El presupuesto de licitación de este contrato técnico asciende a 4.809.241 euros (IVA incluido), según confirman desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, dirigida por la popular Salomé Pradas. Con esta licitación, desde la conselleria consideran que se da un paso más en el proceso para iniciar estas obras en 2024. Este concurso se suma al del proyecto constructivo, que salió a licitación a mediados de marzo -con el Botànic al frente de la Generalitat- y que desde el verano está pendiente de adjudicación. Este concurso está en «stand by» finales de julio, cuando se conocieron las ofertas económicas de de los diez licitadores. Las obras, según la conselleria, se adjudicarán cuando se desatasque la cesión de los terrenos.
Con ese objetivo, este jueves se vuelven a ver las caras las administraciones implicadas. Será la segunda reunión en apenas un mes. Con buena voluntad de las partes, pero sin acuerdos concretos sobre los asuntos pendientes. Así finalizó el encuentro a tres bandas para intentar desbloquear la construcción de la estación intermodal del TRAM, que se celebró el pasado 8 de noviembre en Madrid y en la que estuvieron presentes representantes tanto de Adif (Administrador de infraestructuras ferroviarias), de la Generalitat Valenciana (a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio) y del Ayuntamiento de Alicante, además de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).
En esa reunión, la primera tras el cambio de color político al frente del Consell, no permitió llegar a puntos de acuerdo sobre las subsanaciones planteadas por la conselleria en el intercambio del borrador del convenio: no se puso fecha concreta a la cesión de los terrenos ni tampoco se concretó la renuncia de Adif al cobro de un posible canon por la cesión de los terrenos. Eso sí, todas las partes destacaron la voluntad de acuerdo.
Adif puso de manifiesto «la necesidad de establecer una hoja de ruta que defina claramente los pasos a dar por todas las partes, con el objetivo de que el proyecto del ejecutivo autonómico resulte viable y se pueda materializar lo antes posible«. Esa planificación «puede definirse a través de un protocolo (que sería la fórmula elegida inicialmente por la Generalitat) o de los instrumentos que se acuerden tendría por objetivo facilitar la ocupación de los suelos de Adif afectados por la estación tranviaria, de forma compatible con el funcionamiento de la estación ferroviaria». Y es que según resaltaron desde Adif se trata de una actuación «compleja, tanto desde el punto de vista patrimonial como técnico, dada la proximidad del proyecto de la Generalitat a la línea férrea y su afección a distintas instalaciones de Adif«.
El proyecto, tal y como recuerdan desde la entidad pública empresarial adscrita al ministerio ahora liderado por Óscar Puente, deberá someterse al proceso de «autorización administrativa prevista en la Ley del Sector Ferroviario, en la que se regularían las afecciones a instalaciones ferroviarias y al aparcamiento de la estación y sus accesos, que se verían ocupados con las obras, así como las situaciones provisionales».
Asimismo, «la obtención final de los suelos por parte de la administración autonómica debe realizarse siempre de acuerdo con lo que al respecto plantea la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas«. Es decir, habría dos alternativas posibles sobre la mesa: la expropiación o la compra directa previa desafectación o por la vía urbanística, en ejecución del planeamiento (OI/2, la operación integral que debe desarrollar la intermodalidad y el futuro Parque Central) con su cesión gratuita y obligatoria a la Generalitat a cambio del reconocimiento a Adif de los correspondientes aprovechamientos urbanísticos, que se materializarían en otra ubicación.
Desde la entidad estatal insistieron en la reunión de hace un mes en que, con el «objetivo de acelerar y facilitar el desarrollo del proyecto planteado por la administración autonómica«, se ha ofrecido desde el inicio de las conversaciones que «en tanto se obtiene la propiedad se pondrá a disposición de la Generalitat, con carácter inmediato a la autorización de las obras, los terrenos necesarios para la ejecución de las mismas, mediante los instrumentos que contempla la legislación vigente en función de su naturaleza demanial o patrimonial». Eso sí, sin las fechas concretas que reclama Generalitat para desbloquear el proyecto.
Tras ese encuentro, desde la conselleria dirigida por Pradas destacaron que se avanzó «en el contenido sobre el convenio que ha de establecer las bases para ejecutar las obras de la futura estación intermodal de TRAM», eso sí, admitiendo que «hay cuestiones que siguen pendientes de resolver«, en alusión a las fechas concretas para la cesión de los terrenos, así como cuestiones económicas como el posible canon.
La conselleria en ese encuentro reclamó, tal y como hizo en el escrito remitido a Adif a finales de octubre como subsanaciones, «establecer un plazo concreto para la cesión de los terrenos y disponer sin necesidad de hacer frente a contraprestación económica a favor del Estado». Además, trasladó a Adif la necesidad de «no supeditar este acuerdo a decisiones urbanísticas futuras, que deben ser independientes a la ejecución del gran intercambiador«.
Esta semana, en su intervención en el Foro Cívica, organizado por el Grupo Cívica y el Club INFORMACIÓN, la consellera destacó que su departamento sigue en conversaciones con Adif para la cesión gratuita de los terrenos en los que se construirá la estación intermodal del TRAM en Alicante. En este sentido, anunció la reunión prevista para este jueves, de la que dijo que espera que salga «un acuerdo razonable».
