La consellera de Hacienda, Ruth Merino, debutó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde los máximos responsables de las cajas públicas discuten sobre los principales asuntos financieros y fiscales con el Gobierno. Repitió Arcadi España, que acudió el año pasado como conseller del Botànic y, ayer, como secretario de Estado de Política Territorial.
La Comunitat Valenciana recibirá del sistema de financiación autonómica (SFA) 15.254 millones de euros durante el próximo ejercicio, un 13,4 % más que el año previo pero 263 millones menos de los previstos por la Generalitat en sus presupuestos, que el Ejecutivo de Carlos Mazón tuvo que elaborar sin conocer estas cifras por la interinidad del Ejecutivo tras el 23-J. La cifra fue trasladada por el Ejecutivo central a todos los gobiernos autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado ayer en Madrid, en el que también se oficializó el retorno de las reglas de gasto tras tres años de paréntesis por la pandemia y la guerra.
Como estaba previsto, el Gobierno fijó un déficit para las administraciones autonómicas del 0,1 % del PIB, tal como avanzó el Gobierno ante la Unión Europea. La Comunitat Valenciana y todas las autonomías controladas por el PP votaron en contra, alegando que el reparto del desvío es injusto, ya que el Estado se reserva el 2,9 % de ese déficit —ha comprometido un 3 % a la UE—, y reclamaron mantener el 0,3 % actual.
Ese nuevo límite puede comportar recortes para la Generalitat, que en sus cuentas de 2024 ignoró ese plan presupuestario enviado a la UE y reflejó un déficit del 0,3 % —el vigente en 2023— en lugar del 0,1 %. No fue un error sino un órdago, ya que el Consell conocía el plan de estabilidad enviado por el Gobierno a la UE y optó por lanzar un pulso al Ejecutivo, triplicando el desfase permitido entre ingresos y gastos. Esto generó un colchón de unos 290 millones extra en gastos que ahora quedan en el alero.
Pese a que todos los territorios controlados por el PP votaron en contra y solo Asturias y Castilla-La Mancha —únicas gobernadas por la izquierda— respaldaron la senda de estabilidad, la iniciativa saldrá adelante en el Consejo de Ministros de hoy.
El PP, sin embargo, ha deslizado la posibilidad de frenar su aprobación en el Senado, algo que según dijo la ministra María Jesús Montero podría ser contraproducente ya que en ese caso prevalecería en plan original, que estipula el equilibrio presupuestario (0 % de déficit) y no la décima que se concedió ayer a las autonomías. En el caso de la Generalitat, supondría otros 144 millones más a ajustar, elevando el total por encima de los 430 millones.
Según informó la Conselleria de Hacienda, muy molesta con el ministerio por no abordar la reforma del sistema, la Generalitat contará el próximo año con 12.555 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y con 2.699 millones por la liquidación definitiva del ejercicio 2022. La Conselleria de Hacienda solicitó al ministerio una «aclaración sobre el cálculo de estas cantidades», al existir en el caso de la Comunitat Valenciana «una diferencia con las estimaciones de la Airef».
El Consell tuvo que dibujar sus presupuestos sin conocer los recursos que le llegarían del SFA. Se basó en el informe de la autoridad fiscal independiente, que calculó que la Comunitat Valenciana recibiría 15.517 millones por esta vía (12.798 millones por las entregas a cuenta y 2.719 por la liquidación). Ahora, con las cifras del ministerio en la mano, se abre otro agujero de 263 millones de euros para la Generalitat, en este caso en el apartado de ingresos. Entre el desfase del déficit y de los recursos del SFA suman casi 550 millones de desvío.
La reforma queda lejana
Al margen de los puntos del orden del día, la cita estaba marcada por las demandas de reformar el sistema, donde la Comunidad volvió a llevar la voz cantante, y por la quita de la deuda pactada con Cataluña. Montero constató que las posiciones entre territorios son «contradictorias» para esa reforma y emplazó a PSOE y PP a negociar «saliendo de la posición de máximos» y desde el pragmatismo.
Sin embargó, enfrió la posibilidad de un fondo de nivelación hasta que se consensúe la modificación del sistema, algo que dejó en manos del Congreso (donde el acuerdo PSOE-Sumar sí lo recoge como exigencia de Compromís). Merino pidió «valentía» para impulsarlo.
Sobre la quita de la deuda, confirmó que será extensible a todas las autonomías, acogidas al FLA o no, y que se calculará de forma objetiva midiendo el impacto de la crisis de 2008. Esto comportaría unos 10.000 millones de quita para la Comunidad, según Fedea, y obviaría la parte provocada por el maltrato singular que sufre la autonomía, unos 18.000 millones adicionales según el IVIE.
