambientales pueden ser incorporadas al proceso penal.
Sin embargo, insiste, de ello no se deriva la ampliación de su competencia objetiva ni de su estatus subjetivo y, en consecuencia, no pueden ejercer las funciones reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
