La histórica patronal catalana, Foment del Treball, promete seguir haciendo durante 2024 de las bajadas de impuestos su bandera. El presidente de esta organización empresarial con 252 años de historia, Josep Sánchez Llibre, avanza a EL PERIÓDICO que llevará si hace falta su impugnación contra el impuesto de patrimonio hasta el TEDH. También confía en que el decisivo peso en el Congreso de partidos como PNV o Junts durante esta legislatura rebaje el alcance de medidas como la disminución de la semana laboral a 37,5 horas.
¿Cómo ve la economía catalana?
No vamos hacia el precipicio ni mucho menos, soy optimista, pero todas las previsiones nos indican que vamos hacia una desaceleración. Hay una gran incertidumbre debido a las guerras en Oriente Medio y Ucrania. Por ello, son muy importantes los planteamientos presupuestarios que hagan tanto el nuevo Gobierno como la Generalitat. Les pedimos rigor, que corrijan el déficit público y rebajen la deuda.
¿Qué medidas le pide al nuevo Gobierno?
Políticas que promuevan la actividad económica, como medidas fiscales que incentiven la inversión privada para así crear empleos de alta calidad e indefinidos. Así reforzaríamos la cohesión social y disminuiríamos las desigualdades sociales.
¿Qué tipo de medidas fiscales son esas?
Desactivar las subidas de impuestos a la banca o las empresas energéticas. Si bien en su momento podía ser entendible que quien más ganara, más contribuyera, aunque nosotros desde Foment no lo compartíamos, ahora no tiene sentido. También sería positivo que el Gobierno se adelantara al fallo del Tribunal Constitucional [donde Foment ha impulsado un recurso] y suprimiera el impuesto de patrimonio, que es confiscatorio. Sería una buena declaración de intenciones si Sánchez quiere promover durante esta legislatura una política económica ‘business friendly’.
En resumen, reducir impuestos
No solo reducir impuestos, sino darles un trato diferente. La mayoría de empresas familiares, muchas de ellas pequeñas, no reparten nunca dividendos ya que los reinvierten. Y los beneficios reinvertidos deberían cotizar menos. También plantear la liberdad de amortizaciones, con los límites que podamos acordar. Todo eso genera riqueza y buenos puestos de trabajo.
Pide al Gobierno que reduzca el déficit y la deuda, a la vez que baje los impuestos, lo que implica menos ingresos. ¿Cómo se pueden compatibilizar ambas cosas?
Racionalizando sus gastos. La CEOE tiene un informe que cuantifica en 60.000 millones de euros de ahorro si las administraciones redujeran duplicidades y mejoraran su eficiencia en el gasto público. Y persiguiendo la economía sumergida, que algunos organismos cifran en el equivalente al 25% del PIB. Para quienes pagamos impuestos esto no es serio.
¿Le está pidiendo más inspectores de Hacienda al Gobierno?
Más inspectores y sobre todo voluntad política. Hacienda tiene una potencia informática que no tiene ninguna empresa privada y puede saber perfectamente qué hace todo el mundo con su dinero. Yo no he visto ni por parte del PP ni del PSOE ni siquiera un reconocimiento de que existe una economía sumergida. Y a partir de ahí, que el Gobierno ponga todos los mecanismos para aflorarla.
Volviendo a sus reivindicaciones de rebajas fiscales, ¿vamos a una legislatura de competencia a la baja entre comunidades autónomas?
Si el Gobierno pusiera las luces largas eliminaría el impuesto de patrimonio para todos y así no habría guerra fiscal entre autonomías. Foment del Treball ha planteado una lucha sin cuartel contra el impuesto de patrimonio y no pararemos hasta que desaparezca de la legislación española. Si el Tribunal Constitucional no nos da la razón y lo declara ilegal, que estamos seguros que lo hará, llevaríamos el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Otra opción para acabar con la competencia fiscal sería que lo pagaran todos los ciudadanos
No tiene lógica, no existe en ningún sitio más del mundo y encima recauda poco y siempre pagan los mismos.
Hablando de competencia entre territorios, uno de los acuerdos de investidura es que el Gobierno promueva el regreso de las sedes empresariales a Catalunya que se fueron tras el referéndum del 1-O. Una de sus promesas electorales cuando entró a Foment ¿Cómo debería proceder el Gobierno?
No debe haber ni medidas coercitivas para que vuelvan, ni tampoco incentivos. Las empresas volverán cuando realmente se den las condiciones políticas y económicas idóneas. Lo que pasa por normalizar plenamente la relación entre el Gobierno y la Generalitat y que quede descartada plenamente una declaración unilateral de independencia.
¿No se dan ahora esas condiciones?
La prueba de que no es así es que ninguna de las empresas que cambiaron su sede ha vuelto. El clima de entendimiento desde que yo llegué en 2018 a la presidencia de Foment ha mejorado ostensiblemente. Y para el final de esta legislatura entiendo que se darán todas las condiciones para que las empresas vuelvan. Normalidad económica hay.
¿Y normalidad política?
En su momento aplaudimos la mesa de diálogo que promovió ERC y ahora tendremos dos mesas de diálogo con la de Junts. Eso es positivo. No obstante, también es importante que para que vuelvan que la Generalitat aplique una política ‘business friendly’. Y una manera sería bonificar el impuesto más ilegal, confiscatorio e injusto que es el impuesto de patrimonio.
Es decir, ¿si Catalunya tuviera una política fiscal más parecida a Madrid sería más fácil que volvieran las sedes?
Sí, si tuviéramos una política fiscal como la de Madrid o como la de Valencia eso hace más atractivo que volvieran las empresas y sus directivos.
Habla de la necesidad de normalizar relaciones, ¿la amnistía ayuda?
De la amnistía no haré ninguna declaración, ni positiva ni negativa. Foment es la casa grande de los empresarios catalanes y no nos queremos poner en consideraciones políticas, solo en cuestiones económicas.
En su momento Antonio Garamendi [presidente de la CEOE] aplaudió los indultos si servían para normalizar las relaciones
La CEOE hizo un comunicado en el que en ningún momento se pronunció sobre la amnistía…
No explícitamente, pero sí implícitamente
Como Foment reivindicamos dentro de la CEOE que debíamos pronunciarnos sobre lo que más preocupa a los empresarios. Como el pacto entre el PSOE y Sumar, claramente intervencionista en la economía del país. Nos preocupa mucho que hayan acordado bajar por ley la jornada laboral a 37,5 horas a la semana.
Al margen de las formas, ¿tienen margen las empresas para aplicar esa rebaja?
No debemos hablar de rebajar la jornada, sino de reordenarla. Hemos demostrado vía negociación colectiva que en muchos sectores ya se puede trabajar menos de 37 horas y media a la semana. Es desde el diálogo social donde debemos determinar dónde se puede trabajar menos, dónde no y dónde es mejor organizarse de otra manera.
Entonces, si se acaba aprobando tampoco obligará a cerrar miles de empresas
No se producirá. Desde el principio dije que eso era puro programa electoral. El peso parlamentario de PNV y Junts en esta legislatura es un factor positivo, de pragmatismo y que puede provocar un cambio de actitud en el presidente del Gobierno. Estoy convencidísimo de que entre unos y otros conseguirán esa política económica equilibrada que perseguimos los empresarios.
